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Alberto Fabra admite sobrecostes de Ciegsa, pero «justificados y dentro de la ley»

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VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido «la necesidad y utilidad» de la empresa Ciegsa para «agilizar» la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana y ha admitido que hubo sobrecostes en la obras «como existen ahora» con el actual Consell, pero «siempre justificados y dentro de la ley».

«No sé si en los centros que se han adjudicado en la actualidad ha habido también complementarios añadidos, pero posiblemente sí. Siempre deben ser dentro de la ley y justificados por los técnicos porque cuando se habla de un modificado no es el político de turno al que se le ocurre, sino que es porque hay una razón técnica que la justifique», ha remarcado para señalar que al final quien autoriza la propuesta son los técnicos.

Ha explicado que esta entidad de construcción de colegios se creó «por la necesidad» que había de construcción de centros educativos ya que la realidad era que muchos estaban «obsoletos» y, para ello, se buscó «una fórmula» para hacer colegios de la forma «más rápido posible».

Por tanto, a su juicio, fue «útil el hecho de que existiera Ciegsa en general». «Si luego hubiera habido alguna incidencia serán los tribunales los que tendrán que determinar, pero Ciegsa no solo fue absolutamente necesaria, sino útil, satisfactoria y logró atender las demandas de los ayuntamientos».

Así lo ha indicado Fabra en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A (Ciegsa) en donde ha subrayado que en la empresa había un control por parte de la Intervención, Sindicatura, Tribunal de Cuentas y autorías privadas que «no han encontrado ninguna salvedad ni incumplimiento grave». «Con esto queda más que demostrado que lo que se hizo era necesario y no había ninguna incoherencia ni incumplimiento grave», ha subrayado.

«Creo que podemos estar seguros de que se hacía una buena gestión, que era útil y fue absolutamente necesaria para dar respuesta a demandas municipales y de las AMPA», ha justificado para poner en valor que a través de esta empresa se construyeron unos 600 centros educativos. Además, ha señalado no conocer ningún consistorio que después de la construcción del centro «haya dicho que no se tenía que haber construido».

De hecho, en este punto ha apostillado que posiblemente «se tendría que haber creado una comisión de investigación si no se hubiera creado Ciegsa». «Entonces sí que sería útil esta comisión porque se hubieran construido la mitad de los colegios y eso sí que hubiera sido un problema», ha argumentado.

«FONT DE MORA FUE UN GRAN CONSELLER»
En su intervención, el actual senador del PP ha destacado la labor que llevó a cabo Alejandro Font de Mora al frente de la Conselleria de Educación. «Fue un gran conseller que se desvivió para que los municipios pudiéramos tener atendidas las demandas y necesidades educativas. De las mayores satisfacciones que he tenido como alcalde era poner la primera piedra y que luego se construyera y en el caso del conseller, después de la primera piedra venía la segunda y se construían los colegios incluso en el tiempo previsto», ha enfatizado.

Asimismo, ha negado que hubiera disputas dentro del PPCV para utilizar Ciegsa. «No creo que nadie pueda utilizar ninguna empresa pública para decantar más poder o influencia de un bando a otro. Estoy convencido de que no», ha remarcado.

Alberto Fabra ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la Generalitat la situación era «muy complicada» porque los ingresos habían caído «de forma exorbitante», lo que suponía que no se podía garantizar los servicios básicos. Por ello, ha explicado que su intención fue «reducir el gasto todo lo posible e intentar que hubiera más ingresos».

Así, se decidió hacer una reestructuración y racionalización del Sector Público Instrumental de la administración valenciana para «poner orden en las cuentas», lo que conllevó la reducción en 71 entes público que generó «un ahorro de más de 3.200 millones de euros en cuatro años».

En este escenario, ha defendido que su intención fue extinguir Ciegsa porque no tenía actividad. «Quería cerrarla porque no había dinero para hacer colegios y por nuestra apuesta de reducir el sector público», ha indicado.

En este punto, ha preguntado a los diputados de la comisión que forman parte de los partidos que conforman el Gobierno valenciano que «si tan mala era» esta empresa «por qué la han prorrogado». «Deberá preguntar a su partido o al conseller por qué una sociedad tan cuestionada y para servicios, según dicen que no eran necesarios atender, en estos momentos sigue vigente», ha señalado.

Pese a todo, ha insistido en que su preocupación fue con lo «poco» que tenían y podían hacer, «quitar las aulas prefabricadas». «La prioridad de lo poco podía haber era eliminación aulas prefabricadas y esa fue la única directriz que tuvo maría José Catalá. En nuestra gestión habrá cosas mejor y peor, pero defiendo Ciegsa como beneficiario de un ayuntamiento al que se atendió las necesidades y entiendo fue una sociedad pública útil», ha zanjado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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