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Valencia

PP: Francis Puig cobró 408.000 euros del Ayuntamiento de Morella sin contrato

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El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

València, 3 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Partido Popular ha denunciado este lunes ante la Agencia Antifraude que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha abonado algo más de 408.000 euros a las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, en 629 facturas sin que exista ningún tipo de contrato ni licitación en los últimos ocho años, es decir, coincidiendo con la presidencia de Ximo Puig.

El concepto de estas facturas está, en su mayoría, relacionado con publicidad, patrocinios, grabaciones de plenos u otros actos comunicativos y, según detalla el PP en su denuncia, «superan anualmente el umbral de los 15.000 euros -contrato menor-, por lo que se debería haber acudido al procedimiento de licitación».

La denuncia ha sido presentada por el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha, y por el diputado autonómico Miguel Barrachina.

Según ha detallado Lecha, «en el periodo en el que Ximo Puig -que fue alcalde de Morella entre 1995 y 2012- ha estado en València, las empresas del hermano han pasado de números rojos a triplicar sus ingresos, y la causa directa de ello es que el hermano estaba en el Palau de la Generalitat».

«Desde 2015 a 2023 el Ayuntamiento de Morella ha pagado más de 600 facturas al hermano de Ximo Puig sin ningún tipo de soporte legal, sin licitación pública. Y cuando hemos preguntado por este asunto la respuesta del alcalde siempre ha sido sincera, no quería que trabajase en Morella ninguna otra empresa», ha agregado.

Por su parte, Miguel Barrachina ha pedido a la Agencia Antifraude que se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de contrataciones y ha apuntado que esta misma denuncia no se aporta a la Fiscalía porque no guarda relación, en principio, con la causa ya abierta contra Francis Puig por un supuesto delito de fraude de subvenciones, por las ayudas que recibieron sus empresas por parte de la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón.

Las empresas manejadas por Francis Puig (bien como director ejecutivo o consejero delegado) que han sido beneficiarias de los pagos por parte del Consistorio de Morella son las mismas que fueron receptoras de las referidas ayudas, y que están siendo objeto de investigación penal, es decir, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.

Estas firmas presentaron facturas al cobro tanto al Consistorio de Morella como a tres empresas públicas municipales: Societat de Promoció Económica, Iniciatives Turístiques y Carns de Morella.

Los hechos denunciados podrían ser, según el PP, «susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte del Ayuntamiento de Morella y de su alcalde Rhamsés Ripollés Puig (PSPV), así como también por parte de Francisco Javier Puig Ferrer».

La denuncia presentada a Antifraude expone, además, que «en las resoluciones del Ayuntamiento por medio de las cuales se aprueban las propuestas de gasto, éstas no se imputan a provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario, como sería el supuesto de los anticipos de caja fija, sino que se cargan al ejercicio correspondiente, bajo el concepto de gastos de caja fija, sin que encajen legalmente en este objeto».

Asimismo, se advierte que «del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas, pues el concepto que aparecen en algunas de ellas se repite de manera idéntica en otras presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas».

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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