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Alberto Fabra admite sobrecostes de Ciegsa, pero «justificados y dentro de la ley»

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VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido «la necesidad y utilidad» de la empresa Ciegsa para «agilizar» la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana y ha admitido que hubo sobrecostes en la obras «como existen ahora» con el actual Consell, pero «siempre justificados y dentro de la ley».

«No sé si en los centros que se han adjudicado en la actualidad ha habido también complementarios añadidos, pero posiblemente sí. Siempre deben ser dentro de la ley y justificados por los técnicos porque cuando se habla de un modificado no es el político de turno al que se le ocurre, sino que es porque hay una razón técnica que la justifique», ha remarcado para señalar que al final quien autoriza la propuesta son los técnicos.

Ha explicado que esta entidad de construcción de colegios se creó «por la necesidad» que había de construcción de centros educativos ya que la realidad era que muchos estaban «obsoletos» y, para ello, se buscó «una fórmula» para hacer colegios de la forma «más rápido posible».

Por tanto, a su juicio, fue «útil el hecho de que existiera Ciegsa en general». «Si luego hubiera habido alguna incidencia serán los tribunales los que tendrán que determinar, pero Ciegsa no solo fue absolutamente necesaria, sino útil, satisfactoria y logró atender las demandas de los ayuntamientos».

Así lo ha indicado Fabra en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A (Ciegsa) en donde ha subrayado que en la empresa había un control por parte de la Intervención, Sindicatura, Tribunal de Cuentas y autorías privadas que «no han encontrado ninguna salvedad ni incumplimiento grave». «Con esto queda más que demostrado que lo que se hizo era necesario y no había ninguna incoherencia ni incumplimiento grave», ha subrayado.

«Creo que podemos estar seguros de que se hacía una buena gestión, que era útil y fue absolutamente necesaria para dar respuesta a demandas municipales y de las AMPA», ha justificado para poner en valor que a través de esta empresa se construyeron unos 600 centros educativos. Además, ha señalado no conocer ningún consistorio que después de la construcción del centro «haya dicho que no se tenía que haber construido».

De hecho, en este punto ha apostillado que posiblemente «se tendría que haber creado una comisión de investigación si no se hubiera creado Ciegsa». «Entonces sí que sería útil esta comisión porque se hubieran construido la mitad de los colegios y eso sí que hubiera sido un problema», ha argumentado.

«FONT DE MORA FUE UN GRAN CONSELLER»
En su intervención, el actual senador del PP ha destacado la labor que llevó a cabo Alejandro Font de Mora al frente de la Conselleria de Educación. «Fue un gran conseller que se desvivió para que los municipios pudiéramos tener atendidas las demandas y necesidades educativas. De las mayores satisfacciones que he tenido como alcalde era poner la primera piedra y que luego se construyera y en el caso del conseller, después de la primera piedra venía la segunda y se construían los colegios incluso en el tiempo previsto», ha enfatizado.

Asimismo, ha negado que hubiera disputas dentro del PPCV para utilizar Ciegsa. «No creo que nadie pueda utilizar ninguna empresa pública para decantar más poder o influencia de un bando a otro. Estoy convencido de que no», ha remarcado.

Alberto Fabra ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la Generalitat la situación era «muy complicada» porque los ingresos habían caído «de forma exorbitante», lo que suponía que no se podía garantizar los servicios básicos. Por ello, ha explicado que su intención fue «reducir el gasto todo lo posible e intentar que hubiera más ingresos».

Así, se decidió hacer una reestructuración y racionalización del Sector Público Instrumental de la administración valenciana para «poner orden en las cuentas», lo que conllevó la reducción en 71 entes público que generó «un ahorro de más de 3.200 millones de euros en cuatro años».

En este escenario, ha defendido que su intención fue extinguir Ciegsa porque no tenía actividad. «Quería cerrarla porque no había dinero para hacer colegios y por nuestra apuesta de reducir el sector público», ha indicado.

