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Sánchez viaja a Barcelona para visitar a los tres policías heridos en los disturbios y contesta por carta a Torra

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Barcelona para visitar a los tres policías heridos en los disturbios acontecidos tras la sentencia del procés en la ciudad condal. Un viaje que se mantiene en la máxima discreción para, según fuentes del Gobierno, evitar manifestaciones e imágenes de tensión en los puntos donde acuda el Presidente de Gobierno.

El ejecutivo ha hecho pública también una carta del Presidente del Gobierno al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que explica los motivos de su negativa a hablar con el dirigente catalán.

‘Sr Quim Torra:
En respuesta a su carta del 19 de octubre y a los emplazamientos públicos que ha formulado en estos días, me permito recordarle que el primer deber de cualquier responsable público es velar por la seguridad de los ciudadanos, así como la de cualquier espacio público o privado frente a las conductas violentas.
El segundo deber es preservar la convivencia entre todos los integrantes de la sociedad civil y evitar la fractura de su comunidad.

Su conducta se ha movido en los pasados días justamente en sentido contrario:

1/ Ha evitado condenar de moda tajante e inequívoco las conductas violentas que se han manifestado con virulencia y asiduidad en diversos puntos de Cataluña. Incluso a poca distancia de su despacho.
2/ Ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales, que protegen el orden público con gran profesionalidad y exponiéndose a graves riegos.
3/ Ha vuelto la espalda e ignorado a más de la mitad de la población catalana simplemente porque no comparte sus propósitos en vez de comportarse como el presidente de todos los catalanes.

Por todo ello me veo en el deber de recordarle las tres obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor: condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten, y evitar la discordia civil.

Atentamente:
Pedro Sánchez’

Carta Sánchez a Torra

El envío de esta carta se produce tras el reclamo de Torra el pasado sábado de la apertura de un proceso de diálogo ‘sin condiciones’ y de varias llamadas a Moncloa que no han sido respondidas por parte del presidente del Ejecutivo Central.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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