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Sanidad no descarta más casos de fallecimientos pero no sabrán hasta que el Registro les pase los datos

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VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) –

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que los datos de fallecimientos que trasladan al Ministerio para su contabilización son aquellos que están confirmados que han muerto con Covid-19 y, aunque no descarta que pueda más supuestos, tardarán bastante tiempo en poderlo concretar, hasta que no les lleguen los datos de los Registros Civiles y se vuelquen en Salud Pública, un proceso que en circunstancias normales tarda tres meses.

Así lo ha indicado Barceló en su comparecencia de este miércoles para informar de la evolución del coronavirus en la Comunitat Valenciana, una pandemia que, hasta la fecha, ha costado la vida a 724 personas en la Comunitat Valenciana, 89 en Castellón, 292 en Alicante y 343 en Valencia, de las que 218 son usuarias de residencias de mayores.

«Los datos que facilitamos son personas que están hospitalizadas o se han hecho seguimiento en domicilio y se sabe por test que tienen coronavirus o que están en residencia, es lo que damos todos los días al Ministerio», ha precisado.

Preguntada por los datos que pueda haber de fallecimientos en Registros Civiles y por si los familiares podrán solicitar necropsias para poder tener evidencias científicas y reclamar judicialmente por los fallecimientos, la consellera ha recordado que actualmente están prohibidas las autopsias, «se entenderá perfectamente por qué», ha precisado, y ha hecho hincapié en que «sin ninguna duda», los datos de los que disponen son los que comunican al Ministerio.

«Es un dato que se está pidiendo en todas las comunidades autónomas; damos los datos que tenemos y los que nos están certificando que efectivamente se les ha hecho el test y se sabe y se conoce» la causa de la muerte por Covid-19 tanto en hospital o en casa donde se le estuviera haciendo seguimiento domiciliario.

En esta línea, ha detallado que si alguna persona ha fallecido en casa y no se tenía conocimiento o sospecha de Covid-19, o bien sí la había pero no se le había podido realizar el test, «esa información la ofreceremos cuando tengamos esos datos», ya que el Registro Civil no remite inmediatamente la inscripción del fallecimiento, que no se puede tener hasta que no se vuelca en Salud Pública y se trata de un proceso que, en circunstancias habituales, tarda tres meses.

Una vez llegan los datos a la administración sanitaria, se testea la causa del fallecimiento, pero es un dato que «no lo podremos tener hasta transcurrido bastante tiempo para saber si los fallecimientos en su domicilio podemos considerar cuál ha sido la causa de la muerte para incorporarlo», y trasladarlos al Instituto Nacional de Estadística, ha añadido.

«Puedo entender que se hayan producido más fallecimientos y no tengamos la prueba; puede darse el caso, claro que sí. Esto no es una ciencia exacta», ha indicado Barceló, quien ha insistido en que «desde el primer momento» se contabilizan «todos los fallecidos que tenemos comprobado que tienen un Covid, y ahí están incluidas las personas que proceden de residencias» y han perdido la vida en el hospital.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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