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Fiscalía se opondrá a la libertad de Zaplana tras la última petición de la defensa

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VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – Fiscalía Anticorrupción se opondrá a que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana quede en libertad por el ‘caso Erial’ tras la última petición de la defensa, que así lo había solicitado el pasado 28 de diciembre con el argumento de que no existe riesgo de fuga dado el precario estado de salud del también exministro, que sufre leucemia.

Según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de la decisión del ministerio público, Anticorrupción se opondrá a la puesta en libertad de Zaplana, al igual que ya ha hecho en las anteriores ocasiones que lo ha solicitado la defensa, y una vez el expresidente reciba el alta del Hospital La Fe de València, en el que se encuentra ingresado desde el 18 de diciembre, volverá a estudiar su situación si se diera el caso.

No obstante, fuentes conocedoras del estado del exministro han apuntado que el médico que atiende a Zaplana en el Hospital La Fe de València, donde recibe tratamiento y fue trasplantado, no contempla darle el alta por el momento.

La defensa de Zaplana pidió el pasado 28 de diciembre a la jueza que instruye el caso Erial la libertad del exministro basándose en cinco puntos, entre ellos, el «inexistente» riesgo de fuga dado su estado de salud, ya que sufre leucemia.

El abogado defensor –hasta en cinco ocasiones se ha reclamado la libertad de Zaplana– sostiene que la ley no permite mantener en prisión a un investigado durante más de seis meses con el argumento de la existencia de riesgo de destrucción de pruebas.

La defensa alega que el riesgo de fuga, «único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento», es «inexistente» precisamente por su salud, que le obliga, según informes de expertos, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado.

CON MEDIDA DE PRISIÓN DESDE MAYO
El expresidente se encuentra desde finales del mes de mayo en la cárcel valenciana de Picassent, por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia que acordó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la ‘Operación Erial’, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Zaplana quedó ingresado en el Hospital La Fe de València el 18 de diciembre tras un chequeo rutinario para controlar su salud por la leucemia que padece, al detectar el médico un empeoramiento en su estado y bajada de defensas.

En esta situación, la defensa insiste en la idea de que «cualquier mínimo riesgo podría ser paliado con medidas alternativas a la prisión» como la retirada de pasaporte o presentaciones y que existen sistemas de control telemático a disposición de los jueces de instrucción para garantizar el control de los presos preventivos, más allá de los casos de violencia contra la mujer.

Por último, reitera que la ley prevé la prisión atenuada –arresto domiciliario– para los supuestos de que «por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para la salud».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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