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Acabar con la corrupción elevaría un 16% el PIB per cápita
Publicado
hace 8 añosen
VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) – Mejorar la calidad institucional y acabar con la corrupción son medidas que pueden elevar un 16 por ciento el PIB per cápita en un plazo de 15 años, lo que significaría añadir cada año en torno a un punto porcentual al crecimiento de la economía española.
Así se ha puesto de relieve en el seminario ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’, que se celebrado en València impulsado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Los especialistas señalan que la sociedad española ha alcanzado un elevado grado de sensibilización frente a los problemas de corrupción pero otros aspectos de la calidad de las instituciones del país como, por ejemplo, la independencia de las comisiones reguladoras de los mercados o la dotación de medios suficientes para los organismos de control, resultan lejanos a muchos ciudadanos.
En este sentido, hacen notar que la calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente cuanto más avanzadas son sus economías.
De esa calidad dependen buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía y del progreso económico que cabe esperar para el futuro. La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países.
No obstante, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía.
Así, España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada.
Ahora bien, se coloca así mismo por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.
El informe ‘Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’, elaborado en el marco de colaboración de la Fundación BBVA y el Ivie, extrae ese indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el WGI, explican los responsables de este análisis en un comunicado.
En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción.
El nivel de calidad institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial).
CAPITAL HUMANO
La productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1). La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la economía española. Esa debilidad debe ser compensada por la fortalezas en otros factores, como podría ser su capital humano.
Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, si se situasen en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17% inferior, lo que nos dejaría en los niveles de estado como Eslovenia.
El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo).
Este último indicador mide la confianza en los políticos, los funcionarios, el sistema judicial, el sistema de recaudación de impuestos y la existencia de pagos irregulares en contratos públicos.
En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75, que es el que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española (en los niveles, por ejemplo, de Eslovaquia).
Por su parte, la calidad regulatoria recoge aspectos como el exceso de regulación y sus costes para las empresas, la facilidad para iniciar negocios, la existencia de posibles impuestos discriminatorios, controles de precios y la libre competencia. En este caso, España se sitúa en el percentil 79 de la distribución mundial, lo que corresponde a una productividad por ocupado inferior en un 21% a la de la economía
española y equipararía a España con, por ejemplo, Grecia y la República Checa.
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Óscar Puente dimite tras el accidente de tren de Urda: «Un ministro no puede continuar en su puesto»
Publicado
hace 3 horasen
3 noviembre, 2026
El ministro de Transportes anuncia su renuncia ante el Congreso después del choque ferroviario de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y tras presentar nuevas medidas de seguridad y atención a las víctimas.
Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible este martes, 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. La decisión se produce tras el accidente de tren de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, y después de una sesión marcada por las exigencias de responsabilidades políticas de la oposición y de varias formaciones que apoyan al Gobierno.
El anuncio ha llegado al final de una jornada en la que Puente había defendido inicialmente su continuidad y había explicado las actuaciones previstas para reforzar la seguridad ferroviaria. Finalmente, ha comunicado que abandona el cargo una vez atendidas las medidas que consideraba más urgentes tras la tragedia.
«Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo», ha manifestado ante los diputados. Puente ha presentado su renuncia como una decisión vinculada a la responsabilidad política y ha agradecido el respaldo de su familia, de los militantes socialistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Óscar Puente anuncia su dimisión después de defender su continuidad
La dimisión de Óscar Puente supone un cambio respecto a la posición que había mantenido durante los días posteriores al accidente y en la propia mañana del martes. Hasta entonces, el ministro sostenía que debía continuar al frente del departamento para gestionar la respuesta a la emergencia y poner en marcha las modificaciones necesarias.
En su intervención final, sin embargo, ha explicado que había decidido dejar el cargo durante los primeros momentos posteriores al siniestro, aunque había optado por hacer pública su renuncia después de abordar la asistencia a los afectados y las actuaciones inmediatas.
El ministro ha defendido que asumir responsabilidades políticas constituye una obligación democrática. Su despedida ha puesto el cierre a una comparecencia centrada tanto en la reconstrucción del accidente como en las deficiencias de seguridad denunciadas por los grupos parlamentarios.
El accidente de tren de Urda deja 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos
El accidente ferroviario de Urda se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afectó a dos trenes de Renfe e Iryo.
Durante su comparecencia, Puente ha situado el balance en 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecían hospitalizadas, según los datos que ha trasladado a los diputados.
La atención a las víctimas y a sus familiares ha ocupado una parte destacada de su intervención. El ministro ha señalado que las consecuencias del siniestro exigen acompañamiento, asistencia psicológica y respuestas sobre lo sucedido.
La tragedia también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en el tramo afectado y ha obligado a reorganizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía.
