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Trump amenaza con subir los aranceles al queso, vino y aceite español

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Tercera guerra mundial

Washington, 3 oct. – El Presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un aumento del 25% en los aranceles para productos alimentarios comunitarios después de que la Organización Mundial del Comercio (OM) le haya autorizado a imponer aranceles a más de 1.500 productos europeos en compensación a las ayudas que algunos gobiernos concedieron a Airbus. Entre los países afectados están España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Tras la UE, Estados Unidos es el segundo mercado donde se concentran la mayoría de exportaciones de alimentos y bebidas españolas, alcanzado los 1.728 millones de euros según apuntaba la Federación Española de Industrias Alimentarias (FIAB). En concreto, el aceite de oliva, la fruta, el vino, quesos, licores y productos cárnicos representan el 75% de los productos exportados. Un duro revés para la economía española y en concreto para la industria alimentaria.

Lo que se han aprobado son aranceles del 25% a productos agrícolas y la lista definitiva se hará pública el próximo día 18 de octubre.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Plana, en referencia a este anuncio, ha manifestado que espera que se supere «porque si no» el sector agroalimentario que es «fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos» se verá «afectado». «Se verán afectados nuestros productores pero también los consumidores americanos que tendrán que pagar un 25% más de aquellos productos que adquieran de origen europeo», ha resaltado.

«Hoy se ha conocido una lista provisional que debe o no confirmarse el próximo día 18 sobre una serie de productos de aviación, que están sometido a un arancel medio del 10%, y de productos agroalimentarios que están sometidos a un arancel del 25%», ha indicado.

El responsable de Agricultura ha recordado que hay «un viejo contencioso, un doble contencioso entre la Unión Europea y Estados Unidos»; «la Unión Europea nos denunció en la OMC por las ayudas públicas a Airbus a cuatro países», en concreto, a Francia, Alemania, España y Reino Unido, ha explicado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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