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¿Abocados a un nuevo confinamiento?. Esto dicen los expertos

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Los datos no dejan de empeorar. Ayer se registraron 267 muertes por coronavirus en España, la peor cifra de esta segunda ola de la pandemia. Los contagios han aumentado un 81,7% en las últimas dos semanas, y la tasa de incidencia media ya está en 436 casos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos acaban reflejándose irremediablemente en la presión hospitalaria: España ha pasado en sólo dos semanas de 10.000 a 16.700 pacientes ingresados por COVID-19 en sus hospitales, con más de 2.000 en las UCI. En Aragón (42 % de ocupación de UCI), Madrid (40 %), Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja (36 %), la situación ya es de alto riesgo. El sistema amenaza con colapsarse.

Las restricciones se van endureciendo, pero cada vez más voces en la comunidad científica hablan de la posibilidad de un nuevo confinamiento. Ayer lo hizo la OMS, y hoy lo ha hecho el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), que recuerda que las medidas tomadas no están teniendo éxito «y la situación epidemiológica se está deteriorando rápidamente”. El organismo europeo apunta al confinamiento como única estrategia viable, ya que estas medidas «demostraron su eficacia durante la primavera de 2020»

De momento, y con la perspectiva del puente de Todos Los Santos a corto plazo, cinco comunidades españolas están en cierre perimetral (Navarra, La Rioja, Aragón, Euskadi y Asturias), y las dos Castillas presionan a la Comunidad de Madrid para decretarlo de manera conjunta. También Andalucía estudia ese cierre. El president de la Generalitat, Ximo Puig, advirtió ayer que no le temblaría el pulso para cerrar la Comunitat antes del puente «si fuera necesario».

Estas restricciones son, apuntan los expertos, las últimas barreras parciales que nos quedan. Si no funcionan, y de momento no lo están haciendo, el confinamiento es la única solución, ya que es la única medida que hasta ahora ha demostrado su eficacia para frenar los contagios.

 

 

 

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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