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Podemos quiere un gobierno «a la valenciana» para España

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La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que el modelo de gobierno pactado en la Comunidad de Valencia, con una vicepresidencia para la formación ‘morada’, se puede «replicar en España», y apunta que ésa es la propuesta que defienden desde su partido: «Un gobierno de PSOE y Unidas Podemos a la valenciana«. Además, ha confirmado que se implicarán de forma discreta en la búsqueda de apoyos a ese Ejecutivo.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del grupo confederal en el Congreso de los Diputados, Montero ha señalado que las declaraciones de ayer del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien no descarta ahora que haya miembros de Podemos en el Gobierno, «es una buena noticia», y ha apuntado que la mejor opción para España es clara, «un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos».

Así, ha incidido en que el modelo de Valencia, donde además de una vicepresidencia los morados tendrán dos consellerias (Transparencia y Vivienda), puede trasladarse a nivel estatal, pero ha recordado que desde su formación prefieren ser discretos en la negociación y ha volcado la iniciativa en Pedro Sánchez y el PSOE, desde donde les debe llegar una propuesta.

En cuanto a las negociaciones con el resto de fuerzas parlamentarias para lograr la investidura de Sánchez, Montero ha recordado que el liderazgo de las mismas le corresponde al PSOE, pero ha asegurado que desde Unidas Podemos «no cabe duda» de que se implicarán en el trabajo para conseguir sacar adelante el gobierno de coalición.

«Estaremos implicadas en la construcción del gobierno progresista, pero en una posición de más discreción. ¿Nos quedaremos de brazos cruzados si depende de nosotros que haya gobierno de coalición progresista? La respuesta es que estaremos siempre comprometidas, de forma activa pero discreta, porque el liderazgo se lo han dado los ciudadanos al PSOE», ha indicado, para luego añadir que no serán «pasivos» en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas, pero sí discretos.

La ronda de contactos del PSOE con las diferentes fuerzas parlamentarias para buscar apoyos a la investidura de Sánchez termina este jueves. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne en el Congreso con los independentistas de Junts y de Esquerra Republicana (ERC).

 

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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