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Murcia no descarta confinar municipios por los rebrotes: «Los controles en los aeropuertos son totalmente ineficaces»

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional se plantea el confinamiento de varios municipios si empeora el brote activo por coronavirus originado en tres pasajeros de un vuelo de Bolivia, que ha dejado 32 casos positivos en Beniel, Santomera y Murcia. En rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento PosCovid, López Miras ha considerado «muy preocupante» el incremento de contagiados en la Región de Murcia, que ha tenido tres fuentes de covid-19 en las últimas semanas, de los que la consejería de Salud considera controlados dos. El confinamiento selectivo tampoco es descartado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dado por controlados el foco importado de Granada y tres afectados en Torre Pacheco y el positivo detectado en un inmigrante irregular llegado en patera a Águilas. Sin embargo, la comunidad ha puesto el foco en los contagiados por los casos importados de Bolivia, que suponen 32 de los 61 afectados activos en la región y la orden de suspensión temporal de la actividad en una empresa hortofrutícola en El Raal (Murcia), con 9 trabajadores positivos en PCR de las 100 primeras pruebas realizadas.

Al respecto, López Miras ha revelado que el confinamiento de los municipios más afectados por este brote será decidido en función de los parámetros del Servicio de Salud Pública y Epidemiología, pero ha recordado que la aparición de 7 casos positivos en Totana impidió que pasara a Fase 3 de la desescalada durante una semana.

«Nos lo jugamos todo», ha remarcado el presidente de la comunidad antes de censurar las «graves irresponsabilidades» que está habiendo entre la ciudadanía incumpliendo las normas de distanciamiento, higiene y protección. «Si la epidemia regresa, nos hunde y sería un golpe casi definitivo a miles de empleos, «, ha apostillado. Para López Miras, el rebrote importado de Bolivia demuestra que los controles en los aeropuertos son «totalmente ineficaces» y ha exigido al Gobierno central que, en coordinación con la Unión Europea, implante la obligación de realizar pruebas PCR en origen a los viajeros que vuelen a España.

Por ello, ha reclamado «mucho mayor control» de las personas que viajen desde lugares con «brotes o incidencia elevada», de forma que estén obligados a dar información precisa y detallada sobre ellos y su ubicación en España. «El examen visual no es serio; rellenan un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y tomar la temperatura no se debe tomar como referencia, según las autoridades médicas», ha afirmado López Miras antes de apuntar a la necesidad de implantar un sistema de «monitorización» de todos los turistas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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