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Valencia

La juez procesa a Consuelo Císcar por fraude millonario en la compra de esculturas de Gerardo Rueda

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VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) – La magistrada de refuerzo adscrita al Juzgado de Instrucción 21 de València ha abierto procedimiento abreviado contra la exdirectora del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Ciscar por un presunto fraude millonario con la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda.

La jueza confirma también la existencia de indicios criminales en la actuación de otros dos investigados: el ex director económico administrativo del museo, Juan Carlos Lledó, y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda.

Estas diligencias constituyen la pieza separada número 2 de las supuestas irregularidades en la gestión del museo público que fueron denunciadas en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El auto de transformación de dichas diligencias en procedimiento abreviado, que puede ser recurrido, recoge que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.

La instructora detalla en 109 páginas el supuesto fraude perpetrado por la cúpula directiva del IVAM mediante la compra, con cargo a los fondos públicos, de 58 reproducciones de obras de Gerardo Rueda.

Esas creaciones fueron adquiridas, junto a otras 40 del mismo escultor, fallecido en 1996, a precio de obras de arte originales –explica la magistrada–, «contraviniendo con ello lo suscrito en los contratos y enriqueciendo con ello ilícitamente» a José Luis Rueda en la cuantía de 2.944.325 euros.

Un importe que debe sumarse a los 512.524 euros que pagó el IVAM a una fundación privada para fundir 44 de las obras. Además, algunas de esas piezas fueron promocionadas «de forma indebida» con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio IVAM, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para «encubrir y extender el engaño», con un desembolso añadido de casi 720.000 euros, precisa en el auto.

EXPEDIENTES BAJO SOSPECHA
Dos son los expedientes de adquisición bajo sospecha. El primero, fechado, en 2004, se inició con una carta enviada por la Fundación Rueda a Consuelo Ciscar en la que se ofrecía al IVAM la obra ‘El Gran Relieve’, que había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996, por 360.000 euros, como condición previa para la donación de otras trece creaciones del artista.

Todas esas obras, según la instructora, no habían sido realizadas en vida por el escultor, sino que fueron reproducidas tras su muerte en la fundición Eduardo Capa, lo que no concuerda «con lo pactado y estipulado en los diferentes documentos» donde se justificaban esas compras.

El segundo expediente de adquisición analizado es del año 2006 y comprende la compra de otras siete obras de Rueda por un importe total cercano a los 2,6 millones de euros, sin que conste una propuesta de venta previa efectuada por el hijo del artista. El contrato en el que se formalizó esa operación, que incluía la donación de 77 piezas más, obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición de 44 de ellas.

La jueza explica que en los documentos relativos a esa adquisición «no se hace uso de términos como prueba de autor, copia, reproducción, edición de serie limitada o realización post mortem y por el contrario sí que se usa el término obra original u obras cuyo autor es Gerardo Rueda».

«Las obras adquiridas por el IVAM objeto de análisis en la presente resolución, habiendo abonado por ellas con cargo a los fondos públicos la cantidad total de 3.456.876 euros, son simples reproducciones, lo cual en ningún momento se determinó en los contratos suscritos, y a pesar de lo cual, y a sabiendas de que eran copias post mortem, se adquieren a precio de obra de arte original», precisa la magistrada.

La instructora alude a varios correos electrónicos internos de empleados del IVAM y a informes periciales, entre otras pruebas, para concluir que los entonces dirigentes del museo eran plenamente conscientes de que compraban reproducciones y que estaban pagando por ellas precios «desproporcionados» y «desmesurados».

El auto, notificado este viernes, 4 de octubre, a las partes, emplaza a la Fiscalía y demás acusaciones a pedir la apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días.

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Valencia

Ábalos pide al Supremo un abogado de oficio para su declaración en el ‘caso Koldo’ este miércoles

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José Luis Ábalos
El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria. - Ananda Manjón - Europa Press

El exministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le asigne un abogado de oficio para que le acompañe este miércoles durante su declaración como imputado en el ‘caso Koldo’, tras haber renunciado al letrado que le representaba hasta ahora por “diferencias irreconducibles”.

Renuncia a su abogado y pide defensa pública

Ábalos comunicó su decisión este martes a través de un escrito presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que solicita que se libre oficio al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid para la designación de un abogado que le asista en su declaración del 15 de octubre.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el exministro ha explicado:

“He tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana, dado que he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa”.

La decisión llega apenas 24 horas después de que el exministro notificara al tribunal su renuncia al abogado José Aníbal Álvarez, con quien —según indicó— mantiene “diferencias irreconducibles” que han provocado un “deterioro irreversible” de la relación profesional.

Ábalos admite que ha preparado su declaración por sí mismo

El también exsecretario de Organización del PSOE aseguró en su escrito que las discrepancias con su abogado “lejos de ser puntuales, se han convertido en una constante”.
El diputado incluso reconoció que ha tenido que preparar su declaración ante el Supremo por su cuenta, ante la falta de sintonía con su defensa anterior.

Esta circunstancia podría marcar un cambio de estrategia jurídica, según fuentes jurídicas consultadas, ya que Ábalos podría optar esta vez por acogerse a su derecho a no declarar, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí respondió a las preguntas del juez.

El informe de la UCO, punto de inflexión en el caso

La nueva comparecencia de Ábalos llega después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido, supuestamente gestionada por su exasesor Koldo García.

El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Supremo, ha citado a ambos —a Ábalos este miércoles y a García el jueves— para aclarar los indicios de ingresos irregulares detectados por la investigación.

Posible endurecimiento de las medidas cautelares

Fuentes jurídicas no descartan que, tras estas nuevas declaraciones y a la luz del informe de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones soliciten endurecer las medidas cautelares que pesan sobre ambos investigados.
Actualmente, Ábalos y Koldo tienen impuestas las siguientes medidas:

  • Retirada del pasaporte,

  • Prohibición de salir del país,

  • Comparecencias quincenales en el juzgado.

Entre las opciones que podrían plantearse está incluso la petición de ingreso en prisión preventiva, en función de cómo evolucione la instrucción.

Dos líneas de investigación abiertas

El Tribunal Supremo investiga a Ábalos por dos posibles tramas de corrupción:

  1. Adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.

  2. Cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de obra pública.

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