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La Comunitat Valenciana no pedirá pasar a la Fase 2 esta semana por el ligero aumento de contagios

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VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) – La Generalitat no pedirá que la Comunitat Valenciana pase a la Fase 2 de la desescalada esta semana, por «prudencia» aunque «los datos son buenos», según ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en su rueda de prensa diaria, en la que ha indicado que aunque el territorio valenciano «epidemiológicamente va bien». No obstante, ha indicado que «el índice de reproducción, aunque está por debajo del valor 1, ha crecido algo: del 0,66 al 0,85».

«No tenemos ningún brote, pero queremos esperar a esta semana. Dejaremos que transcurra y permaneceremos en la Fase 1 otros siete días más. Sumaremos 14 días en las tres provincias, más los siete días que llevaban los 10 departamentos de salud que pasaron antes», ha explicado.

Barceló, que había anunciado el pasado sábado la intención de la Generalitat de pedir esta misma semana el avance a Fase 2, ha destacado que ha sido una decisión «muy meditada», y basada en «proteger la salud de los valencianos».

En todo caso, ha defendido que, con los datos que tenía en ese momento no fue «imprudente» sino que confió en que la evolución de la pandemia sería «positiva» y, ahora, cuando solo han pasado dos días en la 1, «en estos momentos es mejor esperar una semana». «No pasa nada, podemos ir asegurando mejor las fases porque entre la segunda y tercera diferencias son abismales y mejor ir paso a paso», ha indicado y la evolución puede ir cambiando.

«Entiendo que aunque anuncié esa posibilidad, en estos momentos y viendo que, aunque no hay brote» y dado que la línea del índice de reproducción va cambiando hacia el 1, que es el valor «crítico», esto «invita a la prudencia» para ver qué es lo que ha pasado epidemiológicamente y ver la próxima semana. Así, ha indicado que los valencianos recorrerán «el camino tranquilamente, pausadamente». «Queremos salir de esta situación todos juntos y eso requiere responsabilidad», ha indicado.

SIGUEN SIN EL INFORME SOBRE EL PASE A LA FASE 1
Barceló, que ha admitido que no disponen del informe por el que el Ministerio denegó el primer pase a la Fase 1 aunque han intercambiado «información técnica», ha rechazado también que esta decisión suponga un «agravio» para los municipios de los diez departamentos de salud que pasaron antes que el resto y ha defendido que el criterio provincial permite la movilidad en el entorno de la provincia, lo que es «algo muy positivo» porque «podemos reestablecer relaciones y encontrarnos a mucha gente».

La consellera ha confirmado que se ha tratado de una decisión propia de la Generalitat, que la ha trasladado esta misma tarde al departamento de Salvador Illa. Asimismo, ha justificado que en su día apostaron por el criterio del área de salud pero han preferido el provincial para facilitar la movilidad y ha detallado que hasta la Fase 2 no pedirán la posibilidad de traslados entre provincias.

En este mismo sentido se ha pronunciado la subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha, quien ha ejemplificado la situación con el caso del área de La Ribera y cuando la Conselleria de Sanidad pidió que hubiera restricciones en su pase a la Fase 1 al haber detectado un lunes que se habían triplicado los contagios, al subir de 13 a 40 en cinco pueblos contiguos en un breve espacio de tiempo.

Sanidad lo comunicó al Ministerio y realizó un estudio específico para ver si podía tratarse de una transmisión comunitaria, que se descartó al comprobarse que la trazabilidad revelaba que era principalmente de personal sanitario, trabajadores sociosaniatrios o convivientes de antiguos casos, y este fue elmotivo por el que el jueves se pidió que no hubiera limitaciones en ningún área de la Comunitat.

«PRUDENCIA»
Por ello, ha dicho, el descarte de pasar de fase en este momento «tiene que ver con la prudencia». «En su momento no teníamos claro lo que había pasado en La Ribera», ha dicho, pero al haberse pasado del índice de reproducción de 0,66 a 0,85 y tener que hacer la comunicación este miércoles al Ministerio, han optado por no hacerlo.

A su juicio, ahora «lo peor que puede ocurrir es que volvamos para atrás» y ha señalado que si está habiendo más casos es porque la situación está cambiando con el desconfinamiento y hay que asegurar que esto «no lleva más transmisión» porque «volver atrás no podríamos permitírnoslo y preferimos esperar una semana». «La transmisión no es solo que el virus esté ahí, sigue estando y seguirá», ha advertido, y ha dicho que todos los días hay casos asintomáticos y «no podemos desbordarnos». «Por encima de todo este la salud de los valencianos aunque tenga coste para todos», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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