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Estas son las medidas propuestas por los pediatras para una vuelta al cole segura

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Ante la inminente apertura de los centros escolares y la situación epidemiológica actual, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha actualizado la propuesta de recomendaciones generales que ya elaboró en el mes de mayo en relación a la “Apertura gradual de las áreas de educación infanto-juvenil”, con el objetivo de “minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Este documento, de fecha 31 de agosto, puede consultarse íntegramente en la web de la AEP, donde también está disponible el documento “Recomendaciones para la reincorporación de niños crónicos a la escuela”, elaborado por las sociedades de especialidades pediátricas integradas en la AEP. Ante la situación actual, los pediatras reiteran la importancia de que los centros educativos sean rigurosos a la hora de cumplir con todas las medidas de seguridad propuestas, al tiempo que los padres han de ser responsables a la hora de llevar a sus hijos a la escuela si estos presentan algún síntoma, por leve que sea.

“Reconociendo la importancia de la experiencia vital asociada al modelo educacional tradicional basado en la asistencia a las aulas, es importante prever adecuadamente cómo y en qué condiciones debe producirse la vuelta a los colegios, y qué medidas son necesarias desde una visión de salud pública para garantizar la seguridad de los menores y minimizar el riesgo de transmisión”, asegura la doctora María José Mellado, presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP). “Es necesario considerar los costes sociales y económicos asociados con mantener las escuelas cerradas, que pueden fomentar un aumento en las desigualdades sociales”, explica.

Por su parte, el doctor Quique Bassat, coordinador del Grupo de Trabajo de la AEP para la Reapertura de la Escolarización, asegura que “la reincorporación presencial a los centros escolares se hace en cumplimiento del derecho que tienen los niños y los adolescentes al aprendizaje y a la socialización, como necesidades básicas para su desarrollo, contempladas por la Convención de los Derechos del Niño (CDN)”.

Con los conocimientos adquiridos desde el inicio de la epidemia de SARS-CoV-2, parece que los niños no son una población particularmente vulnerable a los efectos graves de la infección por COVID-19. Los casos de enfermedad pediátrica grave son infrecuentes y, con muy pocas excepciones, la mayoría de las infecciones transcurren de forma leve o incluso asintomática. Es importante destacar que “los niños parecen infectarse de forma similar a los adultos, suelen expresar de forma más leve los síntomas asociados a la infección y son una potencial fuente de transmisión a otros niños y adultos, aunque menos eficientes, especialmente los menores de 10 años”, explica la doctora Mellado.

Las recomendaciones de la AEP pretenden minimizar el riesgo de transmisión del virus en las escuelas y la contención de la diseminación de la pandemia a partir de los escolares. Sin embargo, “conviene recordar que no existe un riesgo cero”, matiza la doctora. Estas medidas han sido diseñadas con una visión de utilidad en salud pública y pueden ser difíciles de implementar en su totalidad en las diferentes escuelas, dependiendo de las particularidades de cada centro. “Somos conscientes de que su interpretación a la hora de ser puestas en marcha dependerá de los recursos disponibles y de la situación epidemiológica en la que se encuentre la zona donde esté la escuela”, concluye la presidente de la AEP.

El doctor Bassat confía en que estas medidas “bien implementadas” consigan que el curso escolar pueda desarrollarse dentro de una asidua asistencia por parte de los escolares y que la “vuelta al cole” transcurra, “dentro de lo posible y dadas las circunstancias, de manera normal”. Para ello, explica el coordinador del grupo de Reapertura de la Escolarización, es importante que “todos los agentes implicados -ya sean los centros o los padres- sean responsables, cada uno en la medida de sus posibilidades, y cumplan de forma rigurosa las medidas propuestas”.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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