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València cierra los cementerios y las salas de velatorio como medida de contención del COVID-19

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propuesta del Ayuntamiento de València para enterrar a las personas

València, 24 mar.- Dentro de las múltiples medidas sanitarias, económicas y sociales que está tomando el Ayuntamiento de València para combatir la expansión del coronavirus, el concejal de Cementerios y Servicios Funerarios, Alejandro Ramón, ha firmado este martes una resolución que concreta cómo se aplica en nuestra ciudad lo dispuesto por toda la normativa relacionada con la contención del virus (el Real Decreto del gobierno central del día 14, las resoluciones de Alcaldía –del día 15- y las de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública –de los días 12 y 20- y la Orden del Ministerio de Sanidad –del día 21-). El cierre de los cementerios municipales y de las salas de velatorio y la suspensión de todos los oficios religiosos son las principales novedades.

En primera instancia, la resolución decreta la prohibición de la prestación del servicio habitual de salas de velatorio de cadáveres y de todas las celebraciones religiosas y laicas en los tanatorios-crematorios públicos de la ciudad (tanto el que gestiona Funespaña como el crematorio municipal). Esta indicación afecta ahora a todas las defunciones, no solo –como ocurría desde el pasado día 12- a las de aquellas personas que se hubieran visto contagiadas por el coronavirus. Además, se suspenden todos los servicios religiosos en la capilla del Cementerio General y en los entierros por los ritos musulmán y judío. En este sentido, el edil ha querido trasladar la solidaridad del gobierno municipal con las familias y las personas queridas de los fallecidos y ha avanzado que “una vez concluya el estado de alarma pondremos a disposición de las familias la posibilidad de hacer las ceremonias de despedida que las circunstancias impiden ahora”.

Por otro lado, se cierran al público los siete cementerios municipales de la ciudad (General, el Cabanyal, Campanar, el Grau, Benimàmet, Massarrojos y el Palmar), con la excepción de la realización de los servicios de inhumación que correspondan, siempre con la obligatoriedad de cumplir con todo lo previsto en la normativa de aplicación relacionada con el COVID-19.

Además, se estipula que el entierro, la incineración o la donación a la ciencia del cadáver se podrán realizar sin necesidad de esperar 24 horas después de la defunción si esto no va en contra de la voluntad de la persona difunta o de los herederos.

“Con esta resolución damos respuesta a lo estipulado por las diversas administraciones públicas para combatir la expansión del COVID-19 con la esperanza de que todas estas restricciones, que en algunos casos sabemos que son especialmente duras, sobre todo teniendo en cuenta que afectan en momentos de duelo, acabarán contribuyendo a acabar con la amenaza de este coronavirus”, ha explicado Alejandro Ramón.

La resolución firmada incorpora el levantamiento del cierre provisional de la sala de tanatopraxia vinculada al IML, decretado en julio de 2017, que se habilitará para las actuaciones que sean necesarias por la pandemia. Además, se reduce el horario del tanatorio, que pasa a ser de 9.00 a 21.30 horas; se ratifica la suspensión del servicio del bar-cafetería del Cementerio General y se traslada a la contratista de los servicios de beneficencia esta resolución para que se apliquen las medidas correspondientes. Complementariamente, se insta a comunicar este acuerdo a todas las empresas responsables de los tanatorios de la ciudad que son de titularidad privada.

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Buenas noticias para millones de trabajadores: así será la subida salarial de los funcionarios

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El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

  • UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

  • CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

  • CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

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