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Más de 75.000 valencianos solicitan no recibir propaganda electoral del 10N

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voto en blanco y voto nulo

MADRID/VALÈNCIA, 14 Oct. – Un total de 75.563 electores de la Comunitat Valenciana han solicitado no recibir propaganda electoral para los próximos comicios del 10 de noviembre. En concreto, 41.852 electores de València, 25.707 de Alicante y 8.004 de Castellón.

En España, un total de 810.367 personas en España, han pedido en el Instituto Nacional de Estadística (INE), en ayuntamientos y consulados españoles que no se les envíe propaganda electoral de cara a las próximas elecciones, que suponen la repetición de los del pasado 28 de abril ante la imposibilidad de formar gobierno.

Según los datos facilitados por el INE, recogidos por Europa Press, han sido 810.367 personas en el conjunto del país las que han pedido que se les excluya del censo que se reparte a los partidos y que estos utilizan para enviar propaganda electoral a los ciudadanos. Este es el número hasta el pasado 7 de octubre, la fecha tope para pedirlo y que fuera efectivo en estos comicios. Las peticiones que se reciban a partir de esa fecha no se aplicarán en las elecciones del 10 de noviembre y sí en las siguientes.

De esa cantidad, 808.493 corresponden al censo de españoles residentes (CER) y 1.874, al de los españoles que están residiendo fuera de España, los residentes ausentes (CERA).

El mayor número de peticiones se ha producido en Madrid, con 155.219 con mucha distancia de la siguiente circunscripción, que es Barcelona, donde un total de 89.698 ciudadanos no quieren que les envíen a casa propaganda electoral del 10N.

Les siguen Valencia, con 41.852 electores que rechazan la publicidad; Sevilla, con 39.865; Alicante, con 25.707; Zaragoza, con 24.736; La Coruña, con 20.503 y Cádiz con 20.255.

El resto de provincias bajan de la cifra de 20.000 electores, aunque se aproximan mucho: Granada, donde 19.161 ciudadanos han solicitado que no les sea enviada publicidad de los partidos y Murcia, donde lo han hecho 17.935.

Entre 15.000 y 16.000 electores lo han pedido en Asturias (16.039), Córdoba (16.206), Vizcaya (15.639) y Baleares (15.224); Pontevedra (14.923). Entre los 13.000 y los 14.000 ciudadanos, han pedido no recibir publicidad en Las Palmas (13.376); Tarragona (13.419) y Valladolid (12.430).

Y en el entorno de los 10.000 y los 12.000 ciudadanos, en Navarra (11.929); Santa Cruz de Tenerife (11.332); Álava (10.949) y Almería (9.324).

DONDE MENOS EN CEUTA, MELILLA Y SORIA
En el resto de las circunscripciones, las peticiones han estado por debajo de los 10.000 electores. Donde menos ha habido, con menos de 3.000 peticiones, ha sido en: Melilla (903); Ceuta (1.044); Soria (1.897); Cuenca (2.280); Ávila (2.825); Zamora (2.864) y Palencia (2.907). Entre 3.000 y 5.000 peticiones se ha producido en: Guadalajara (4.047); Lugo (4.174); Orense (4.603); Segovia (3.271) y Teruel (4.547).

Entre 5.000 y 10.000 electores: Almería (9.324); Cantabria (9.297); Gerona (8.615); Castellón (8.004); Badajoz (7.878); Huelva (7.697); Albacete (7.580); Cáceres (5.908); Ciudada Real (6.713); Lérida (5.156); La Rioja (7.173); Salamanca (6.982) y Toledo (7.641).

La decisión de recibir o no propaganda electoral ha cobrando importancia debido a que las elecciones que se celebren el 10 de noviembre serán las cuartas en cuatro años. De hecho, cuando se convocaron estas últimas, surgieron campañas en las redes sociales en las que se pedía que no se enviara propaganda electoral, ya que la convocatoria de unas nuevas elecciones cuesta unos 140 millones de euros.

Esta posibilidad de rechazar la propaganda electoral se aplicó ya en las elecciones del pasado 28 de abril y la medida es fruto de la reforma que se llevó a cabo en 2018 de la Ley Electoral General (LOREG). De hecho, el Instituto Nacional de Estadística informó el 7 de marzo pasado de que estaban a disposición de los electores, los formularios para poder aplicar esta medida ya en las elecciones de abril.

Los electores han podido realizar sus peticiones por internet, en la página web del Instituto Nacional de Estadística, en la siguiente dirección: https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias. Y también lo han hecho en los ayuntamientos, en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE).

FUente: (EUROPA PRESS)

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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