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ADU invertirá 400 millones para levantar viviendas en los terrenos de Mestalla y prevé terminarlas en 2025

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VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – La cooperativa ADU Mediterráneo invertirá más de 400 millones de euros en la operación para levantar las viviendas en los terrenos del estadio de Mestalla, entre la demolición del viejo estadio, la urbanización y la construcción de edificios terciarios, a lo que se destinan 41.456 metros cuadrados, y a la construcción de viviendas, con 55.769 metros cuadrados.

Así lo ha explicado el representante de ADU, José Luis Santa Isabel, que ha destacado que se ha acordado con el Valencia CF que dejen el estadio entre julio y septiembre del año 2022, a pesar de que la Actuación Territorial Estratégica (ATE) ponía el límite en 2021, y prevé que las viviendas terminen de construirse en julio de 2025, misma fecha que daba la ATE, por lo que deberán «acortar los plazos».

Asimismo, ha destacado que pretenden acordar con el Ayuntamiento de València, desde la «economía social», la posibilidad de programar conjuntamente los dos edificios que serán propiedad del consistorio, que tendrían espacio para unas 170 viviendas en las dos torres.

La cooperativa pretende que esos edificios den cabida «al máximo número de gente de València» y van a intentar que estos terrenos del consistorio «permitan ofertar viviendas a más jóvenes y mayores», dos grupos de la población que «no tienen satisfecha su demanda».

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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