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Las pruebas periciales señalan que la empleada despedida en EMT València no era consciente del fraude

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VALÈNCIA, 24 Oct. – Un informe pericial de Telefónica sobre el ordenador que utilizaba la empleada despedida de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València a causa del fraude de cuatro millones no ha «hallado pruebas» de que «haya sido consciente del fraude que se estaba llevando a cabo» durante sus interacciones con el presunto estafador.

Así lo indica este informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el perito asegura que tampoco se han encontrado pruebas de que la cuenta de correo de la empleada se hubiese visto comprometida –al menos en este equipo– al no haber constancia de la presencia de ningún ‘malware’ en él.

Según las conclusiones del informe pericial, del análisis de los correos entre la empleada y el estafador se desprende que la trabajadora «ha sido inducida a colaborar en el fraude mediante técnicas de ingeniería social habituales en este tipo de ataques».

Así lo entiende la pericial a partir del análisis del intercambio, que incluye un correo con un anexo en blanco enviado por el estafador, algo que «humaniza al atacante» o un par de correos «supuestamente de una persona de mucha autoridad, dando instrucciones para realizar una serie de pagos y apelando a la discreción». Este sería el caso del correo electrónico remitido por alguien que se hacía pasar por el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Según detalla el informe, el intercambio de correos comenzó el 3 de septiembre por la mañana, cuando la empleada recibe un mensaje de una persona que se identificaba como Javier Parada, abogado de una conocida consultora. En él «se hace referencia a una conversación telefónica y se menciona a Giuseppe Grezzi».

Se da la circunstancia de que en la declaración jurada que la propia empleada realizó ante la responsable jurídica de la empresa pública el 23 de septiembre, cuando se destapó el fraude, la trabajadora menciona que ese mismo día recibió una llamada de teléfono de una persona que se identificó como el señor Parada, abogado de una conocida consultora, en la que le explicaba que se va a llevar a cabo una oferta pública de acciones y que le va a enviar un documento de confidencialidad para que lo firme. Ya aquí le reclama total discreción para el éxito de la operación.

Es en este correo donde el estafador remite a la empleada un archivo adjunto en blanco, que sería el documento de confidencialidad, lo que provoca que la empleada le haga notar en un correo de respuesta que no ha recibido el documento.

Tras este correo, la empleada recibe otro mensaje de una persona que se identifica como Giuseppe Grezzi en la que se le pregunta si el señor Parada había contactado con ella. En ese correo, se adjunta el anexo del documento de confidencialidad, ya con contenido.

La empleada entonces responde al correo del supuesto Grezzi y este responde «exponiéndole la confidencialidad del asunto y ordenando que lo trate con discreción».

CORREOS ENVIADOS DESDE ÁFRICA
El informe pericial destaca que los correos tanto de la persona que se identifica como Javier Parada, como de la que se identifica como Giuseppe Grezzi, tienen un mismo remitente: la cuenta ‘[email protected]’. Según el informe, el estafador realizó un «falseamiento voluntario» del remitente.

Asimismo, según el informe, la localización del equipo desde el que se remitió el mail pertenecería a algún país del África francófona. Se da la circunstancia de que en el segundo correo del supuesto Grezzi, aparece citada la respuesta de la empleada con una frase en francés.

De hecho, en esa misma frase se dice que la empleada remitió el correo en una hora «anterior» a la que lo hizo realmente, lo que indica que el ordenador que se utilizó para hacerse pasar por Grezzi se encontraba en un país con un huso horario diferente al de España.

También destaca el informe que la dirección IP desde la que se remitieron los correos está registrada en Israel.

«GRAN PARTE» DE LAS COMUNICACIONES DEL ESTAFADOR FUERON POR TELÉFONO
El informe también destaca que «extraña la abundancia de correos» enviados desde la cuenta de la trabajadora hacia la del estafador «en comparación con los que hay en sentido contrario». Esto indica, siempre según el informe, que «gran parte» de las comunicaciones del estafador hacia la empleada se realizaron por teléfono.

Según la declaración jurada de la empleada, una vez se produjo la firma del supuesto documento de confidencialidad, el estafador y ella hablaron de cómo se realizaría el pago de las facturas. Ella le apuntó que el sistema era mediante firma mancomunada del gerente de la empresa, que se encontraba en ese momento de vacaciones, y la jefa de Gestión, de baja por maternidad. De acuerdo a su declaración, la empleada pensó que todo se había tramitado desde la oficina de Grezzi. Así, quedaron en que las transferencias se harían ordenadas a través de carta firmadas por ambos directivos.

