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Las universidades valencianas acabarán el curso online y los exámenes serán por internet

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana mantendrán la docencia en formato online durante lo que queda de curso, según el acuerdo adoptado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las rectoras y rectores de las instituciones de educación superior.

Así se ha dado a conocer tras la reunión mantenida este viernes por la consellera de Universidades, Carolina Pascual, y los máximos responsables de las entidades educativas (la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat Miguel Hernández d’Elx).

Ante la posibilidad de que el Estado de Alarma, decretado por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, se pueda prorrogar más allá del 11 de abril y en previsión de que no se pueda reanudar la docencia presencial, ambas partes han acordado mantener toda la docencia en formato online durante lo que resta del curso 2019-2020.

Asimismo, cada universidad desarrollará procedimientos de adaptación de la evaluación a través de medios no presenciales.

COORDINACIÓN
Tanto la Conselleria y los rectores y rectoras han manifestado su voluntad de trabajar de forma coordinada «para adoptar las mejores soluciones».

El objetivo es «garantizar el desarrollo del curso académico 2019-2020 en las condiciones más óptimas, dadas las circunstancias, garantizando la calidad de la docencia y la atención al alumnado», remarcan administración y rectores en un comunicado conjunto.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado «la fortaleza del sistema universitario público valenciano, la colaboración y el esfuerzo que las universidades han realizado desde el inicio del estado de alarma, con la finalidad de garantizar la calidad de la docencia y la atención del alumnado».

«CONDICIONES ÓPTIMAS»
En este sentido, Pascual subraya, en un comunicado, que los acuerdos alcanzados con las universidades «garantizan el desarrollo del curso en las condiciones óptimas para que ningún estudiante se vea afectado y que se puede finalizar el curso con garantías, dentro de la situación de excepcionalidad que se ha producido».

«Desde la Conselleria y desde las universidades –ha continuado– hemos considerado que es prioritario garantizar la continuidad del curso académico y enviar un mensaje de tranquilidad al alumnado y al profesorado».

Por su parte, el rector de la UMH, que ocupa la presidencia de turno de la conferencia de rectores valencianos, Juan José Ruiz Martínez, ha reiterado la voluntad de «seguir trabajando día a día porque el escenario cambia prácticamente de forma inmediata de manera coordinada».

CEU CARDENAL HERRERA
En cuanto a las universidades privadas, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha señalado que tiene ya en «fase avanzada» un plan de contingencia con diferentes escenarios de actuación para el desarrollo de la actividad universitaria para los próximos meses.

El foco de dicho plan es que «todos los estudiantes tengan la posibilidad de adquirir todas las competencias de las asignaturas en las que están matriculados». Para ello se podrán plantear calendarios diferentes de trabajo y evaluación para cada titulación e incluso para cada curso, y ello en función de sus peculiaridades y necesidades formativas dependientes de actividades presenciales, explican fuentes de la institución académica a Europa Press.

Las diferentes alternativas que contempla dicho plan, agregan, se irán comunicando a los estudiantes con la suficiente antelación, y siempre ofreciendo sistemas alternativos para aquellos que, por razones personales de lugar de residencia o de otro tipo, no pudieran ajustarse al calendario o desarrollo académico propuesto.

La Universidad CEU Cardenal Herrera está organizando su actividad para seguir con la docencia on line durante el tiempo que sea necesario, pero también para los diferentes supuestos de vuelta a la actividad presencial de forma progresiva cuando sea posible, concluyen.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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