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Entra en vigor la nueva ley hipotecaria, ¿beneficia realmente a los clientes?

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¿Cómo cambiar la hipoteca de banco?

VALÈNCIA, 17 Jun.- Este lunes ha entrado en vigor la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, también conocida como la ley hipotecaria. Con esta normativa, los bancos tendrán la obligación de asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), lo que equivale a los primeros gastos de notaría, gestoría y riesgos. De este modo, los usuarios podrán ahorrarse una media de 500 o hasta 1.000 euros en sus gestiones.

Entre otras novedades que favorecen a la figura del cliente destaca la desaparición de las cláusulas suelo de las hipotécas y cambios en los desahucios. Las entidades no podrán proceder a menos que se hayan registrado doce cuotas impagadas en la primera mitad del plazo hipotecario o 15 en la segunda.

Del mismo modo, esta ley, aprobada este mes de febrero por el Congreso, busca proteger a los usuarios. Por ello, otorga mayor protagonismo a la figura del notario, que debe controlar la actuación de los bancos. Además, obliga a todas las entidades a informar de forma gratuita a los usuarios antes de firmar una hipoteca. Esta última medida contempla la realización de un ‘test de comprensión del ciudadano’ que corrobore que el cliente ha entendido todos los aspectos del futuro contrato.

 

¿Realmente beneficia a los clientes?

FACUA – Consumidores en Acción se ha mostrado en desacuerdo con la nueva ley hipotecaria, por considerar que «beneficia excesivamente a la banca en los impagos». Según esta organización española, la nueva normativa facilita el inicio de procedimientos de ejecución que derivarán en desahucios.

«Aunque la norma incorpora mejoras para los consumidores, especialmente en materia de transparencia, se ha desaprovechado una gran oportunidad para proteger los derechos de los usuarios que atraviesan problemas económicos que les impiden pagar las cuotas hipotecarias durante un periodo de tiempo», ha confirmado la entidad que vela por los derechos de los consumidores.

Además, FACUA ha asegurado que con la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario los bancos tienen la posibilidad de desahuciar a las familias que no puedan hacer frente a la dauda antes de que cuenten con una vivienda alternativa.

Otra de las peticiones de FACUA hace referencia a los conocidos fondos buitre. Según ha comentado la organización, tampoco se ha regulado un mecanismo para controlar la actividad de los fondos de titulización hipotecaria, por lo que los consumidores seguirán sin saber qué terceras entidades han podido hacerse cargo de su crédito y el coste que ha tenido el traspaso. En este sentido, la entidad reclama que «la legislación establezca como infracción el hecho de que los bancos no informen de ello a los usuarios».

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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