Qué ha explicado Puente sobre las circunstancias del accidente
La reconstrucción presentada por el ministro se ha centrado en una incidencia del sistema de señalización LZB, registrada aproximadamente a las 8.30 horas en un tramo de 63 kilómetros entre Mora y Malagón.
Según su explicación, esa situación obligó a detener varios trenes y a activar procedimientos alternativos de circulación. Puente ha señalado que el AVE recibió autorización para reanudar la marcha normal pese a que otro convoy permanecía detenido por delante.
El ministro también ha indicado que el tren de Iryo comunicó nuevamente su situación al centro de control cinco minutos antes de la colisión, sin que se adoptara una actuación que evitara el choque.
Estas explicaciones forman parte de la información expuesta por Transportes ante el Congreso. La investigación deberá determinar las causas del accidente y las responsabilidades que pudieran derivarse, sin que la comparecencia parlamentaria sustituya sus conclusiones.
Un problema de comunicación entre equipos
Puente ha relacionado la caída del LZB con un problema de comunicación y sincronización entre ordenadores, aunque ha reconocido que todavía se desconoce la causa concreta que originó esa incidencia.
La sesión ha abierto, además, un debate sobre la capacidad de los procedimientos alternativos para impedir que una equivocación termine en una colisión. Varios grupos han reclamado que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones humanas cuando dejan de funcionar las protecciones automáticas.
Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria
Antes de anunciar su renuncia, Puente ha detallado un conjunto de actuaciones destinadas a reducir riesgos y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.
Entre las principales medidas figura la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, mientras se completa la implantación del sistema ERTMS de nivel 2 y se realiza una revisión extraordinaria de los mecanismos de protección.
El ministro ha situado la finalización de esos trabajos a comienzos de 2027 y ha planteado utilizar trenes de doble composición para intentar mantener la oferta de plazas.
Doble validación de las órdenes de circulación
Otra de las actuaciones anunciadas consiste en introducir una comprobación por parte de un segundo controlador cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad.
El objetivo es que las instrucciones de circulación reciban una validación adicional antes de ejecutarse, reduciendo el riesgo de que una decisión equivocada provoque una situación peligrosa.
El plan también contempla herramientas tecnológicas para detectar anomalías, mejoras en las pantallas de seguimiento de los trenes y un refuerzo de la formación continua del personal.
Más formación y revisión de los descansos
Puente ha anunciado nuevas acreditaciones, programas de mentoría y simulacros regulares para los profesionales responsables de la circulación.
A estas actuaciones se sumará una revisión de los descansos y de las medidas de prevención de la fatiga. Las condiciones laborales, las plantillas y la carga de trabajo han sido algunas de las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario.
Ayudas y atención a las víctimas del accidente de Toledo
La respuesta del Gobierno incluye medidas para facilitar el acceso de las víctimas y sus familiares a las ayudas económicas y a las indemnizaciones correspondientes.
Puente ha anunciado la creación de oficinas de atención en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residan los afectados, con el propósito de acompañarlos durante la tramitación.
También ha explicado que Adif y Renfe activaron sus dispositivos de asistencia tras el accidente y que los equipos psicológicos movilizados por Renfe habían realizado alrededor de 470 atenciones.
La gestión de estas prestaciones y el acompañamiento a las familias continuarán siendo tareas prioritarias tras la salida del ministro.
Presión parlamentaria para exigir responsabilidades políticas
La comparecencia ha evidenciado la amplitud de las críticas a la gestión ferroviaria. PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG han reclamado la salida de Puente durante la jornada, aunque con argumentos y propuestas diferentes.
El PP ha cuestionado las decisiones sobre inversión, mantenimiento y seguridad. Vox ha reclamado responsabilidades judiciales, mientras otras formaciones han exigido auditorías, cambios en la organización del ferrocarril y mayores garantías frente a posibles errores.
ERC ha centrado parte de sus reproches en las condiciones de trabajo y en la necesidad de una revisión integral del sistema. EH Bildu, por su parte, ha defendido que la investigación determine las responsabilidades antes de señalar al ministro o a los empleados ferroviarios.
El PSOE había respaldado la actuación de Puente y rechazado que su dimisión sirviera, por sí sola, para esclarecer las causas del accidente.
La investigación y la recuperación del servicio siguen pendientes
La renuncia de Óscar Puente deja abiertas las principales cuestiones sobre el accidente de tren de Toledo: por qué se produjo la incidencia inicial, cómo se gestionó la circulación y qué barreras de seguridad pudieron impedir el choque.
También permanece pendiente la recuperación del tramo afectado. Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que Adif había solicitado autorización judicial para iniciar la reparación de la infraestructura y ha evitado ofrecer una fecha definitiva de reapertura.
Con su salida del Ministerio de Transportes, la crisis ferroviaria entra en una nueva etapa política. Para las víctimas y sus familias, continúan pendientes el esclarecimiento de lo sucedido, la atención a los heridos y el cumplimiento de las medidas anunciadas.
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