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Entra en vigor el reglamento de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión

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guia autonomos 2023

El decreto del reglamento de la Ley de Renta Valenciana de Inclusión elaborada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha entrado en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El texto normativo desarrolla aspectos concretos de la normativa y el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir esta prestación que se rige por los criterios de simplificación, coordinación interadministrativa e interdepartamental y gestión telemática.

Asimismo, regula las modalidades de la renta valenciana de inclusión y sus complementos, las personas titulares, requisitos y obligaciones, establece las cuantías y su cálculo así como el procedimiento de concesión de la Renta.
También regula los criterios e indicadores que permiten a los servicios sociales municipales llevar a cabo la labor que la ley les encomienda, y aplicar de manera homogénea y personalizada los instrumentos de inclusión social.
Además, regula los órganos de coordinación y participación y los plazos de aplicación a los procedimientos en el primer año de funcionamiento de la norma.

La renta valenciana de inclusión, que sustituye a la renta garantizada de ciudadanía, incluye mejoras como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática.

En concreto, este año se ponen en marcha dos de las cuatro modalidades de estas ayudas, la renta de garantía de ingresos mínimos, para los que no quieren someterse al plan de integración sociolaboral previsto por los técnicos de los servicios sociales; y la de inclusión social para los demandantes que sí acepten el plan de integración planteado por los especialistas para su inclusión social y búsqueda de empleo.
Con esta normativa, el Consell convierte la renta en un instrumento unificado que permite a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza.

En este sentido, el reglamento prevé la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción, y una renovación cada 3 años y además, será necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses anteriores, exigiendo únicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma.
Además, contempla que la prestación económica prevista en la ley podrá ampliarse hasta en un 25% adicional para cubrir los gastos derivados de la vivienda, en el caso de que ésta sea residencia habitual, y del consumo energético.

También introduce novedades significativas como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.
Pueden solicitar esta nueva ayuda a través de los servicios sociales municipales, todas las personas que carezcan de recursos económicos y que acrediten su residencia efectiva en algún municipio valenciano durante el último año, así como aquellas que hayan vivido en la Comunitat 5 años de los últimos 10.
La solicitud deberá presentarse según el modelo normalizado establecido por la Conselleria y que se encontrará a disposición de las personas interesadas en todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana e irá acompañada, en su caso, de la solicitud de Prestaciones Complementarias de ayuda a la vivienda y derechos energéticos reguladas en el decreto o también presentarse a través de la Sede Electrónica de la conselleria competente en materia de inclusión social

En cuanto al importe de la prestación, será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas. Cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25% en el caso de necesitar ayudas para vivienda y del 10% para la pobreza energética, con lo que las cuantías oscilarían entre los 643,91 y los 1.1011,86 euros.

Titulares de la renta
En líneas generales, para ser titulares de la renta, además del requisito de residencia, deben ser mayores de 25 años, pero también se contempla a los mayores de 18 años en los casos de que hayan tenido entre 1-2 años de alta en la seguridad social y tengan un hogar independiente anterior; estén en situación de dependencia o diversidad funcional, en situación de orfandad, o que hayan estado entre los 15 y los 17 años en el sistema de protección o de reeducación para personas menores de edad.

Igualmente, pueden ser titulares personas mayores de 16 años cuando tengan personas con diversidad funcional o dependencia a su cargo, que hayan sido víctimas de explotación sexual o trata, así como de violencia de género o intrafamiliar, o que estén participando en un programa de preparación para la vida independiente.

Comisión Técnica de Seguimiento
El reglamento normativo incluye la constitución de una Comisión Técnica de Seguimiento e Implementación de la Renta Valenciana de Inclusión en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, como órgano de coordinación para garantizar la máxima eficiencia y utilidad para la ciudadanía valenciana.
Entre las funciones de dicha comisión cabe destacar el seguimiento y la evaluación del desarrollo de la ley, incluyendo la valoración de los resultados y los objetivos conseguidos, formular observaciones y propuestas, emitir un informe de impacto de la ley, con carácter bienal, en el que se incluirán los perfiles de las personas perceptoras, los resultados de inclusión social e inserción laboral, así como la coordinación de los departamentos del Consell y de las distintas administraciones implicadas para garantizar la inclusión social.

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El PP carga contra Sánchez por la «ingeniería fiscal» de Borja Cabezón y exigen echarlo de la Ejecutiva del PSOE

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El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas contra Pedro Sánchez tras la publicación de informaciones sobre la presunta “ingeniería fiscal” del dirigente socialista Borja Cabezón. Según los populares, estas prácticas habrían permitido a Cabezón reducir el pago de impuestos mediante estructuras societarias opacas.

El PP ha pedido al presidente del Gobierno que retire a Cabezón de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, donde ocupa desde julio de 2025 el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización. La oposición argumenta que su permanencia en la dirección del partido es incompatible con los principios de transparencia que, según ellos, deberían regir en la política.

Acusaciones de evasión fiscal

La investigación apunta a que Borja Cabezón habría utilizado sociedades en el extranjero y testaferros para ocultar ingresos y disminuir su carga fiscal en España. Los populares señalan que estas prácticas no solo afectarían a la legalidad tributaria, sino también a la credibilidad y la ética en la gestión política.

Reacción del PP y presión política

Desde el PP se ha afirmado que Sánchez “ya está tardando” en tomar medidas y recuerdan que en el pasado el propio presidente defendía que quienes recurrieran a ingeniería fiscal para evadir impuestos no deberían ocupar cargos de responsabilidad en su partido. La formación conservadora también ha vinculado el caso con otros episodios de polémica interna del PSOE en los últimos meses, reforzando su mensaje sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en la dirección política.

Contexto político

El debate sobre la permanencia de Borja Cabezón en la Ejecutiva del PSOE ha abierto un nuevo frente para el Gobierno, justo en un momento en que la oposición busca cuestionar la gestión ética y fiscal de los dirigentes socialistas. Por su parte, el PSOE aún no ha emitido una declaración oficial sobre las peticiones del PP ni sobre la investigación periodística.

Resumen clave:

  • El PP exige a Pedro Sánchez que retire a Borja Cabezón de la Ejecutiva del PSOE.

  • Cabezón está acusado de utilizar estructuras empresariales y testaferros para evadir impuestos.

  • La oposición critica la falta de transparencia y pide medidas inmediatas por parte del presidente del Gobierno.

Este caso sigue siendo uno de los focos de tensión política entre el PSOE y el PP, con impacto directo en la imagen pública del Gobierno y de la Ejecutiva del partido socialista.

 

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