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8.510 nacimientos en la Comunitat en el segundo trimestre de 2021, apenas un 0,09 % más

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(EFE).- En la Comunitat Valenciana nacieron 8.510 personas en el segundo trimestre del año, un 0,09 % más en comparación con el mismo periodo de 2020 (8 más), según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este viernes.

La mitad de las comunidades autónomas, con Cantabria y Aragón a la cabeza, recuperaron natalidad en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020, mientras que Castilla y León y Madrid son las regiones más alejadas de las cifras registradas durante el confinamiento del primer estado de alarma.

En toda España nacieron en el segundo trimestre de este año 83.415 personas, que son 223 menos, un -0,17 %, que las 83.638 de los mismos meses de 2020.

En cambio, en Cantabria nacieron un 12,47 % más de niños y niñas y en Aragón un 9,47 % más, alcanzando la cifra de 911 y 2.463 nacimientos, respectivamente.

También en positivo se sitúan Navarra, con un 3 % más de nacimientos; Murcia, con un 1,84 %; Andalucía, 1,66 %; Cataluña, 1,13 %; Baleares, 0,99 %; y Comunitat Valenciana, con 0,09 % más.

Por el contrario, en Castilla y León hubo un 4,63 % menos de nacimientos; en Madrid un 4,40 %; en La Rioja un 2,74 %; en Castilla-La Mancha un 2,60 %; en Extremadura un 2,43 %; en Canarias un 1,79 %; en País Vasco un 1,63 %; en Asturias un 0,99 %; y en Galicia un 0,32 %.

En Ceuta el descenso fue del 22,05 % y en Melilla del 3,50 %.

En términos absolutos, nacieron más bebés en Andalucía, con 16.380; Cataluña, con 14.418; y Madrid, con 12.876; y entre las tres suman el 52 % del total nacional.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, los nacimientos en el segundo trimestre de 2021 y de 2020 y la variación entre ambos periodos en cifras absolutas y relativas (%):

Segundo trimestre 2021 Segundo trimestre 2020 Variación absoluta Variación relativa
Andalucía 16.380 16.113 267 1,66
Aragón 2.463 2.250 213 9,47
Asturias 1.161 1.166 -5 -0,43
Baleares 2.245 2.223 22 0,99
Canarias 3.119 3.176 -57 -1,79
Cantabria 911 810 101 12,47
C.-La Mancha 3.553 3.648 -95 -2,60
C. y León 3.278 3.437 -159 -4,63
Cataluña 14.418 14.257 161 1,13
C. Valenciana 8.510 8.502 8 0,09
Extremadura 1.810 1.855 -45 -2,43
Galicia 3.721 3.733 -12 -0,32
Madrid 12.876 13.469 -593 -4,40
Murcia 3.258 3.199 59 1,84
Navarra 1.272 1.235 37 3,00
País Vasco 3.563 3.622 -59 -1,63
Rioja, La 533 548 -15 -2,74
Ceuta 152 195 -43 -22,05
Melilla 193 200 -7 -3,50
Total 83.415 83.638 -223 -0,27

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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