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Grezzi aboga por una nueva movilidad escolar con dos nuevas ‘rutas escolares’ en Patraix

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Los alumnos del Colegio Público Doctor López Rosat han estrenado este lunes nuevas rutas escolares. El Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la asociación Colecamins, ha llevado a cabo los trabajos de señalización correspondientes por los dos itinerarios más transitados por su alumnado hacia la escuela; el 64% del cual vive a menos de 500 metros de la escuela, y el 94% a menos de un kilómetro.

Se trata, en primer lugar, la que comienza desde la calle Mariano Ribera con Maestro Bellver, cruza Archiduque Carlos y accede por Músico Ayllón y Vicente Maroto hasta llegar al centro. En segundo lugar, la ruta que comienza en Beato Nicolás Factor desde su cruce con calle Cuenca, sigue por Salabert y cruza Archiduque Carlos y Tres Forques para, finalmente, llegar por la calle Vicente Maroto hasta el colegio.

En ambos itinerarios se han pintado marcas viales en forma de huellas amarillas de 40 por 40 cm. sobre las aceras, los símbolos de cada ruta escolar en cada aproximación a los pasos de peatones y se han instalado cuatro banderolas en forma de lapicero con la indicación de la ruta escolar.

Esta es una novedad de señales de la ciudad, introducida por la concejalía de Movilidad Sostenible, que —como apunta el concejal del área, Giuseppe Grezzi— espera que ayude a que esta iniciativa, “fruto del trabajo inicial y del empeño de los padres y madres del centro para que el alumnado acceda al centro de una manera más segura y libre de humos, se exporte al resto de la ciudad”.

La movilidad escolar son los desplazamientos que hacen los estudiantes, madres, padres y el profesorado para llegar y salir de la escuela. Normalmente, sobre todo en escuelas públicas, estos desplazamientos son de proximidad y suelen hacerse a pie. El objetivo de mejorar la movilidad escolar es conseguir aumentar la autonomía de los niños y niñas al mejorar el espacio urbano del barrio; es decir, posibilitar el hecho de que los escolares se desplacen de casa al colegio solos y con seguridad.

Para conseguirlo no se trata tan solo de visibilizar las rutas con marcas viales, sino que se han hecho una serie de actuaciones en colaboración con el AMPA, profesores, alumnos y Administración para diagnosticar las situaciones de peligrosidad y así, incluir acciones para reducir la velocidad de la circulación, mejorar la visibilidad en los cruces y dar continuidad y confort a los itinerarios peatonales.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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