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Las universidades valencianas acabarán el curso online y los exámenes serán por internet

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VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana mantendrán la docencia en formato online durante lo que queda de curso, según el acuerdo adoptado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y las rectoras y rectores de las instituciones de educación superior.

Así se ha dado a conocer tras la reunión mantenida este viernes por la consellera de Universidades, Carolina Pascual, y los máximos responsables de las entidades educativas (la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universitat Miguel Hernández d’Elx).

Ante la posibilidad de que el Estado de Alarma, decretado por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, se pueda prorrogar más allá del 11 de abril y en previsión de que no se pueda reanudar la docencia presencial, ambas partes han acordado mantener toda la docencia en formato online durante lo que resta del curso 2019-2020.

Asimismo, cada universidad desarrollará procedimientos de adaptación de la evaluación a través de medios no presenciales.

COORDINACIÓN
Tanto la Conselleria y los rectores y rectoras han manifestado su voluntad de trabajar de forma coordinada «para adoptar las mejores soluciones».

El objetivo es «garantizar el desarrollo del curso académico 2019-2020 en las condiciones más óptimas, dadas las circunstancias, garantizando la calidad de la docencia y la atención al alumnado», remarcan administración y rectores en un comunicado conjunto.

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado «la fortaleza del sistema universitario público valenciano, la colaboración y el esfuerzo que las universidades han realizado desde el inicio del estado de alarma, con la finalidad de garantizar la calidad de la docencia y la atención del alumnado».

«CONDICIONES ÓPTIMAS»
En este sentido, Pascual subraya, en un comunicado, que los acuerdos alcanzados con las universidades «garantizan el desarrollo del curso en las condiciones óptimas para que ningún estudiante se vea afectado y que se puede finalizar el curso con garantías, dentro de la situación de excepcionalidad que se ha producido».

«Desde la Conselleria y desde las universidades –ha continuado– hemos considerado que es prioritario garantizar la continuidad del curso académico y enviar un mensaje de tranquilidad al alumnado y al profesorado».

Por su parte, el rector de la UMH, que ocupa la presidencia de turno de la conferencia de rectores valencianos, Juan José Ruiz Martínez, ha reiterado la voluntad de «seguir trabajando día a día porque el escenario cambia prácticamente de forma inmediata de manera coordinada».

CEU CARDENAL HERRERA
En cuanto a las universidades privadas, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha señalado que tiene ya en «fase avanzada» un plan de contingencia con diferentes escenarios de actuación para el desarrollo de la actividad universitaria para los próximos meses.

El foco de dicho plan es que «todos los estudiantes tengan la posibilidad de adquirir todas las competencias de las asignaturas en las que están matriculados». Para ello se podrán plantear calendarios diferentes de trabajo y evaluación para cada titulación e incluso para cada curso, y ello en función de sus peculiaridades y necesidades formativas dependientes de actividades presenciales, explican fuentes de la institución académica a Europa Press.

Las diferentes alternativas que contempla dicho plan, agregan, se irán comunicando a los estudiantes con la suficiente antelación, y siempre ofreciendo sistemas alternativos para aquellos que, por razones personales de lugar de residencia o de otro tipo, no pudieran ajustarse al calendario o desarrollo académico propuesto.

La Universidad CEU Cardenal Herrera está organizando su actividad para seguir con la docencia on line durante el tiempo que sea necesario, pero también para los diferentes supuestos de vuelta a la actividad presencial de forma progresiva cuando sea posible, concluyen.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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