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Pedro Agramunt, protagonista del último escándalo del PP de València

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La Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha señalado en un informe este lunes que tiene «fuertes sospechas» de que el expresidente de la Asamblea, el senador valenciano del PP Pedro Agramunt, fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta».

Entre las actividades que describe se encuentran prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès, caviar y sobres con billetes de 500 euros.

El PP DICE CREER EN AGRAMUNT

Un nuevo escándalo que ya ha tenido las primeras reacciones. Por un lado, el PP en el Senado ha dado credibilidad este martes a las explicaciones del senador ‘popular’ y miembro de la Asamblea del Consejo de Europa, Pedro Agramunt, que ha sido señalado por un investigación independiente del Consejo como partícipe de «actividad de naturaleza corrupta» como miembro de la institución. El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, ha hablado con Agramunt, da «solidez» a sus argumentaciones y descarta emprender acciones hasta que se resuelva el caso.

En declaraciones a periodistas en el Senado, Barreiro ha optado por esperar a ver cómo se resuelve este escándalo, si bien ha asegurado que ha realizado averiguaciones «a título personal» y considera que las argumentaciones del senador valenciano «tienen base», «solidez» y «son coherentes».

«¿Por qué vamos a adelantarnos a ningún acontecimiento, por qué vamos a juzgar antes de que haya un pronunciamiento?, no es lógico», ha asegurado sobre posibles medidas preventivas que pudiera tomar el Grupo Popular en el Senado.

Para Barreiro la sospechas contra Agramunt en el Consejo de Europa no están relacionadas con su cargo como senador electo. «No depende nada una cosa de otra», ha zanjado.

Y preguntado por la situación en la que queda Agramunt como representante de España en el Consejo de Europa, Barreiro ha evitado pronunciarse asegurando que la investigación menciona a otros cargos públicos. El informe también hace referencia a actuaciones sospechosas del diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, y del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, durante misiones de observación internacional en las elecciones de Azerbaiyán en 2015.

Este lunes se conoció un informe de la Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en el que se indica que Agramunt fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta». Le acusa de beneficiar a Azerbaiyán en sus decisiones en la institución, país que le habría aupado a la presidencia de la Asamblea con respaldo incluso financiero.

En un comunicado, Agramunt califica de «manipulaciones», «fábulas» y «rumores interesados» las conclusiones del informe sobre supuesta corrupción y mala praxis, y critica el espíritu de la investigación señalando que se basa en «una actitud claramente inquisitorial cuyo método retrotrae a la Edad Media».

EL PSOE EXIGE QUE SEA APARTADO DEL CONSEJO DE EUROPA
En rueda de prensa tras la junta de Portavoces, el socialista Ander Gil, ha señalado que las «dudas razonables» sobre Agramunt son «insostenibles», por lo que ha solicitado al PP que le retire «preventivamente» del Consejo de Europa.

«Exigimos al PP que proceda de manera preventiva a apartar a este senador del Consejo de Europa porque no es la mejor carta de presentación de España ante el mundo. Es una decisión que pueden tomar esta misma tarde», ha reiterado el portavoz socialista.

Ander Gil ha ido más allá y se ha preguntado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respalda a Agramunt. «Llueve sobre mojado», ha cargado el portavoz socialista, quien asegura que el senador del PP está salpicado por «cuestiones turbias desde el caso Naseiro».

Agramunt abandonó su cargo como presidente de la Asamblea del Consejo de Europa tras verse sumido en otro escándalo por una visita institucional a Siria que no fue comunicada ni aprobada por el Ministerio de Exteriores.

El PSOE también pone el foco sobre Ciudadanos, del que dice que impulsa una regeneración de «bajo perfil», y se pregunta si su presidente Albert Rivera «también traga» con este escándalo en el marco de la negociación de los Presupuestos, tras aceptar que la senadora Pilar Barreiro pasara del Grupo Popular al Mixto para desbloquear los presupuestos.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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