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Estas son las medidas propuestas por los pediatras para una vuelta al cole segura

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Ante la inminente apertura de los centros escolares y la situación epidemiológica actual, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha actualizado la propuesta de recomendaciones generales que ya elaboró en el mes de mayo en relación a la “Apertura gradual de las áreas de educación infanto-juvenil”, con el objetivo de “minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Este documento, de fecha 31 de agosto, puede consultarse íntegramente en la web de la AEP, donde también está disponible el documento “Recomendaciones para la reincorporación de niños crónicos a la escuela”, elaborado por las sociedades de especialidades pediátricas integradas en la AEP. Ante la situación actual, los pediatras reiteran la importancia de que los centros educativos sean rigurosos a la hora de cumplir con todas las medidas de seguridad propuestas, al tiempo que los padres han de ser responsables a la hora de llevar a sus hijos a la escuela si estos presentan algún síntoma, por leve que sea.

“Reconociendo la importancia de la experiencia vital asociada al modelo educacional tradicional basado en la asistencia a las aulas, es importante prever adecuadamente cómo y en qué condiciones debe producirse la vuelta a los colegios, y qué medidas son necesarias desde una visión de salud pública para garantizar la seguridad de los menores y minimizar el riesgo de transmisión”, asegura la doctora María José Mellado, presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP). “Es necesario considerar los costes sociales y económicos asociados con mantener las escuelas cerradas, que pueden fomentar un aumento en las desigualdades sociales”, explica.

Por su parte, el doctor Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la AEP para la Reapertura de la Escolarización, asegura que “la reincorporación presencial a los centros escolares se hace en cumplimiento del derecho que tienen los niños y los adolescentes al aprendizaje y a la socialización, como necesidades básicas para su desarrollo, contempladas por la Convención de los Derechos del Niño (CDN)”.

Con los conocimientos adquiridos desde el inicio de la epidemia de SARS-CoV-2, parece que los niños no son una población particularmente vulnerable a los efectos graves de la infección por COVID-19. Los casos de enfermedad pediátrica grave son infrecuentes y, con muy pocas excepciones, la mayoría de las infecciones transcurren de forma leve o incluso asintomática. Es importante destacar que “los niños parecen infectarse de forma similar a los adultos, suelen expresar de forma más leve los síntomas asociados a la infección y son una potencial fuente de transmisión a otros niños y adultos, aunque menos eficientes, especialmente los menores de 10 años”, explica la doctora Mellado.

Las recomendaciones de la AEP pretenden minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Sin embargo, “conviene recordar que no existe un riesgo cero”, matiza la doctora. Estas medidas han sido diseñadas con una visión de utilidad en salud pública y pueden ser difíciles de implementar en su totalidad en las diferentes escuelas, dependiendo de las particularidades de cada centro. “Somos conscientes de que su interpretación a la hora de ser puestas en marcha dependerá de los recursos disponibles y de la situación epidemiológica en la que se encuentre la zona donde esté la escuela”, concluye la presidente de la AEP.

El doctor Bassat confía en que estas medidas “bien implementadas” consigan que el curso escolar pueda desarrollarse dentro de una asidua asistencia por parte de los escolares y que la “vuelta al cole” transcurra, “dentro de lo posible y dadas las circunstancias, de manera normal”. Para ello, explica el coordinador del grupo de Reapertura de la Escolarización, es importante que “todos los agentes implicados -ya sean los centros o los padres- sean responsables, cada uno en la medida de sus posibilidades, y cumplan de forma rigurosa las medidas propuestas”.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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