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Murcia no descarta confinar municipios por los rebrotes: «Los controles en los aeropuertos son totalmente ineficaces»

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el Gobierno regional se plantea el confinamiento de varios municipios si empeora el brote activo por coronavirus originado en tres pasajeros de un vuelo de Bolivia, que ha dejado 32 casos positivos en Beniel, Santomera y Murcia. En rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento PosCovid, López Miras ha considerado «muy preocupante» el incremento de contagiados en la Región de Murcia, que ha tenido tres fuentes de covid-19 en las últimas semanas, de los que la consejería de Salud considera controlados dos. El confinamiento selectivo tampoco es descartado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En este sentido, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha dado por controlados el foco importado de Granada y tres afectados en Torre Pacheco y el positivo detectado en un inmigrante irregular llegado en patera a Águilas. Sin embargo, la comunidad ha puesto el foco en los contagiados por los casos importados de Bolivia, que suponen 32 de los 61 afectados activos en la región y la orden de suspensión temporal de la actividad en una empresa hortofrutícola en El Raal (Murcia), con 9 trabajadores positivos en PCR de las 100 primeras pruebas realizadas.

Al respecto, López Miras ha revelado que el confinamiento de los municipios más afectados por este brote será decidido en función de los parámetros del Servicio de Salud Pública y Epidemiología, pero ha recordado que la aparición de 7 casos positivos en Totana impidió que pasara a Fase 3 de la desescalada durante una semana.

«Nos lo jugamos todo», ha remarcado el presidente de la comunidad antes de censurar las «graves irresponsabilidades» que está habiendo entre la ciudadanía incumpliendo las normas de distanciamiento, higiene y protección. «Si la epidemia regresa, nos hunde y sería un golpe casi definitivo a miles de empleos, «, ha apostillado. Para López Miras, el rebrote importado de Bolivia demuestra que los controles en los aeropuertos son «totalmente ineficaces» y ha exigido al Gobierno central que, en coordinación con la Unión Europea, implante la obligación de realizar pruebas PCR en origen a los viajeros que vuelen a España.

Por ello, ha reclamado «mucho mayor control» de las personas que viajen desde lugares con «brotes o incidencia elevada», de forma que estén obligados a dar información precisa y detallada sobre ellos y su ubicación en España. «El examen visual no es serio; rellenan un papel diciendo que no se tiene la enfermedad y tomar la temperatura no se debe tomar como referencia, según las autoridades médicas», ha afirmado López Miras antes de apuntar a la necesidad de implantar un sistema de «monitorización» de todos los turistas.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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