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¿Quiénes podrán pedir la Renta Valenciana de Inclusión?

Publicado

hace 9 años

en

La nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, cuyo anteproyecto pasará en breve por el pleno del Consell, incluirá, entre otras medidas un complemento hasta el salario mínimo interprofesional de aquellas personas que, teniendo un trabajo o una pensión, especialmente las no contributivas, no llegan a final de mes.

«Es un paso de gigante, ya que somos una de las primeras comunidades autónomas que vamos a regular esta cuestión, lo que significa atacar el problema de los trabajadores y trabajadoras pobres», ha enfatizado Oltra.

Esta es una de las cuestiones que se ha analizado en la Mesa de Recuperación Social, en la que han participado representantes de los sindicatos UGT PV y CCOO PV y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

Al término de la reunión, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que uno de los principales temas que se han abordado en la Mesa de Recuperación Social es la nueva ley de Renta de Inclusión y, en concreto, el complemento que aborda un problema social como es el de «los trabajadores pobres»

Para la vicepresidenta, se trata de una cuestión que está «muy candente» porque «son personas que no tienen problemas de inserción laboral, ni de inserción social, sino que están perfectamente integrados en la sociedad, pero no llegan a final de mes por sus ingresos».

A este respecto, Oltra ha puesto de relieve también que la mayoría de las personas que se ven en esta situación son mujeres, «de manera que este complemento a la renta pretende luchar contra el empobrecimiento y, en concreto, contra el empobrecimiento feminizado».

Impulsar el diálogo social

La Mesa de Recuperación Social es una de las tres mesas sectoriales constituidas por el Consell para poner en marcha el proceso formal de diálogo social con sindicatos y empresarios, con el fin de cerrar un gran acuerdo estratégico para el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, además de analizar la nueva ley de Renta de Inclusión, los integrantes de la Mesa de Recuperación Social han hecho un repaso de las decisiones que se están tomando por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se están negociando, tanto con los sectores empresariales, como sindicales.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

Publicado

hace 1 hora

en

7 abril, 2026

De

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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