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Valencia

PP: Francis Puig cobró 408.000 euros del Ayuntamiento de Morella sin contrato

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El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

València, 3 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Partido Popular ha denunciado este lunes ante la Agencia Antifraude que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha abonado algo más de 408.000 euros a las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, en 629 facturas sin que exista ningún tipo de contrato ni licitación en los últimos ocho años, es decir, coincidiendo con la presidencia de Ximo Puig.

El concepto de estas facturas está, en su mayoría, relacionado con publicidad, patrocinios, grabaciones de plenos u otros actos comunicativos y, según detalla el PP en su denuncia, «superan anualmente el umbral de los 15.000 euros -contrato menor-, por lo que se debería haber acudido al procedimiento de licitación».

La denuncia ha sido presentada por el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha, y por el diputado autonómico Miguel Barrachina.

Según ha detallado Lecha, «en el periodo en el que Ximo Puig -que fue alcalde de Morella entre 1995 y 2012- ha estado en València, las empresas del hermano han pasado de números rojos a triplicar sus ingresos, y la causa directa de ello es que el hermano estaba en el Palau de la Generalitat».

«Desde 2015 a 2023 el Ayuntamiento de Morella ha pagado más de 600 facturas al hermano de Ximo Puig sin ningún tipo de soporte legal, sin licitación pública. Y cuando hemos preguntado por este asunto la respuesta del alcalde siempre ha sido sincera, no quería que trabajase en Morella ninguna otra empresa», ha agregado.

Por su parte, Miguel Barrachina ha pedido a la Agencia Antifraude que se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de contrataciones y ha apuntado que esta misma denuncia no se aporta a la Fiscalía porque no guarda relación, en principio, con la causa ya abierta contra Francis Puig por un supuesto delito de fraude de subvenciones, por las ayudas que recibieron sus empresas por parte de la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón.

Las empresas manejadas por Francis Puig (bien como director ejecutivo o consejero delegado) que han sido beneficiarias de los pagos por parte del Consistorio de Morella son las mismas que fueron receptoras de las referidas ayudas, y que están siendo objeto de investigación penal, es decir, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.

Estas firmas presentaron facturas al cobro tanto al Consistorio de Morella como a tres empresas públicas municipales: Societat de Promoció Económica, Iniciatives Turístiques y Carns de Morella.

Los hechos denunciados podrían ser, según el PP, «susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte del Ayuntamiento de Morella y de su alcalde Rhamsés Ripollés Puig (PSPV), así como también por parte de Francisco Javier Puig Ferrer».

La denuncia presentada a Antifraude expone, además, que «en las resoluciones del Ayuntamiento por medio de las cuales se aprueban las propuestas de gasto, éstas no se imputan a provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario, como sería el supuesto de los anticipos de caja fija, sino que se cargan al ejercicio correspondiente, bajo el concepto de gastos de caja fija, sin que encajen legalmente en este objeto».

Asimismo, se advierte que «del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas, pues el concepto que aparecen en algunas de ellas se repite de manera idéntica en otras presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas».

 

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Valencia

Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca: “Soy yo la que estuvo al pie del cañón”

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La tensión se ha vivido este lunes en el juzgado de Catarroja durante el careo entre Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Los gritos de “asesina”, “mentiroso” y “golfo” marcaron la entrada y salida de los comparecientes.

La principal disputa: confinamiento durante la DANA

El careo se centró en las posibles contradicciones sobre la decisión de confinar o no a la población durante la DANA que afectó a la Comunitat Valenciana. Pradas defendió su posición y se ratificó en los WhatsApp intercambiados con Mazón y Cuenca, que constan en acta notarial.

Según su declaración, a las 19:43 horas del día en cuestión contactó con Cayetano García, entonces secretario autonómico de Presidencia, porque no lograba comunicarse con Mazón. Pradas explicó que le informó sobre la posibilidad de confinar y que consideraba que el “president” debía conocer el caso.

En cambio, Cuenca se opuso a la idea de un confinamiento general y le envió un mensaje a Pradas diciendo: “De confinar nada”, sugiriendo que se trataba de una acción de responsabilidad de la Delegación del Gobierno y calificándola de “barbaridad”. Pradas sostuvo que, según la ley autonómica de emergencias, sí era posible el confinamiento y que discrepaba de la postura de Cuenca.

La presencia (o ausencia) de Carlos Mazón

Pradas señaló que desconocía que Carlos Mazón estaba en una comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro. “Si lo llego a saber, le llamo más veces”, afirmó, dejando claro que su intención era comunicarse con el presidente, pero que no pudo localizarlo por teléfono. Además, añadió que Cuenca le había indicado desde las 13:19 horas que centralizara todas las comunicaciones en él porque Mazón estaba “de actos”.

Pradas insistió: “Soy yo la que estuvo al pie del cañón”, destacando que actuó de manera activa durante la crisis, mientras que Cuenca mantuvo que su preocupación era únicamente la cobertura legal de la medida, asociando el término confinamiento a la pandemia y a posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Incidente tras el careo

El exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sufrió una agresión a su salida del juzgado. Según Vozpópuli, uno de los presentes le golpeó con una pancarta mientras abandonaba el edificio a pie.

El careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca deja en evidencia la tensión entre la Conselleria de Justicia e Interior y la oficina del presidente en decisiones críticas sobre emergencias. La discrepancia sobre la legalidad y oportunidad del confinamiento sigue siendo el eje central de la investigación, mientras el público sigue de cerca los mensajes que intercambiaron los implicados.

 

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