En este punto, ha preguntado a los diputados de la comisión que forman parte de los partidos que conforman el Gobierno valenciano que «si tan mala era» esta empresa «por qué la han prorrogado». «Deberá preguntar a su partido o al conseller por qué una sociedad tan cuestionada y para servicios, según dicen que no eran necesarios atender, en estos momentos sigue vigente», ha señalado.

Pese a todo, ha insistido en que su preocupación fue con lo «poco» que tenían y podían hacer, «quitar las aulas prefabricadas». «La prioridad de lo poco podía haber era eliminación aulas prefabricadas y esa fue la única directriz que tuvo maría José Catalá. En nuestra gestión habrá cosas mejor y peor, pero defiendo Ciegsa como beneficiario de un ayuntamiento al que se atendió las necesidades y entiendo fue una sociedad pública útil», ha zanjado.

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Casa 47: Requisitos para acceder a los alquileres sociales asequibles en 2026

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viviendas de alquiler asequible de València

El Gobierno de España lanzará a partir de 2026 Casa 47, una nueva empresa pública de vivienda que ofrecerá alquileres sociales asequibles dirigidos principalmente a la clase media trabajadora. Este proyecto busca paliar la crisis de la vivienda en España, caracterizada por la falta de alquileres a precios razonables y la presión del mercado inmobiliario.

¿Quiénes podrán acceder a Casa 47?

Los requisitos para acceder a un alquiler de Casa 47 se adaptarán a cada comunidad autónoma, aunque ya se conocen los criterios generales:

  • Rango de ingresos: Los solicitantes deberán tener rentas comprendidas entre 16.800 y 63.000 euros anuales, equivalentes a 2 y 7,5 veces el IPREM.

  • Clase media trabajadora: Este rango de ingresos cubrirá aproximadamente al 60 % de la población, dejando fuera a quienes perciben menos (que podrán optar a vivienda social tradicional) y a quienes superan el límite máximo.

  • Límite de esfuerzo económico: Ningún inquilino podrá destinar más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, garantizando que la vivienda no comprometa otras necesidades básicas.

Precios y duración de los contratos

Los alquileres de Casa 47 se calcularán en función de la renta media de cada zona, no del coste de construcción. Según las primeras estimaciones:

  • En Madrid, los alquileres podrían reducirse un 38 % respecto al mercado, con precios en torno a 680–690 euros mensuales.

  • En Málaga, la rebaja podría alcanzar el 50 %.

  • En municipios menos tensionados, como Olivenza (Badajoz), los alquileres podrían situarse en torno a 400 euros mensuales.

Los contratos serán de larga duración, con posibilidad de extenderse hasta 75 años, adaptándose a las necesidades de los inquilinos y ofreciendo estabilidad frente a la especulación inmobiliaria.

Portal online y gestión integral de viviendas

En 2026 se habilitará un portal digital de Casa 47, donde los ciudadanos podrán consultar las promociones disponibles, requisitos específicos y formalizar solicitudes. Esta plataforma busca simplificar la gestión y reducir la burocracia.

Además, Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de las viviendas, desde la adquisición de suelos, construcción y urbanismo, hasta la entrega de llaves y administración de los contratos de alquiler.

Inspiración en modelos internacionales

El modelo de Casa 47 se inspira en experiencias europeas de vivienda pública:

  • Austria: Viena tiene más del 60 % de sus habitantes en pisos gestionados por el Estado o cooperativas, con contratos indefinidos y precios ajustados a la renta.

  • Francia: El sistema HLM ofrece vivienda social con criterios de ingresos similares a los de Casa 47 y contratos de larga duración.

  • Países Bajos: El 30 % del parque residencial es gestionado por corporaciones de vivienda pública con precios regulados.

Según datos de la BBC, mientras que en ciudades como Madrid los residentes destinan hasta un 60 % de su salario al alquiler, en Viena solo se dedica el 20 %, lo que evidencia la necesidad de iniciativas como Casa 47 en España.

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