Fernando Simón ha comparecido este lunes para explicar las nuevas cifras de contagios y muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y la última semana. El director del CCAES ha valorado el aumento de casos en la curva epidemiológica tras un fin de semana en el que no todas las comunidades han ofrecido datos oficiales.
Los datos anunciadas por Sanidad y explicados por Fernando Simón son los siguientes: 2.060 nuevos positivos en las últimas 24 horas, lo que suman un total de 405.436 contagiados desde que comenzó la pandemia. El número de muertes durante la última semana se sitúa en 96, mientras que la cifra total de fallecidos asciende a 28.872.
Simón aseguraba que «se mantiene una tendencia ascendente. Hay comunidades en las que se empieza a observar una estabilización. Otras comunidades como Madrid o Valencia tienen serios aumentos».
Fernando Simón ha sido preguntado por la situación en la capital de España, el lugar con más positivos a día de hoy: «Si la incidencia sigue incrementándose habrá que tomar medidas drásticas, no sé si confinamiento. En Madrid se tienen que hacer las cosas deprisa, pero me consta que la comunidad está haciendo todo lo que tiene que hacer».
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha referido también al aumento de casos de coronavirus entre los jóvenes, con las correspondientes medidas tomadas sobre el ocio nocturno y las reuniones en algunas comunidades. Simón recuerda que la letalidad del virus entre los jóvenes es «muy baja».
Aquí puedes ver la rueda de prensa de Fernando Simón de este lunes 24 de agosto:
Miércoles 26 de agosto: Récord de contagios en Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco desde el inicio de la pandemia
España ha sumado hoy más de 3.500 nuevos casos en toda España. Los números en la Comunidad de Madrid son preocupantes, mientras que Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco han registrado este miércoles las peores cifras diarias desde que comenzó la pandemia.
Andalucía: 846 casos positivos, 48 hospitalizados y cuatro fallecidos en solo un día. Casi 4.000 contagios en los últimos siete días, todo un récord para Andalucía. Málaga es la provincia que acumula el mayor numero de nuevos positivos, con más de cien hospitalizados y ocho personas en la Unidad de Cuidados Intensivos.
País Vasco: 700 nuevos positivos en las últimas 24 horas y 19 fallecidos por los ocho que hubo durante todo el mes. Vizcaya sigue a la cabeza en número de casos, mientras que se registran nuevos y preocupantes rebrotes de covid-19 en discotecas de San Sebastian.
El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.
Una obligación legal sin compensación suficiente
El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.
La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.
El fallo del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:
Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio
Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses
Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible
Por qué es clave esta decisión
La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.
En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.
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