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Pedro Agramunt, protagonista del último escándalo del PP de València

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La Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha señalado en un informe este lunes que tiene «fuertes sospechas» de que el expresidente de la Asamblea, el senador valenciano del PP Pedro Agramunt, fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta».

Entre las actividades que describe se encuentran prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès, caviar y sobres con billetes de 500 euros.

El PP DICE CREER EN AGRAMUNT

Un nuevo escándalo que ya ha tenido las primeras reacciones. Por un lado, el PP en el Senado ha dado credibilidad este martes a las explicaciones del senador ‘popular’ y miembro de la Asamblea del Consejo de Europa, Pedro Agramunt, que ha sido señalado por un investigación independiente del Consejo como partícipe de «actividad de naturaleza corrupta» como miembro de la institución. El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, ha hablado con Agramunt, da «solidez» a sus argumentaciones y descarta emprender acciones hasta que se resuelva el caso.

En declaraciones a periodistas en el Senado, Barreiro ha optado por esperar a ver cómo se resuelve este escándalo, si bien ha asegurado que ha realizado averiguaciones «a título personal» y considera que las argumentaciones del senador valenciano «tienen base», «solidez» y «son coherentes».

«¿Por qué vamos a adelantarnos a ningún acontecimiento, por qué vamos a juzgar antes de que haya un pronunciamiento?, no es lógico», ha asegurado sobre posibles medidas preventivas que pudiera tomar el Grupo Popular en el Senado.

Para Barreiro la sospechas contra Agramunt en el Consejo de Europa no están relacionadas con su cargo como senador electo. «No depende nada una cosa de otra», ha zanjado.

Y preguntado por la situación en la que queda Agramunt como representante de España en el Consejo de Europa, Barreiro ha evitado pronunciarse asegurando que la investigación menciona a otros cargos públicos. El informe también hace referencia a actuaciones sospechosas del diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, y del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, durante misiones de observación internacional en las elecciones de Azerbaiyán en 2015.

Este lunes se conoció un informe de la Comisión independiente que investiga supuestos casos de corrupción en el que se indica que Agramunt fue partícipe de «actividad de naturaleza corrupta». Le acusa de beneficiar a Azerbaiyán en sus decisiones en la institución, país que le habría aupado a la presidencia de la Asamblea con respaldo incluso financiero.

En un comunicado, Agramunt califica de «manipulaciones», «fábulas» y «rumores interesados» las conclusiones del informe sobre supuesta corrupción y mala praxis, y critica el espíritu de la investigación señalando que se basa en «una actitud claramente inquisitorial cuyo método retrotrae a la Edad Media».

EL PSOE EXIGE QUE SEA APARTADO DEL CONSEJO DE EUROPA
En rueda de prensa tras la junta de Portavoces, el socialista Ander Gil, ha señalado que las «dudas razonables» sobre Agramunt son «insostenibles», por lo que ha solicitado al PP que le retire «preventivamente» del Consejo de Europa.

«Exigimos al PP que proceda de manera preventiva a apartar a este senador del Consejo de Europa porque no es la mejor carta de presentación de España ante el mundo. Es una decisión que pueden tomar esta misma tarde», ha reiterado el portavoz socialista.

Ander Gil ha ido más allá y se ha preguntado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respalda a Agramunt. «Llueve sobre mojado», ha cargado el portavoz socialista, quien asegura que el senador del PP está salpicado por «cuestiones turbias desde el caso Naseiro».

Agramunt abandonó su cargo como presidente de la Asamblea del Consejo de Europa tras verse sumido en otro escándalo por una visita institucional a Siria que no fue comunicada ni aprobada por el Ministerio de Exteriores.

El PSOE también pone el foco sobre Ciudadanos, del que dice que impulsa una regeneración de «bajo perfil», y se pregunta si su presidente Albert Rivera «también traga» con este escándalo en el marco de la negociación de los Presupuestos, tras aceptar que la senadora Pilar Barreiro pasara del Grupo Popular al Mixto para desbloquear los presupuestos.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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