València, 18 dic (EFE).- El año 2022 ha estado marcado en la política valenciana por la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta del Consell y diputada autonómica, un paso a un lado que no será tan breve como esperaban en su formación, Compromís, donde ha generado una onda expansiva cuyos efectos aún perduran.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de imputar a la dirigente y cara más visible de Compromís por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su entonces marido desembocó el 21 de junio, tras cinco días de alta tensión, en el anuncio de su dimisión.

Con la «cara bien alta» y «los dientes apretados», la que durante siete años fue la número dos del Gobierno valenciano justificó su marcha en que no iba a dar una «coartada» al PSPV-PSOE para echar a Compromís del Ejecutivo, pese a considerar que con su adiós ganaban «los malos», la extrema derecha, autora de las denuncias de este caso.

La reacción de Compromís, la coalición de partidos de la que forma parte desde su creación, fue arroparla y decir que esperaban que volviera en cuanto se archivara su causa si así lo deseaba. Y por ello introdujeron en su reglamento de primarias la posibilidad de incorporar a las listas electorales a «personalidades» que no hayan concurrido a las primarias que harán en febrero.

Sin embargo, los tiempos judiciales se han ido alargando. Oltra declaró finalmente el 19 de septiembre ante el juez de València al que volvió la instrucción tras dejar de ser aforada al dimitir como diputada, y en octubre se amplió la instrucción seis meses más: hasta finales de abril, un mes antes de las elecciones autonómicas de 2023.

El nuevo plazo judicial elimina en la práctica la posibilidad de que la exvicepresidenta vuelva a ser por tercera vez consecutiva la candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat, si bien para cuando se conoció la decisión del juez ya había quien había dado un paso al frente en la carrera electoral.

Así, a pesar de que hasta enero no se formalizarán oficialmente las candidaturas para las primarias de febrero, otra de las caras más conocidas de Compromís, el diputado nacional Joan Baldoví, anunció a finales de septiembre que quiere ser el candidato a la presidencia de la Generalitat en 2023.

Un anuncio que se ha leído en clave interna, pues dentro de la coalición Oltra forma parte de Iniciativa del Poble Valencià y Baldoví pertenece a Més (el antiguo Bloc), el partido mayoritario de Compromís, que podría ahora aprovechar las nuevas circunstancias para reivindicar su peso.

En esta tesitura, está deshojando la margarita sobre si se presentará también como candidata a la presidencia de la Generalitat la persona que sustituyó a Oltra en la vicepresidencia del Consell: la diputada autonómica Aitana Mas, integrante de Iniciativa, partido molesto con el momento elegido por Baldoví para abrir la «batalla electoral».

La onda expansiva generada por la dimisión de Oltra ha llegado además hasta el Gobierno valenciano, donde sin previo aviso la nueva vicepresidenta destituyó a finales de octubre de manera fulminante a la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, integrante de su mismo partido y otra histórica de Compromís.

Esta crisis en un Consell que en trece meses ha cambiado a los titulares de ocho de sus doce carteras fue justificada por Aitana Mas en que Mollà actuaba de manera personalista, mientras que la exconsellera -que no acudió al traspaso con su sucesora, Isaura Navarro- alertó de que esto tensiona la coalición y condiciona las posibilidades de un tercer Gobierno valenciano de coalición de izquierdas.

La destitución de Mollà, producida días después de que cuestionara públicamente las trabas en el Consell a la implantación de plantas de energías renovables, ha conllevado asimismo la dimisión dos altos cargos de esa Conselleria y la destitución de un tercero.

Por lo que respecta a la instrucción del caso que truncó la ascendente carrera política de Oltra, la declaración de esta en el Juzgado de Instrucción número 15 de València derivó en la imputación de dos altos cargos: su exjefe de gabinete y el exsubsecretario de la Conselleria, pendientes de ser citados a declarar en una causa que tiene ya dieciséis investigados.

En las últimas semanas, el juez ha abierto dos piezas separadas: una para incorporar los correos electrónicos entre los investigados, de forma acotada en el tiempo, y otra para investigar los correos de otros dos altos cargos de la Conselleria de Igualdad.

Oltra se ha mantenido en silencio y apartada de los focos públicos durante cinco meses, tras los que reapareció en un debate sobre derechos sociales donde aseguró que no había perdido la sonrisa en este tiempo y en la presentación de un libro sobre ‘lawfare’, aunque no hizo referencia a esta ‘guerra sucia en los tribunales’ que en su opinión supone la causa que le afecta.

También dio una entrevista al programa ‘Salvados’, en la que explicó que actualmente está cobrando el paro; insistió en que no ha hecho nada «ilícito, ni ilegal ni inmoral»; se descartó como candidata al Congreso en 2023 -se había especulado que sustituyera a Baldoví si para entonces se había resuelto su causa- y aseguró que nunca renunciará a sus ambiciones políticas. Por Loli Benlloch