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Sanidad hace públicos los motivos por los que la Comunitat se quedó sin pasar de fase

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Veinte días después se han conocido los motivos por lo que el Ministerio de Sanidad impidió que la Comunitat pasara íntegramente a la fase 1 de desescalada el 11 de mayo. Este informe que Sanidad colgó a última hora de este lunes en su web,  pedía «un esfuerzo» para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus «contactos estrechos».

Concretamente, solicitaba «especial atención» en las zonas de cada provincia donde se concentraban más casos: los departamentos de Castellón y La Plana en Castellón; los departamentos de València ciudad y su área metropolitana, y los departamentos de la conurbación Alicante-Elche.

El Ministerio de Sanidad también pedía hacer diagnóstico con PCR «al menos a un porcentaje importante» de los casos que permanecieran con síntomas de los más de 2.000 que la semana anterior a la entrega del informe habían quedado «en seguimiento sin realización de pruebas».

Además, otra de las «recomendaciones de mejora» era la referida a que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.

Este informe, que está firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, permitió una desescalada «fragmentada» y que pasaran a la fase 1 los 10 departamentos de salud de la Comunitat que tenían una tasa de incidencia menor de 1’5 casos por cada 10.000 habitantes o tenían «salvedades» de movilidad y sociodemográficas.

Además, alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores, y de que hasta el 30 de abril se habían hecho en la Comunitat 115.377 PCR, lo que supone una tasa de 23,08 por cada mil habitantes.

El Ministerio afirmaba asimismo que era «importante» garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar la COVID-19, ya que si la proporción de positivos detectados la semana anterior se mantuviera, indicaría que hay «una circulación considerable del virus en la Comunidad, con el riesgo de un nuevo aumento de casos si no se controla».

El informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

El segundo informe del Ministerio, elaborado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunitat contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.

Pero también apunta algunas «observaciones especiales», como que el departamento de La Plana presenta una carga hospitalaria de pacientes COVID-19 por encima del resto de hospitales, y pide reforzar la vigilancia y observar la evolución del departamento de La Ribera, ante el incremento de casos de la última semana.

Otras recomendaciones son asegurar la realización de pruebas PCR al 100 % de sus casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.

En cuanto a las residencias u otros centros sociosanitarios, aconseja prestar atención a los departamentos de La Plana, Valencia-La Fe y Alicante-Sant Joan, cuyo porcentaje del total de residencias con casos supera el 15 % (el porcentaje total de la Comunitat es del 7,8 %).

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España reabre el debate sobre el burka entre seguridad, derechos y política

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Un nuevo frente político por la regulación del burka

El debate sobre la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos ha vuelto al primer plano político en España después de que Junts anunciara que no apoyará la propuesta presentada por Vox en el Congreso, pese a coincidir en su rechazo al uso del velo integral.

La formación vinculada a Carles Puigdemont ha registrado su propio proyecto de ley, que incluiría la prohibición de estas prendas en espacios públicos junto con la petición de delegación de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, asegurando que la iniciativa será “rigurosa” y alineada con estándares europeos.


🏛️ El rechazo de Junts bloquea la iniciativa de Vox

El voto en contra de Junts dificulta que la proposición de Vox prospere, incluso contando con el apoyo del Partido Popular.

Desde la formación catalana sostienen que se oponen al burka por considerarlo una forma de opresión, pero rechazan respaldar iniciativas de Vox, a quien acusan de mantener posiciones contrarias a los derechos humanos y a Cataluña.

Por su parte, Vox ha criticado la decisión y ha acusado a Junts de actuar por cálculo electoral, defendiendo que la prohibición responde a la protección de los valores culturales y de la igualdad entre hombres y mujeres.


🌍 ¿Qué ocurre en Europa con el burka y el nicab?

Varios países europeos han aprobado restricciones al velo integral en espacios públicos —como Francia, Bélgica o Austria— principalmente por motivos de seguridad, identificación y laicidad, lo que sirve de referencia en el debate español.

El argumento habitual en Europa combina tres ejes:

  • Seguridad pública e identificación

  • Neutralidad en espacios comunes

  • Igualdad de género


📊 Posibles consecuencias para España

1️⃣ Impacto político y polarización

La discusión puede intensificar la polarización política y convertirse en un tema central del debate sobre inmigración, identidad cultural y derechos individuales.

2️⃣ Debate jurídico y constitucional

Una eventual prohibición podría enfrentarse a recursos legales por posibles conflictos con derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad individual.

3️⃣ Integración social y convivencia

Algunos expertos advierten que medidas restrictivas pueden dificultar la integración si se perciben como estigmatizantes, mientras que otros sostienen que favorecen la cohesión social y la igualdad.

4️⃣ Implicaciones en seguridad

Los defensores argumentan que facilitaría la identificación en espacios públicos, especialmente en ámbitos sensibles como edificios oficiales o transportes.

5️⃣ Repercusión internacional

La decisión podría influir en la imagen de España en materia de derechos civiles y políticas migratorias dentro de la Unión Europea.


👩‍⚖️ Feminismo, religión y libertad: un debate complejo

El uso del burka y el nicab genera un intenso debate entre quienes lo consideran una expresión religiosa o cultural y quienes lo ven como un símbolo de desigualdad de género. Esta tensión refleja un dilema más amplio entre proteger libertades individuales y promover valores de igualdad.


🔎 Un tema que seguirá en la agenda

Con propuestas legislativas en marcha y posiciones políticas enfrentadas, el debate sobre el velo integral en España seguirá evolucionando en los próximos meses, especialmente en un contexto de creciente discusión sobre inmigración y convivencia cultural.

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