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331 concursos de acreedores en España en el mes de enero

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VALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Comunitat Valenciana se ha situado este mes de enero como la tercera región española con más concursos de acreedores con un total de 53 procesos, pese a experimentar un descenso del 11,7%. Además, se sitúa como la cuarta autonomía con más empresas creadas durante el primer mes del año (1.104) aunque el ritmo ha bajado un 0,6%, según se desprende de los datos procesados por el Gabinete de Estudios de la agencia de rating Axesor.

Este ‘Radar Empresarial’ señala que durante enero de 2018 se registraron 331 concursos de acreedores por parte de las sociedades de capital españolas, un descenso del 19,1% en comparación con enero de 2017. Esta caída, señala el estudio, se debe fundamentalmente al ajuste experimentado en el sector comercial, donde se iniciaron 74 concursos de acreedores durante el mes pasado, un retroceso del 16,9% sobre el año pasado, aunque el dato está claramente por encima de los 55 casos registrados en enero de 2016.

Otros dos sectores donde las incidencias retrocedieron notablemente en términos relativos en el ámbito estatal fueron los de actividades inmobiliarias, que registró solo nueve concursos (una caída del 59,1% y el mejor comienzo de año para este sector desde el ejercicio 2008) y el de la industria manufacturera, con 48 casos (-5,9%). En constraste, el sector de la construcción, el segundo más importante en términos numéricos, experimentó un incremento del 7,4% comparado con enero de 2017, al anotar 73 incidencias.

El promedio concursal fue de 15 quiebras al día, un dato claramente inferior al del conjunto del año 2017, que fue de 17 nuevos procesos formales de insolvencia por cada día hábil.

Por comunidades autónomas, Cataluña fue el lugar donde más concursos de acreedores se dieron, con un total de 79 casos, un 5,3% más que hace 12 meses y la cifra más elevada para el mes de enero en esa comunidad desde el año 2015. Madrid se situó en segundo lugar, con 64 incidencias, un descenso del 32,6% en la comparativa interanual, si bien está muy por encima de los 40 concursos que se registraron en enero de 2016. La Comunitat Valenciana ocupó el tercer lugar con 53 concursos de acreedores y un descenso del 11,7%.

Por su parte, comunidad autónoma de Baleares y seis provincias comenzaron el ejercicio sin registrar ningún concurso por parte de sociedades de capital; se trata de Cádiz, Jaen, Salamanca, Segovia, Soria y Cáceres.

En los últimos 10 años han tenido lugar 53.563 concursos de acreedores por parte de sociedades mercantiles (sin incluir enero de este año). De esa cantidad, solo 4.748 han logrado superar el concurso con un acuerdo entre empresa y acreedores para garantizar la viabilidad de la compañía, según datos de Axesor. El año pasado se alcanzaron 501 convenios, la cifra anual más baja desde 2011. El año en el que más acuerdos se alcanzaron fue 2014, con 686 convenios y el que menos, 2008, con 89.

La cifra es susceptible de mejorar en el caso de que algunos de los concursos todavía no resueltos al término de 2017 logre cerrarse con un acuerdo, pero la conclusión que arrojan los datos es que la inmensa la mayoría de los concursos que tienen lugar en España concluyen con el cierre de la empresa afectada.

RECUPERACIÓN DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA

Axesor también ha analizado la inciativa emprendedora, que recupera el pulso alcista después de que en 2017 se rompiera una racha de siete años consecutivos de crecimiento. El mes pasado se crearon 8.586 nuevas sociedades en España, una mejora del 0,9% respecto a enero de 2017. El dato, sin embargo, es inferior al de enero de 2016, cuando se dieron de alta 8.678 empresas. Las cifras del mes de enero arrojan un promedio de 390,3 nuevas empresas cada día en España.

Como ha ocurrido siempre en España, los sectores de comercio y construcción concentran las preferencias de los emprendedores a la hora de crear una empresa. En el sector de comercio se dieron de alta 1.823 empresas, un dato que, sin embargo, supone un descenso del 5,5% en tasa interanual y es el más bajo para el mes de enero en ese sector desde el año 2015. En la construcción, la tendencia fue la inversa, con una mejora del 9,4% y 1.147 sociedades inscritas. Lejos se queda otro de los sectores tradicionalmente más activos, el de hostelería, con 856 empresas creadas, un descenso del 2,6% en tasa interanual. Estos tres sectores suponen el 44,5% de todas las nuevas empresas que se crean en España.

En términos geográficos Madrid fue la comunidad con más sociedades creadas (1.746) y una mejora del 7% interanual. Es la cifra más elevada para esa comunidad durante el mes de enero desde 2008. En el caso de Cataluña, se crearon 1.583 sociedades, un retroceso del 10,5% y el dato más bajo para ese comunidad desde el año 2015. Le siguió Andalucía con 1.470 empresas creadas (+13%) y en cuarta posición la Comunitat Valenciana dió de alta 1.104 sociedades aunque experimentó un descenso del 0,6%.

En España se destinaron el mes pasado 543,4 millones de euros para crear nuevas empresas, un capital que es un 26,1% menor que en enero de 2017. Las caídas de capital suscrito se hicieron extensivas a la mayoría de los sectores de actividad. Entre las pocas excepciones que hubo, destacaron precisamente los dos sectores que concentraron mayor dinero: actividades financieras y de seguros (221,9 millones de euros, un aumento en términos interanuales del 3,6%) y actividades inmobiliarias (137,4 millones de euros, una mejora del 5,1%).

Foto: Jessica Suárez

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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