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¿Quiénes podrán pedir la Renta Valenciana de Inclusión?

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La nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuyo anteproyecto pasará en breve por el pleno del Consell, incluirá, entre otras medidas un complemento hasta el salario mínimo interprofesional de aquellas personas que, teniendo un trabajo o una pensión, especialmente las no contributivas, no llegan a final de mes.

«Es un paso de gigante, ya que somos una de las primeras comunidades autónomas que vamos a regular esta cuestión, lo que significa atacar el problema de los trabajadores y trabajadoras pobres», ha enfatizado Oltra.

Esta es una de las cuestiones que se ha analizado en la Mesa de Recuperación Social, en la que han participado representantes de los sindicatos UGT PV y CCOO PV y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Al término de la reunión, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que uno de los principales temas que se han abordado en la Mesa de Recuperación Social es la nueva ley de Renta de Inclusión y, en concreto, el complemento que aborda un problema social como es el de «los trabajadores pobres»

Para la vicepresidenta, se trata de una cuestión que está «muy candente» porque «son personas que no tienen problemas de inserción laboral, ni de inserción social, sino que están perfectamente integrados en la sociedad, pero no llegan a final de mes por sus ingresos».

A este respecto, Oltra ha puesto de relieve también que la mayoría de las personas que se ven en esta situación son mujeres, «de manera que este complemento a la renta pretende luchar contra el empobrecimiento y, en concreto, contra el empobrecimiento feminizado».

Impulsar el diálogo social

La Mesa de Recuperación Social es una de las tres mesas sectoriales constituidas por el Consell para poner en marcha el proceso formal de diálogo social con sindicatos y empresarios, con el fin de cerrar un gran acuerdo estratégico para el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, además de analizar la nueva ley de Renta de Inclusión, los integrantes de la Mesa de Recuperación Social han hecho un repaso de las decisiones que se están tomando por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se están negociando, tanto con los sectores empresariales, como sindicales.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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