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La Comunitat Valenciana, entre las autonomías con peores servicios sanitarios de España

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MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) – Cataluña, Comunitat Valenciana y Canarias son las comunidades autónomas con peores servicios sanitarios con 65, 63 y 53 puntos -respectivamente- sobre 118, según el XV informe ‘Los Servicios Sanitarios de las CCAA’ de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

«Las tres comunidades autónomas con peores servicios son Cataluña, Valencia y Canarias, por este orden, y las dos últimas comunidades autónomas se mantienen en los últimos puestos desde hace nueve años, a pesar de que haya 10 puntos de diferencia», ha declarado el vicesecretario de la organización, Marciano Sánchez Bayle.

En concreto, Canarias se sitúa en el último puesto por segundo año consecutivo, disputándose entre éste y el penúltimo con la Comunitat Valenciana desde 2010. Así, entre las razones se encuentra que es una «comunidad autónoma muy privatizada y destina pocos recursos sanitarios», ha señalado el vicesecretario. Asimismo, ha recalcado que Canarias «ha tenido muchos problemas de gestión, porque tiene la mayor lista de espera quirúrgica y de consultas externas de todo el país.

En el sentido contrario, son País Vasco (94 puntos), Navarra (83), Aragón y Castilla y León (80) las comunidades con mejores servicios sanitarios. A pesar de que País Vasco no es la comunidad con menos hospitales privados, sí «es la que más presupuesto dedica a la sanidad pública, y la satisfacción de la población es bastante alta».

Sin embargo, las comunidades con servicios regulares son Asturias (78); Castilla-La Mancha y Extremadura (77); La Rioja (76), y Madrid (73); y son Baleares (72); Galicia (71); Andalucía (68) Cantabria y Murcia (66), aquellas con unos servicios sanitarios deficientes.

En este sentido, en el informe se señalan que hay cinco comunidades que suben de posición; Andalucía, Baleares y Madrid, aumentan dos puestos, y Castilla y León y La Rioja solo uno. Sin embargo, Galicia y Cantabria ha bajado tres puestos, y Asturias y Murcia, uno. De este modo, los tres primeros puestos en los cinco últimos años los ocupan las mismas comunidades con cambios relativos en las posiciones.

En concreto, Andalucía ha conseguido subir su posición a pesar de ser una de las comunidades con menos presupuesto este año, unos 1.166,39 millones de euros en concreto; teniendo menos que Canarias (1.268,40 millones de euros), que está en la última posición.

APUESTA POR LA SANIDAD PÚBLICA: UNA SOLUCIÓN
En marco de todo ello, el vicesecretario de la organización ha recalcado que una solución clave para mejora la realidad de la situación sanitaria española es la apuesta por la sanidad pública. Asimismo, ha propuesto como solución «incrementar notablemente los presupuestos sanitarios, acabar con la política privatizadora, y utilizar de manera más intensiva y eficiente los recursos públicos», sin embargo, todo ello depende las «implicaciones de los gobernadores».

En este sentido, según se indica en el informe, a partir de 2009 los servicios sanitarios públicos han sufrido «una agresión continuada con un proceso de recortes muy importante, entre 15.000 y 21.000 millones de euros menos de presupuesto anuales según las diversas fuentes, recortes que se han producido en todas las comunidades sin excepción, pero cuya intensidad ha variado mucho de unas a otras».

Asimismo, se ha indicado de que a pesar de que en los tres últimos años se han producido incrementos presupuestarios, estos, «ni de lejos han recuperado la situación previa, y «básicamente han ido dirigidos a atender un incremento del gasto farmacéutico».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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