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¿Quiénes podrán pedir la Renta Valenciana de Inclusión?

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La nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuyo anteproyecto pasará en breve por el pleno del Consell, incluirá, entre otras medidas un complemento hasta el salario mínimo interprofesional de aquellas personas que, teniendo un trabajo o una pensión, especialmente las no contributivas, no llegan a final de mes.

«Es un paso de gigante, ya que somos una de las primeras comunidades autónomas que vamos a regular esta cuestión, lo que significa atacar el problema de los trabajadores y trabajadoras pobres», ha enfatizado Oltra.

Esta es una de las cuestiones que se ha analizado en la Mesa de Recuperación Social, en la que han participado representantes de los sindicatos UGT PV y CCOO PV y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Al término de la reunión, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que uno de los principales temas que se han abordado en la Mesa de Recuperación Social es la nueva ley de Renta de Inclusión y, en concreto, el complemento que aborda un problema social como es el de «los trabajadores pobres»

Para la vicepresidenta, se trata de una cuestión que está «muy candente» porque «son personas que no tienen problemas de inserción laboral, ni de inserción social, sino que están perfectamente integrados en la sociedad, pero no llegan a final de mes por sus ingresos».

A este respecto, Oltra ha puesto de relieve también que la mayoría de las personas que se ven en esta situación son mujeres, «de manera que este complemento a la renta pretende luchar contra el empobrecimiento y, en concreto, contra el empobrecimiento feminizado».

Impulsar el diálogo social

La Mesa de Recuperación Social es una de las tres mesas sectoriales constituidas por el Consell para poner en marcha el proceso formal de diálogo social con sindicatos y empresarios, con el fin de cerrar un gran acuerdo estratégico para el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, además de analizar la nueva ley de Renta de Inclusión, los integrantes de la Mesa de Recuperación Social han hecho un repaso de las decisiones que se están tomando por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se están negociando, tanto con los sectores empresariales, como sindicales.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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