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Sanidad hace públicos los motivos por los que la Comunitat se quedó sin pasar de fase

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Veinte días después se han conocido los motivos por lo que el Ministerio de Sanidad impidió que la Comunitat pasara íntegramente a la fase 1 de desescalada el 11 de mayo. Este informe que Sanidad colgó a última hora de este lunes en su web,  pedía «un esfuerzo» para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus «contactos estrechos».

Concretamente, solicitaba «especial atención» en las zonas de cada provincia donde se concentraban más casos: los departamentos de Castellón y La Plana en Castellón; los departamentos de València ciudad y su área metropolitana, y los departamentos de la conurbación Alicante-Elche.

El Ministerio de Sanidad también pedía hacer diagnóstico con PCR «al menos a un porcentaje importante» de los casos que permanecieran con síntomas de los más de 2.000 que la semana anterior a la entrega del informe habían quedado «en seguimiento sin realización de pruebas».

Además, otra de las «recomendaciones de mejora» era la referida a que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.

Este informe, que está firmado por la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, permitió una desescalada «fragmentada» y que pasaran a la fase 1 los 10 departamentos de salud de la Comunitat que tenían una tasa de incidencia menor de 1’5 casos por cada 10.000 habitantes o tenían «salvedades» de movilidad y sociodemográficas.

Además, alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores, y de que hasta el 30 de abril se habían hecho en la Comunitat 115.377 PCR, lo que supone una tasa de 23,08 por cada mil habitantes.

El Ministerio afirmaba asimismo que era «importante» garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar la COVID-19, ya que si la proporción de positivos detectados la semana anterior se mantuviera, indicaría que hay «una circulación considerable del virus en la Comunidad, con el riesgo de un nuevo aumento de casos si no se controla».

El informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

El segundo informe del Ministerio, elaborado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunitat contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.

Pero también apunta algunas «observaciones especiales», como que el departamento de La Plana presenta una carga hospitalaria de pacientes COVID-19 por encima del resto de hospitales, y pide reforzar la vigilancia y observar la evolución del departamento de La Ribera, ante el incremento de casos de la última semana.

Otras recomendaciones son asegurar la realización de pruebas PCR al 100 % de sus casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.

En cuanto a las residencias u otros centros sociosanitarios, aconseja prestar atención a los departamentos de La Plana, Valencia-La Fe y Alicante-Sant Joan, cuyo porcentaje del total de residencias con casos supera el 15 % (el porcentaje total de la Comunitat es del 7,8 %).

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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