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Sanidad hace públicos los motivos por los que la Comunitat se quedó sin pasar de fase

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Veinte días después se han conocido los motivos por lo que el Ministerio de Sanidad impidió que la Comunitat pasara íntegramente a la fase 1 de desescalada el 11 de mayo. Este informe que Sanidad colgó a última hora de este lunes en su web,  pedía «un esfuerzo» para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus «contactos estrechos».

Concretamente, solicitaba «especial atención» en las zonas de cada provincia donde se concentraban más casos: los departamentos de Castellón y La Plana en Castellón; los departamentos de València ciudad y su área metropolitana, y los departamentos de la conurbación Alicante-Elche.

El Ministerio de Sanidad también pedía hacer diagnóstico con PCR «al menos a un porcentaje importante» de los casos que permanecieran con síntomas de los más de 2.000 que la semana anterior a la entrega del informe habían quedado «en seguimiento sin realización de pruebas».

Además, otra de las «recomendaciones de mejora» era la referida a que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.

Este informe, que está firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, permitió una desescalada «fragmentada» y que pasaran a la fase 1 los 10 departamentos de salud de la Comunitat que tenían una tasa de incidencia menor de 1’5 casos por cada 10.000 habitantes o tenían «salvedades» de movilidad y sociodemográficas.

Además, alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores, y de que hasta el 30 de abril se habían hecho en la Comunitat 115.377 PCR, lo que supone una tasa de 23,08 por cada mil habitantes.

El Ministerio afirmaba asimismo que era «importante» garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar la COVID-19, ya que si la proporción de positivos detectados la semana anterior se mantuviera, indicaría que hay «una circulación considerable del virus en la Comunidad, con el riesgo de un nuevo aumento de casos si no se controla».

El informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

El segundo informe del Ministerio, elaborado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunitat contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.

Pero también apunta algunas «observaciones especiales», como que el departamento de La Plana presenta una carga hospitalaria de pacientes COVID-19 por encima del resto de hospitales, y pide reforzar la vigilancia y observar la evolución del departamento de La Ribera, ante el incremento de casos de la última semana.

Otras recomendaciones son asegurar la realización de pruebas PCR al 100 % de sus casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.

En cuanto a las residencias u otros centros sociosanitarios, aconseja prestar atención a los departamentos de La Plana, Valencia-La Fe y Alicante-Sant Joan, cuyo porcentaje del total de residencias con casos supera el 15 % (el porcentaje total de la Comunitat es del 7,8 %).

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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