En los correos que se remiten ese mismo 3 de septiembre y en días sucesivos, la empleada remite al estafador dos documentos que datan de 2017 en los que se incluyen las firmas del gerente de la empresa y la jefa de Gestión.

Estos serían utilizados por el estafador para falsificar las firmas de ambos en las órdenes de transferencias: en el caso del gerente, el informe considera que la firma fue copiada y pegada, mientras que en el de la jefa de Gestión, fue falsificada, ya que en el documento que remite la empleada hay un sello encima. El perito destaca que existe «gran diferencia» entre la firma que figura en la primera orden de transferencia y la de la jefa de Gestión.

Esta primera orden de transferencia, por valor de 343.419,07 euros se la remite el estafador a la empleada el mismo día que contactan por primera vez, y ya cuenta con las dos firmas falsificadas.

Dos días más tarde, la empleada «respondiendo según el cuerpo del mail a una previa solicitud telefónica, envía los DNI escaneados» del gerente y la jefa de Gestión.

Varios días después, el estafador dice a la empleada que le aporta su dirección de correo personal «de acuerdo con la CNMV» (siglas con las que se conoce a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son las mismas con las que se registró el dominio ‘.pw’ –perteneciente al estado de Palaos, en Oceanía– desde el que se remitían los correos). La empleada y el estafador intercambian correos con esa supuesta cuenta personal del señor Parada –un correo de Gmail– durante un día.

El 10 de septiembre, el estafador reclama a la empleada una copia de su DNI, y la trabajadora lo adjunta en un correo sucesivo.

LA TRABAJADORA PIDE HABLAR POR TELÉFONO EL DÍA QUE SE DESCUBRE EL FRAUDE
Según el informe pericial, la trabajadora remitió un correo al estafador el 23 de septiembre, el mismo día en que se destapó el fraude dentro de la compañía pública y la empleada firmó su declaración jurada. En él, le preguntaba si podían hablar por teléfono, lo que, según el perito, «puede indicar que no tenía el número de teléfono del supuesto Javier Parada».

Según la declaración jurada de la trabajadora, ese mismo día mantiene una conversación telefónica con el estafador en la que ella le expone que el banco está pidiendo confirmación de transferencias a los apoderados y que «no se podía aguantar más el tema de la confidencialidad», en la que estafador insiste a lo largo de todo el proceso. El falso abogado le dice que esté tranquila.

En total, el fraude en la EMT València está cuantificado en 4 millones de euros, aunque las pretensiones del estafador superaban los 11 millones, según han revelado los correos electrónicos y de la propia declaración.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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VÍDEO| Maricarmen culpabilizó a Pedro Sánchez antes de morir: «No se entera de la cantidad de desahucios que hay»

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La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, ha provocado una nueva batalla política por la vivienda.

Ministros y dirigentes de la izquierda han despedido a Maricarmen reivindicándola como símbolo de la lucha contra los desahucios, mientras desde distintos sectores se reclama responsabilidad a las administraciones por no haber encontrado una solución antes de que se ejecutara el lanzamiento.

Pero existe un documento especialmente relevante para entender qué pensaba la propia Maricarmen sobre los políticos responsables de su situación.

La víspera de su desahucio, Maricarmen concedió una entrevista a Televisión Española en la que señaló directamente a Pedro Sánchez.

«A Pedro Sánchez»

En la entrevista emitida por TVE, la periodista le preguntó a Maricarmen:

«¿A quién responsabilizas tú de todo lo que te está pasando?»

La respuesta fue inmediata:

«A Pedro Sánchez».

Y la mujer de 87 años añadió:

«No se entera de la cantidad de desahucios que hay diarios, no se entera, o no quiere enterarse».

La declaración se produjo el 22 de septiembre de 2026, un día antes de que se ejecutara el desahucio de su vivienda en Madrid.

TVE ha recuperado ahora esas imágenes tras su fallecimiento y ha difundido la entrevista bajo el título Las críticas de Maricarmen a los políticos en TVE antes de su desahucio.

El vídeo resulta especialmente significativo porque permite escuchar directamente a Maricarmen y no a través de las interpretaciones posteriores de partidos políticos o colectivos.

Maricarmen también señaló a Ayuso y Almeida

La declaración contra Sánchez no fue la única que realizó en aquella entrevista.

Después de señalar al presidente del Gobierno, Maricarmen también responsabilizó de su situación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Sobre Ayuso afirmó que consideraba que el cargo «le viene un poco grande».

Sobre Almeida, aseguró que estaba «cargándose Madrid».

