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Valencia

PP: Francis Puig cobró 408.000 euros del Ayuntamiento de Morella sin contrato

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El empresario castellonense y hermano del president de la Generalitat Francis Puig, en una imagen de archivo. EFE/ Manuel Bruque

València, 3 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Partido Popular ha denunciado este lunes ante la Agencia Antifraude que el Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha abonado algo más de 408.000 euros a las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, en 629 facturas sin que exista ningún tipo de contrato ni licitación en los últimos ocho años, es decir, coincidiendo con la presidencia de Ximo Puig.

El concepto de estas facturas está, en su mayoría, relacionado con publicidad, patrocinios, grabaciones de plenos u otros actos comunicativos y, según detalla el PP en su denuncia, «superan anualmente el umbral de los 15.000 euros -contrato menor-, por lo que se debería haber acudido al procedimiento de licitación».

La denuncia ha sido presentada por el portavoz del PP en Morella, Jesús Lecha, y por el diputado autonómico Miguel Barrachina.

Según ha detallado Lecha, «en el periodo en el que Ximo Puig -que fue alcalde de Morella entre 1995 y 2012- ha estado en València, las empresas del hermano han pasado de números rojos a triplicar sus ingresos, y la causa directa de ello es que el hermano estaba en el Palau de la Generalitat».

«Desde 2015 a 2023 el Ayuntamiento de Morella ha pagado más de 600 facturas al hermano de Ximo Puig sin ningún tipo de soporte legal, sin licitación pública. Y cuando hemos preguntado por este asunto la respuesta del alcalde siempre ha sido sincera, no quería que trabajase en Morella ninguna otra empresa», ha agregado.

Por su parte, Miguel Barrachina ha pedido a la Agencia Antifraude que se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de contrataciones y ha apuntado que esta misma denuncia no se aporta a la Fiscalía porque no guarda relación, en principio, con la causa ya abierta contra Francis Puig por un supuesto delito de fraude de subvenciones, por las ayudas que recibieron sus empresas por parte de la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón.

Las empresas manejadas por Francis Puig (bien como director ejecutivo o consejero delegado) que han sido beneficiarias de los pagos por parte del Consistorio de Morella son las mismas que fueron receptoras de las referidas ayudas, y que están siendo objeto de investigación penal, es decir, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.

Estas firmas presentaron facturas al cobro tanto al Consistorio de Morella como a tres empresas públicas municipales: Societat de Promoció Económica, Iniciatives Turístiques y Carns de Morella.

Los hechos denunciados podrían ser, según el PP, «susceptibles de ser constitutivos de fraude y corrupción por parte del Ayuntamiento de Morella y de su alcalde Rhamsés Ripollés Puig (PSPV), así como también por parte de Francisco Javier Puig Ferrer».

La denuncia presentada a Antifraude expone, además, que «en las resoluciones del Ayuntamiento por medio de las cuales se aprueban las propuestas de gasto, éstas no se imputan a provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario, como sería el supuesto de los anticipos de caja fija, sino que se cargan al ejercicio correspondiente, bajo el concepto de gastos de caja fija, sin que encajen legalmente en este objeto».

Asimismo, se advierte que «del examen de las facturas se puede comprobar la posibilidad de que algunas de ellas aparezcan duplicadas, pues el concepto que aparecen en algunas de ellas se repite de manera idéntica en otras presentada al Ayuntamiento o a alguna de las empresas públicas».

 

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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