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Sanidad hace públicos los motivos por los que la Comunitat se quedó sin pasar de fase

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Veinte días después se han conocido los motivos por lo que el Ministerio de Sanidad impidió que la Comunitat pasara íntegramente a la fase 1 de desescalada el 11 de mayo. Este informe que Sanidad colgó a última hora de este lunes en su web,  pedía «un esfuerzo» para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus «contactos estrechos».

Concretamente, solicitaba «especial atención» en las zonas de cada provincia donde se concentraban más casos: los departamentos de Castellón y La Plana en Castellón; los departamentos de València ciudad y su área metropolitana, y los departamentos de la conurbación Alicante-Elche.

El Ministerio de Sanidad también pedía hacer diagnóstico con PCR «al menos a un porcentaje importante» de los casos que permanecieran con síntomas de los más de 2.000 que la semana anterior a la entrega del informe habían quedado «en seguimiento sin realización de pruebas».

Además, otra de las «recomendaciones de mejora» era la referida a que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.

Este informe, que está firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, permitió una desescalada «fragmentada» y que pasaran a la fase 1 los 10 departamentos de salud de la Comunitat que tenían una tasa de incidencia menor de 1’5 casos por cada 10.000 habitantes o tenían «salvedades» de movilidad y sociodemográficas.

Además, alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores, y de que hasta el 30 de abril se habían hecho en la Comunitat 115.377 PCR, lo que supone una tasa de 23,08 por cada mil habitantes.

El Ministerio afirmaba asimismo que era «importante» garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar la COVID-19, ya que si la proporción de positivos detectados la semana anterior se mantuviera, indicaría que hay «una circulación considerable del virus en la Comunidad, con el riesgo de un nuevo aumento de casos si no se controla».

El informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

El segundo informe del Ministerio, elaborado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunitat contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.

Pero también apunta algunas «observaciones especiales», como que el departamento de La Plana presenta una carga hospitalaria de pacientes COVID-19 por encima del resto de hospitales, y pide reforzar la vigilancia y observar la evolución del departamento de La Ribera, ante el incremento de casos de la última semana.

Otras recomendaciones son asegurar la realización de pruebas PCR al 100 % de sus casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.

En cuanto a las residencias u otros centros sociosanitarios, aconseja prestar atención a los departamentos de La Plana, Valencia-La Fe y Alicante-Sant Joan, cuyo porcentaje del total de residencias con casos supera el 15 % (el porcentaje total de la Comunitat es del 7,8 %).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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