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La Guardia Civil detiene a un experimentado delincuente relacionado con medio centenar de robos en vehículos

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ANA CÁNOVAS

MURCIA, 15 Mar.- La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘INSIDE’, ha desarrollado una investigación dirigida a localizar y detener al autor de numerosos robos en vehículos, cometidos en garajes comunitarios de las pedanías murcianas de Beniaján y San José de la Vega, que se ha saldado con la detención de un experimentado delincuente al que se le atribuye la presunta autoría de cerca de medio centenar de delitos de robo con fuerza.

La investigación se inició a primero de mes, cuando la Guardia Civil recibió numerosas denuncias por robos cometidos en vehículos que en el momento de los hechos se encontraban estacionados en garajes comunitarios de inmuebles sitos en las pedanías murcianas de Beniaján y San José de la Vega, unos hechos que habían generado alarma social entre los vecinos de la zona.

A la vista del elevado número de casos y de la reincidencia de los delincuentes, los agentes establecieron numerosos dispositivos policiales dirigidos a la prevenir la comisión de nuevos robos y a localizar al autor de éstos, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Simultáneamente, se practicaron las correspondientes inspecciones oculares en los vehículos afectados, lo que permitió identificar un modus operandi común, así como determinar que detrás de los robos podía encontrarse una única persona.

La Benemérita obtuvo imágenes de distintas cámaras de video-vigilancia donde se visionó la presencia de un individuo que, después de introducirse en los garajes, forzaba los vehículos para apoderarse de los objetos de valor que los propietarios, en la confianza de encontrarse protegidos en garajes comunitarios de acceso restringido, dejaban en su interior.

La información recopilada centró la investigación en un único sospechoso, un conocido delincuente, vecino de Beniaján, que se desplazaba a pie y que aprovechaba cualquier oportunidad para acceder a los garajes sin ser visto.

La Guardia Civil ha establecido numerosos dispositivos de vigilancia en torno a su domicilio y a los lugares de ocio que frecuenta que han resultado positivos con su localización y detención en la localidad de Beniaján. En su poder han sido incautados varios objetos sustraídos del interior de los turismos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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