Por tanto, la entrevista completa no permite afirmar que Maricarmen responsabilizara únicamente al Gobierno central. Su crítica se dirigió a los principales responsables políticos de las distintas administraciones, además de a la empresa propietaria de la vivienda.

Precisamente por eso, la declaración contra Sánchez adquiere ahora una especial relevancia en el debate político que se ha abierto después de su muerte.

La izquierda convierte ahora a Maricarmen en símbolo

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos representantes de la izquierda han reivindicado públicamente su figura.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lamentó «profundamente» su muerte y trasladó sus condolencias a quienes la acompañaron durante su lucha.

También se han pronunciado otros miembros del Gobierno y representantes de PSOE, Sumar y Podemos, que han presentado a Maricarmen como un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda.

El propio Pedro Sánchez trasladó sus condolencias por la muerte de la mujer de 87 años y aseguró: «Sentimos esta pérdida como propia».

El contraste con las declaraciones que la propia Maricarmen había realizado apenas dos semanas antes es evidente: cuando todavía estaba viva y podía explicar personalmente su situación, señaló al presidente del Gobierno como primera respuesta cuando le preguntaron a quién responsabilizaba de lo ocurrido.

El Gobierno tenía mecanismos para suspender determinados desahucios

El debate político no se limita a las declaraciones de Maricarmen.

Durante los últimos años, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado diferentes medidas para proteger a personas vulnerables frente a determinados procedimientos de desahucio.

Y el pasado 6 de octubre, apenas un día antes de conocerse la muerte de Maricarmen, el Gobierno aprobó un nuevo real decreto-ley que establece hasta el 31 de diciembre de 2030 un régimen de suspensión de determinados procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con diferentes requisitos y excepciones.

El propio texto aprobado por el Ejecutivo defiende que las medidas pretenden reforzar la protección de las personas vulnerables y evitar que se produzcan lanzamientos sin alternativa habitacional.

Esto introduce una cuestión política difícil de esquivar: el Gobierno central ha dispuesto durante años de instrumentos legales para suspender determinados desahucios y ahora vuelve a ampliar esas herramientas, aunque cada procedimiento concreto depende de sus circunstancias y de las decisiones de las distintas administraciones y órganos judiciales.

El caso de Maricarmen llegó hasta Naciones Unidas

El caso tampoco pasó desapercibido para organismos internacionales.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había reclamado medidas provisionales en relación con la situación de Maricarmen y pidió que se adoptaran medidas para evitar posibles daños irreparables mientras examinaba el caso.

El Defensor del Pueblo también reclamó a las administraciones medidas urgentes para evitar situaciones similares y advirtió de que el caso ponía de manifiesto deficiencias que deberían ser subsanadas.

A pesar de todo ello, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre.

Maricarmen salió de su vivienda en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento.

Después del desahucio llegó una solución que ya no pudo disfrutar

Tras el lanzamiento se produjo una negociación con la propiedad del inmueble.

Finalmente se alcanzó un acuerdo que contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años, con una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.

La solución, sin embargo, llegó demasiado tarde. Maricarmen permaneció hospitalizada y nunca pudo regresar a la vivienda en la que había vivido durante 71 años.

Su abogada, Beatriz Duro, ha defendido después de su muerte que el deterioro de su salud durante el proceso fue evidente y afirmó que, si el lanzamiento se hubiera suspendido, «hoy no estaríamos en esta situación». La letrada también criticó la falta de alternativas proporcionadas por las administraciones.

Esta valoración corresponde a su abogada y no supone una conclusión médica que establezca que el desahucio causó la muerte de Maricarmen.

La contradicción que deja su última batalla

El caso de Maricarmen ha terminado convirtiéndose en una batalla política en la que las distintas partes señalan responsabilidades en direcciones diferentes.

La izquierda la reivindica ahora como símbolo de la lucha por la vivienda y reclama más protección frente a los desahucios.

Pero las imágenes de TVE muestran también a una Maricarmen viva, hablando en primera persona y respondiendo a una pregunta muy concreta sobre quién consideraba responsable de su situación.

Y su primera respuesta fue inequívoca:

«A Pedro Sánchez».

Después señaló también a Ayuso, Almeida y a la empresa propietaria del inmueble.

Por eso, más allá de las interpretaciones partidistas posteriores a su muerte, hay una parte de la historia que está registrada en vídeo y que permite escuchar directamente a la mujer que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda.

Maricarmen no dejó solo un mensaje político después de morir. También dejó su propia versión de quién consideraba responsable de lo que le estaba sucediendo.

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