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Puig no descarta confinar otras poblaciones valencianas, ¿cuáles podrían ser las próximas?

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Tras ordenar el confinamiento del municipio valenciano de Benigànim «para evitar al máximo los contagios», el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que no descarta aplicar estas medidas en otras poblaciones de la Comunitat Valenciana.

«Si es necesario hay que aplicar todas las medidas para restringir y evitar al máximo los contagios que se pueden producir. Por tanto, es una medida a favor de la seguridad sanitaria de la ciudadanía que hay que tomar cuando se ve que puede propagarse el virus más allá de lo razonable de la pandemia», ha argumentado el Jefe del Consell.

Así lo ha especificado Puig en una entrevista en la Cadena Ser tras la decisión tomada con Benigánim antes de que la situación de COVID-19 en esta población se tornara de mayor «gravedad». «Tampoco es que haya una gravedad enorme pero antes de llegar esa gravedad lo que tenemos que intentar es paliar los contagios e intentar minimizarlos», ha manifestado el presidente, que ha comentado que el objetivo es «generar la mayor seguridad en el ámbito sanitario, en la vuelta al cole y en el desarrollo de la economía».

Ximo Puig ha admitido que «el retrato de la situación actual hay que tener en cuenta que estamos detectando muchos casos en las últimas semanas» pero ha apuntado que los índices de mortalidad han bajado y también los ingresos en los hospitales.

EL Presidente de la Generalitat ha apuntado que «cada día se hacen más de 9.000 PCR» logrando con ello «detectar rápidamente» los casos positivos, al tiempo que ha manifestado que «esa detección hace que se puedan tomar medidas».

Puig ha asegurado que «el sistema está funcionando dentro de las dificultades» y se debe «analizar profundamente con los expertos por qué en España, en general, hay una tasa de contagios mayor que en otros países europeos».

Cuestionado sobre la gestión de la pandemia desde el Gobierno central y desde las autonomías, el presidente de la Generalitat ha indicado que se debe «asumir la corresponsabilidad» y ha recalcado en que «cada uno tiene que, desde su ámbito de competencias, actuar coordinadamente asumiendo su responsabilidad».

Con todo ello, Puig ha mostrado que su Ejecutivo no descarta poder aplicar las mismas medidas que este lunes se han impuesto en Benigànim en otras poblaciones valencianas según los datos de contagio que se vayan produciendo y en aquellas donde crezcan o se den mayores rebrotes, con la finalidad principal de «evitar contagios».

Estado de alarma autonómico
Sobre la posibilidad de establecer el Estado de Alarma autonómico, Puig considera que «no se puede por parte de algunas autonomías pedir que no haya estado de alarma, que esté todo circunscrito a su propia comunidad autónoma, y ahora que se han dado todas las oportunidades, incluso la posibilidad de pedir el estado de alarma para su comunidad, que se plantee que el Estado debe centralizar».

El Presidente de la Generalitat ha afirmado se trata de una gestión basada «en la lealtad, en la corresponsabilidad y en esa alianza necesaria con la ciudadanía» porque al final son los ciudadanos los que deciden seguir los criterios de la autoridad sanitaria». Puig ha valorado positivamente que en la Comunitat Valenciana esa decisión ha sido mayoritaria y ha apuntado que «más del 92 por ciento de los valencianos siguió el confinamiento».

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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