VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) – Los ayuntamientos de València, Barcelona, Madrid, Zaragoza y A Coruña han presentado este jueves el borrador de una ley de financiación de transporte público colectivo de ciudades y áreas metropolitanas que establezca que los Presupuestos Generales del Estado destinen como mínimo 0,25% del PIB a cubrir los gastos de las redes de transporte de las ciudades y que incluya un fondo para inversiones en los servicios e infraestructuras.
El objetivo es crear un marco «estable» que regule los recursos que el Ejecutivo destina a los municipios de más de 50.000 habitantes, con un fondo estatal basado en «criterios objetivos» para que la dotación no la decida el «gobierno de turno» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni quede «a expensas de las comunidades autónomas». El 0,25% del PIB, con los valores de 2018, se sitúa alrededor de los 2.500 millones de euros.
Así lo han explicado en una rueda de prensa en València la concejala de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Inés Sabanés, y sus homólogos en València, Giuseppe Grezzi; Barcelona, Mercedes Vidal; Zaragoza, Teresa Artigas, y A Coruña, Daniel Díaz, junto a los diputados en el Congreso Joan Baldoví (Compromís) y Sergio Pascual (Unidos Podemos).
Este borrador surge a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Fomento del Congreso, el pasado 20 de septiembre, en la que se instaba al Gobierno a reunirse con «todas» las ciudades en el plazo de seis meses para establecer un marco legal que regule el traspaso de recursos a las corporaciones locales en materia de transporte público. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos excepto el PNV, aunque hasta la fecha el encuentro no se ha celebrado, por lo que València, Barcelona, Madrid, Zaragoza y A Coruña se han puesto «manos a la obra».
La propuesta, a la que esperan que se sumen más ayuntamientos y partidos, incide en que se reserve «de forma estable» en los PGE un fondo estatal del 0,25% del PIB al transporte de ciudades y áreas metropolitanas y se cree además un fondo para inversiones que tendrán «requisitos de eficiencia» y estén encaminadas a un modelo sostenible, todo ello a través de criterios objetivos como el número de desplazamientos, los kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia.
Con el fondo estatal que plantean, pretenden que se cree un «marco estable» y que las asignaciones «no dependan de los cambios de gobierno», así como que las dotaciones se sometan a valoraciones plurianuales. Los concejales han puesto el foco en que en el actual reparto de recursos «no hay ningún rigor» y que una misma ciudad puede percibir dotaciones con diferencias significativas de un año a otro.
Si el Gobierno no «hace suya» la propuesta de ley antes de marzo, los diputados de Compromís y Unidos Podemos la llevarán al Congreso para iniciar su tramitación. Los parlamentarios se han mostrado «abiertos a compartir la propuesta» con los grupos políticos «que se quieran añadir».
TRES DESTINOS PRINCIPALES
El fondo tendrá tres destinos principales: los transportes urbanos colectivos en municipios de más de 50.000 habitantes no agrupados en consorcios metropolitanos, los transportes urbanos y metropolitanos para los consorcios metropolitanos, y proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la mejoría de la movilidad en los municipios solicitantes.
Las entidades locales o los organismos metropolitanos que pretendan acceder a las subvenciones deberán integrarse en un grupo entre seis opciones posibles, en función del número total de habitantes de su núcleo urbano o metropolitano: consorcios metropolitanos, y otros
cinco grupos según número de habitantes (grupo A, más de dos millones de habitantes; B, entre uno y dos millones; C, de 500.001 a un millón; D, de 100.001 a 500.000, y E, menos de 100.000 habitantes).
Prevé además la creación de una comisión gestora para realizar la propuesta de liquidación con base en los criterios fijados para las subvenciones. Como han explicado los responsables de movilidad de las ciudades impulsoras, el fondo deberá dotarse anualmente en los Presupuestos «por un monto no inferior al 0,25 del PIB del año anterior».
«NO DEPENDER DE CAMBIOS DE GOBIERNO»
Grezzi (València) ha remarcado que la propuesta está «abierta a todas las ciudades y partidos» y ha resaltado la importancia de «crear un marco estable que no dependa de cambios de gobierno», sino de criterios «objetivos». Ha señalado que España es el único país europeo sin una normativa sobre la transferencia de recursos para el transporte de las ciudades y áreas metropolitanas.
Por su parte, Artigas (Zaragoza) ha indicado que es «fundamental» que el Gobierno central «se comprometa con los desplazamientos que cada día realizan millones de personas». Ha destacado que esta regulación evitaría que se «despilfarre» y ha puesto el foco en la importancia de que «el dinero público se invierta verdaderamente en proyectos para la gente».
En la misma línea, desde Barcelona, Vidal ha reivindicado que el transporte y la movilidad de las ciudades y sus áreas metropolitanas «no se puede dejar a expensas» de las comunidades autónomas o de «acuerdos bilaterales entre los gobiernos de turno» durante las negociaciones para aprobar los PGE, mientras el «Gobierno central dimite de sus responsabilidades».
Además, ha puesto en valor que, al establecer unas cuantías en base a criterios objetivos, los consistorios pueden planificar la movilidad de las ciudades a largo plazo, para «empezar a caminar hacia los retos que se nos vienen encima» en materia de sostenibilidad.
Del mismo modo, Díaz (A Coruña) ha recalcado que la inversión en movilidad sostenible debe ser una «prioridad» y que un marco legal contribuiría a continuar con el «camino imparable de hacer las ciudades más amigables y más humanas».
«FRENTE AL DESPILFARRO Y FALTA DE PLANIFICACIÓN»
Para Sabanés (Madrid), «estamos en un momento decisivo para tomar decisiones sobre la movilidad de las ciudades» y «estabilizar y aumentar el presupuesto en transporte público» es «absolutamente imprescindible» para hacer frente al «despilfarro y a la falta de planificación».
Por su parte, el diputado nacional de Compromís Joan Baldoví ha asegurado que si el Gobierno «no se reúne antes de Sant Josep (19 de marzo)» con los Ayuntamientos, Compromís, Unidos Podemos y «otros partidos que quieran sumarse» llevarán la propuesta de ley al Congreso.
El parlamentario Sergio Pascual ha subrayado que se trata de una normativa «totalmente coherente con los anuncios del Gobierno central» en materia de transición ecológica, por lo que «debería hacerla suya». Ha advertido que el hecho de que el Estado solo destine el 0,03% del PIB en el transporte público «hace «absolutamente imposible cumplir con la agenda de descarbonización».
Asimismo, el alcalde de València, Joan Ribó, que también se ha reunido con los ediles para tratar el proyecto, ha señalado que se trata de una «ley fundamental para València y para todas las grandes
ciudades» y ha puesto en valor que «apoye al transporte interurbano y urbano de manera objetiva» y «en función de su número de habitantes».
