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Los ‘aparcabicis’ cerrados y a pie de calle llegan a València

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La OCU sitúa a València entre las tres mejores para ir en bici

VALÈNCIA, 25 Abr. – El proyecto ‘Viu la bici’ busca crear la primera red de aparcamientos colectivos, cerrados y a pie de calle de València para bicicletas, y busca financiación en un micromecenazgo para su puesta en marcha y la instalación de los primeros espacios en los barrios del Carmen y el Jardín Botánico.

Según han informado los promotores en un comunicado, este proyecto pretende convertir la ciudad de València en una ciudad ‘bike-friendly’ en la que «se garantice aparcamientos seguros de bicicletas». Ha sido desarrollado por Ana Piérola y Mauro Attardi.

«Pese a que en los últimos años ha aumentado el número de desplazamientos en bici en València, gran parte de la ciudadanía no se siente segura al dejar la bicicleta en plena calle. A esto se le suma que existen muchos pisos, sobre todo en determinados barrios, en los que el ascensor es muy pequeño o no existe, no cuentan con un espacio específico habilitado para las bicis y resulta muy aparatoso subirla a cuestas a casa», ha explicado Piérola.

Esta situación se da especialmente, según los emprendedores, en el centro de València, en concreto, entre Extramurs y Ciutat Vella, el espacio en el que se instalará el primer aparcabicis.

Así, ‘Viu la Bici’ aspira a crear una red de aparcabicis por toda la ciudad, situándolos en bajos, cerrados y a pie de calle, que dispondrán de acceso restringido para aquellos usuarios que hayan decidido alquilar la plaza. Para estos usuarios se ha creado una página web en la que cualquier persona puede registrarse y acceder a su plaza mediante un código.

«Gracias a los aparcabicicletas cubiertos a pie de calle, la gente podrá empezar a circular en bici sin preocuparse. Así mejoramos no sólo nuestra propia salud, sino también la de la propia ciudad», comenta Mauro Attardi, otro de los impulsores de ‘Viu la Bici’.

De hecho, con un mayor uso de la bicicleta y la consolidación de la bici como alternativa real a los desplazamientos en coche, «se reducirían las emisiones contaminantes de CO2 y la contaminación acústica de València», han asegurado.

3.700 EUROS
Ahora, ‘Viu la Bici’ arranca su campaña de crowdfunding que estará activa en lateuaterra durante 39 días. En este periodo, Ana y Mauro esperan conseguir la financiación fijada para que su proyecto salga adelante: 3.700 euros.

El proyecto consiguió alzarse con uno de los premios de la convocatoria nacional ‘Juntas por El Clima’ impulsada por lateuaterra.com, la primera plataforma valenciana de micromecenazgo especializada y dedicada a proyectos que cuiden, respeten y mejoren el medioambiente.

Lateuaterra.com sigue la sistemática de las plataformas de crowdfunding tradicionales de donativos y recompensas. Los promotores de los distintos proyectos envían sus ideas con una descripción y un presupuesto para llevarla a cabo. Un comité técnico valora que el proyecto sea realmente beneficioso para el medio ambiente, cumpla la normativa y no produzca huella de carbono.

El promotor tiene 39 días para dar a conocer su propuesta y alcanzar el objetivo de financiación fijado para desarrollarla. Durante este tiempo, cualquier persona podrá aportar una cuantía al proyecto, por la que recibe una pequeña recompensa. La suma de las aportaciones individuales hace posible que las iniciativas salgan adelante.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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