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Las lluvias superan los 60l/m2 en algunas localidades de la Comunitat Valenciana

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MADRID/VALÈNCIA, 22 Oct.- Las precipitaciones provocadas por la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos de la Atmósfera (DANA) en lo que va de martes superan ya los 60 litros por metro cuadrado en varios observatorios de la Comunitat Valenciana, y los 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en Baleares, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, con datos provisionales hasta las 11.30 horas, Oliva (Valencia) ha recogido 64,3 l/m2; Pego (Alicante), 62,8 l/m2; Xàbia (Alicante), 48,2 l/m2; Santa María de Camí (Baleares), 41 l/m2; Xàtiva (Valencia); Barx (Valencia) 40 l/m2; Palma-puerto (Baleares), 34,5 l/m2; Llucmajor (Baleares), 33 l/m2; Alcoi (Alicante), 32,6 l/m2 y San Javier (Murcia),31,8 l/m2.

Este lunes las precitaciones más abundantes se recogieron en Mallorca, y la máxima se registró en Escorca (Lluc), con 42,5 l/m2 y Palma de Mallorca-aeropuerto, 40,9 l/m2.

La DANA llegó durante la noche del lunes al martes al suroeste de la Península desde donde se desplaza hacia el área mediterránea. Esta situación en las capas altas se sumará a una borrasca en niveles bajos de la atmósfera que da lugar a una ciclogénesise que se iniciará en el norte de Argelia y que extiende las bajas presiones este martes y miércoles al Mediterráneo occidental, nordeste peninsular y, posteriormente al Cantábrico oriental.

De este modo, este martes y miércoles las precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes en amplias zonas del tercio oriental peninsular y Baleares. Precisamente este martes, la AEMET prevé precipitaciones torrenciales de las provincias costeras catalanas y habrá menor probabilidad en el norte de la Comunidad Valenciana.

El miércoles 23 serán probables las lluvias intensas a primeras horas en el nordeste de Cataluña y posteriormente en el Cantábrico oriental y las mayores cantidades de precipitación se esperan en el nordeste de Cataluña, donde durante estos días se pueden superar los 300 litros por metro cuadrado de precipitación.

Fuente: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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