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Primera jornada en València de prevención del suicidio en el ámbito policial

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El alcalde de València, Joan Ribó, ha dicho esta mañana que los poderes públicos no deben esconderse, sino afrontar y contribuir a prevenir un problema como el del suicidio en el ámbito policial, que es la primera causa de muerte entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ribó ha participado en la apertura de la 1ª Jornada de Prevención del Suicidio celebrada en España y organizada conjuntamente por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Sindicato Unificado de Policía y la sección sindical de CC.OO de la Policía Local.

“Estamos ante un problema serio, el del suicidio en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Un problema que no se ha de esconder sino que se ha de afrontar y llevar a cabo una política preventiva. Es posible buscar las causas y es posible trabajar conjuntamente como ya se está haciendo desde la Plataforma Suicidio Cero. Hemos de ponernos a trabajar todos y todas para eliminar las causas que provocan esas situaciones extremas, buscar y encontrar el camino para evitar esos suicidios. Para eso contamos con psicólogos, con psiquiatras, con especialistas en prevención de riesgos laborales”.

En su intervención, tras las realizadas por el secretario general de CCOO-PV, Arturo León, y el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, Ribó ha destacado la importancia del asunto a debate en la jornada celebrada en la sede de Comisiones Obreras con intervención de numerosos especialistas. “Creo que es muy importante hacer caso de este tema porque no es algo baladí, es la primera causa de muertes en las fuerzas de seguridad. Los poderes públicos deben afrontar el debate sobre el suicidio en el ámbito policíal desde la empatía y la imlpicación, porque es grave y no cabe ni la deisidia ni la indiferencia”, ha dicho Ribó. “Es bueno escuchar la voz de los profesionales y ponerse en sus manos, porque hay terapias y medios para contrarrestar, porque es posible una actitud preventiva que ha de ir unida a un análisis riguroso de las causas”, ha continuado el alcalde.

Arturo León, de CCOO, ha resaltado la necesidad de una acción preventiva y la importancia de “unas condiciones de trabajo que protejan la vida y la salud de los trabajadores del ámbito policial para que puedan realizar su cometido en las mejores condiciones”, y ha añadido que “los protocolos actuales están obsoletos y han de ser revisados”.

Josep María Ángel, de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, además de elogiar “el cambio de paradigma y la nueva metodologia de servicio a la ciudadanía por parte de la Policía local”, ha pedido “una reflexión colectiva y una actitud crítica para hacer frente e identificar las causas de los problemas de salud que pueden conducir al siuicidio”.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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