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La vacuna de Oxford no llegará hasta finales del 2021, según un investigador español

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Carlos Estévez, investigador adjunto de la conocida como «vacuna de Oxford», ha recordado en una entrevista concedida al programa ‘Fin de Semana’ de la cadena COPE que los resultados están previstos para finales de 2021. “Una cosa es que la vacuna esté producida -de hecho ya se esta produciendo y se esperan dosis disponibles a finales de año- y otra cosa es que haya resultados de un ensayo clínico que avalen su eficacia y seguridad a la hora de administrarla a la población”.

El investigador ha pedido prudencia y ha lamentado que personas de “diferentes ámbitos” se hayan “precipitado a la hora de garantizar que se vaya a poder administrar antes de finales de año, cuando los resultados definitivos del estudio van a estar disponibles a finales de 2021″.

Estévez ha aclarado que la vacuna solo se administrará cuando sea segura y tenga un alto grado de eficacia, aunque nunca será del 100%. “En estos momentos hay muchas vacunas con perfiles bastante favorables, al menos en ensayos que hay que confirmar en fase 3”. «Ningún fármaco está libre de efectos adversos y ninguno tiene un 100 por cien de eficacia», aunque sí «puede conseguir detener la enfermedad”.

Carlos Estévez ha recordado además de que las personas mayores, las que tienen más posibilidades de desarrollar complicaciones, son precisamente “las que potencialmente tienen menor respuesta a las vacunas”.

En cuanto a qué grupo de población ha de vacunarse primero, el investigador ha dejado dos opciones sobre la mesa. “Por un lado está la opción de vacunar a la población de más riesgo, la gente más mayor, en la que probablemente no sería tan eficaz». Por eso, la otra alternativa sería «vacunar a los más jóvenes, con una respuesta inmunitaria mayor, lo que indirectamente protegería a la gente de mayor edad».

Estévez ha alabado la decisión de España de comprar “varios millones» de vacunas de AstraZeneca, un acto “muy valiente porque es una inversión que se puede perder”. La farmacéutica tiene ya contratos suscritos con Reino Unido, Estados Unidos y con la UE para el suministro de dosis de su vacuna una vez concluya la fase de pruebas. En concreto, la UE (450 millones de habitantes) ha firmado la compra de 400 millones de dosis de la vacuna.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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