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Más de un 20% de mujeres entre 30 y 34 años presentan una baja reserva ovárica

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València, 21 nov. –  A día de hoy, la mujer afronta la treintena con vitalidad, múltiples retos en las diferentes áreas de su vida y plena capacidad física y mental. Desafortunadamente, la biología no acompaña cuando a la fertilidad se refiere, ya que, a partir de los 35 años, cuando la mayoría de las mujeres se encuentran en su momento vital más álgido, comienza un descenso en picado en su fertilidad.

“La sociedad ha cambiado, ha evolucionado, pero el reloj biológico de la mujer sigue rigiéndose por las mismas pautas que hace siglos, estableciendo la edad ideal para tener un bebé desde el punto de vista médico en la segunda década de la vida y hasta los 35 años, algo que choca frontalmente con el ritmo de vida al que se enfrenta la mujer actual”, explica el doctor Antonio Requena, director médico de IVI.

Esta realidad queda evidenciada por los últimos datos que se desprenden del estudio de fertilidad que IVI ha llevado a cabo a lo largo de 2018. Durante el pasado año, las clínicas que IVI tiene repartidas por la geografía española ofrecieron un análisis gratuito para que las mujeres pudieran conocer su reserva ovárica; una campaña para determinar la Hormona Antimülleriana (AMH) dirigida a mujeres de entre 25 y 38 años interesadas por saber el punto en el que se encontraba su fertilidad.

“La principal conclusión que podemos extraer de este estudio es que un 24% de mujeres entre 30-34 años presentan unos niveles que se consideran relacionados con una reserva ovárica disminuida, un dato cuanto menos alarmante”, comenta el Dr. Requena. Por su parte, de las mujeres menores de 30 años, un 12% presentó baja reserva ovárica, y de las mayores de 35 el porcentaje de baja reserva ascendió hasta el 33%.

Más de 3.000 mujeres formaron parte de este estudio, un 10% de las cuales optaron finalmente por un tratamiento reproductivo (bien preservación de la fertilidad o Fecundación in vitro).

Actualmente, el mayor número de mujeres que acude a las clínicas IVI para conocer su AMH supera los 34 años de edad (43,5% de mujeres que integraron el estudio).

“A medida que aumenta la edad de la mujer disminuye su número de ovocitos, por lo que es importante animar a las mujeres a revisar su reserva ovárica a partir de los 30 años, ya que como quien se realiza chequeos generales de salud anualmente, el estado de la fertilidad es un parámetro igualmente importante que toda mujer debe conocer y cuidar. En IVI somos conscientes de esta necesidad, por lo que esta campaña gratuita para conocer la reserva ovárica sigue en marcha a lo largo del presente año”, añade el Dr. Requena.

Prevención, la mejor respuesta a la realidad imparable del paso del tiempo

La mujer ostenta una libertad absoluta para decidir cada ámbito de su vida, pero el efecto de la edad sobre las posibilidades de ser madre ha ejercido históricamente una presión social sobre la mujer, que se ha enfrentado en muchas ocasiones a la disyuntiva de elegir cómo ordenar su vida y si renunciar o no a algo que debería ser un derecho.

“La infertilidad asociada a la edad materna avanzada representa la mayoría de casos de infertilidad femenina atendidos en nuestras consultas. Y nosotros, conscientes de esta realidad que pesa sobre la mujer, hemos querido ofrecer una alternativa enfocada hacia la libertad de elección y decisión: la preservación de la fertilidad”, apunta el Dr. Requena.

La vitrificación de óvulos, como lo fue la píldora anticonceptiva en su momento, ha supuesto una revolución femenina, permitiendo a la mujer decidir el mejor momento para ser madre, ganándole así el pulso al tiempo.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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