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Alberto Fabra admite sobrecostes de Ciegsa, pero «justificados y dentro de la ley»

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VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido «la necesidad y utilidad» de la empresa Ciegsa para «agilizar» la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana y ha admitido que hubo sobrecostes en la obras «como existen ahora» con el actual Consell, pero «siempre justificados y dentro de la ley».

«No sé si en los centros que se han adjudicado en la actualidad ha habido también complementarios añadidos, pero posiblemente sí. Siempre deben ser dentro de la ley y justificados por los técnicos porque cuando se habla de un modificado no es el político de turno al que se le ocurre, sino que es porque hay una razón técnica que la justifique», ha remarcado para señalar que al final quien autoriza la propuesta son los técnicos.

Ha explicado que esta entidad de construcción de colegios se creó «por la necesidad» que había de construcción de centros educativos ya que la realidad era que muchos estaban «obsoletos» y, para ello, se buscó «una fórmula» para hacer colegios de la forma «más rápido posible».

Por tanto, a su juicio, fue «útil el hecho de que existiera Ciegsa en general». «Si luego hubiera habido alguna incidencia serán los tribunales los que tendrán que determinar, pero Ciegsa no solo fue absolutamente necesaria, sino útil, satisfactoria y logró atender las demandas de los ayuntamientos».

Así lo ha indicado Fabra en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A (Ciegsa) en donde ha subrayado que en la empresa había un control por parte de la Intervención, Sindicatura, Tribunal de Cuentas y autorías privadas que «no han encontrado ninguna salvedad ni incumplimiento grave». «Con esto queda más que demostrado que lo que se hizo era necesario y no había ninguna incoherencia ni incumplimiento grave», ha subrayado.

«Creo que podemos estar seguros de que se hacía una buena gestión, que era útil y fue absolutamente necesaria para dar respuesta a demandas municipales y de las AMPA», ha justificado para poner en valor que a través de esta empresa se construyeron unos 600 centros educativos. Además, ha señalado no conocer ningún consistorio que después de la construcción del centro «haya dicho que no se tenía que haber construido».

De hecho, en este punto ha apostillado que posiblemente «se tendría que haber creado una comisión de investigación si no se hubiera creado Ciegsa». «Entonces sí que sería útil esta comisión porque se hubieran construido la mitad de los colegios y eso sí que hubiera sido un problema», ha argumentado.

«FONT DE MORA FUE UN GRAN CONSELLER»
En su intervención, el actual senador del PP ha destacado la labor que llevó a cabo Alejandro Font de Mora al frente de la Conselleria de Educación. «Fue un gran conseller que se desvivió para que los municipios pudiéramos tener atendidas las demandas y necesidades educativas. De las mayores satisfacciones que he tenido como alcalde era poner la primera piedra y que luego se construyera y en el caso del conseller, después de la primera piedra venía la segunda y se construían los colegios incluso en el tiempo previsto», ha enfatizado.

Asimismo, ha negado que hubiera disputas dentro del PPCV para utilizar Ciegsa. «No creo que nadie pueda utilizar ninguna empresa pública para decantar más poder o influencia de un bando a otro. Estoy convencido de que no», ha remarcado.

Alberto Fabra ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la Generalitat la situación era «muy complicada» porque los ingresos habían caído «de forma exorbitante», lo que suponía que no se podía garantizar los servicios básicos. Por ello, ha explicado que su intención fue «reducir el gasto todo lo posible e intentar que hubiera más ingresos».

Así, se decidió hacer una reestructuración y racionalización del Sector Público Instrumental de la administración valenciana para «poner orden en las cuentas», lo que conllevó la reducción en 71 entes público que generó «un ahorro de más de 3.200 millones de euros en cuatro años».

En este escenario, ha defendido que su intención fue extinguir Ciegsa porque no tenía actividad. «Quería cerrarla porque no había dinero para hacer colegios y por nuestra apuesta de reducir el sector público», ha indicado.

En este punto, ha preguntado a los diputados de la comisión que forman parte de los partidos que conforman el Gobierno valenciano que «si tan mala era» esta empresa «por qué la han prorrogado». «Deberá preguntar a su partido o al conseller por qué una sociedad tan cuestionada y para servicios, según dicen que no eran necesarios atender, en estos momentos sigue vigente», ha señalado.

Pese a todo, ha insistido en que su preocupación fue con lo «poco» que tenían y podían hacer, «quitar las aulas prefabricadas». «La prioridad de lo poco podía haber era eliminación aulas prefabricadas y esa fue la única directriz que tuvo maría José Catalá. En nuestra gestión habrá cosas mejor y peor, pero defiendo Ciegsa como beneficiario de un ayuntamiento al que se atendió las necesidades y entiendo fue una sociedad pública útil», ha zanjado.

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Elisa Mouliaá solicita 3 años de cárcel para Íñigo Errejón por presunto abuso sexual continuado

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Elisa Mouliaá

La actriz Elisa Mouliaá ha dado un paso importante en el ámbito judicial al presentar formalmente su solicitud para que se abra un juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de un delito continuado de abuso sexual. Según la petición de la actriz, se solicita una condena de tres años de prisión.


Detalles del caso

El caso, que ha generado gran repercusión mediática, gira en torno a alegaciones de abuso sexual continuado, un tipo de delito que, de confirmarse, puede tener implicaciones penales significativas. La acusación formal presentada por Mouliaá implica que la Fiscalía y los tribunales analicen el caso y determinen si procede abrir juicio.

El contexto del procedimiento incluye:

  • La presentación de la denuncia por parte de la víctima

  • La solicitud de apertura de juicio oral

  • La reclamación de pena de prisión específica, en este caso de tres años


Implicaciones legales de la acusación

Un delito continuado de abuso sexual se caracteriza por la comisión reiterada de actos sexuales no consentidos hacia la víctima. En España, este tipo de acusación puede derivar en penas que combinan prisión, medidas de protección a la víctima y restricciones de acercamiento o comunicación.

Si los tribunales aceptan la apertura del juicio, se dará inicio a un proceso legal en el que:

  • Se analizarán todas las pruebas aportadas por la acusación

  • Se permitirá a la defensa presentar su versión de los hechos

  • Se dictará sentencia en función de la evidencia y la normativa vigente


Repercusiones públicas y mediáticas

El caso ha captado atención en medios nacionales y redes sociales, dado que involucra a un personaje público del ámbito político. La repercusión incluye debates sobre:

  • La protección de las víctimas de abuso sexual

  • La responsabilidad de figuras públicas

  • La importancia de un juicio justo y transparente


Próximos pasos en el proceso judicial

De aceptarse la solicitud de Mouliaá, el tribunal competente evaluará la evidencia y decidirá si se abre juicio oral. Durante este proceso, se podrán presentar testigos, pruebas documentales y peritajes psicológicos para determinar la veracidad de las alegaciones.

Los pasos principales incluyen:

  1. Estudio preliminar de la denuncia

  2. Decisión sobre la apertura del juicio

  3. Presentación de pruebas y alegatos de ambas partes

  4. Sentencia final y posibles recursos


Conclusión

El caso entre Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón resalta la relevancia de los procesos judiciales en situaciones de abuso sexual, especialmente cuando involucran a figuras públicas. Mientras el sistema legal determina la veracidad de las acusaciones, se mantiene la importancia de garantizar un juicio justo, la protección de la víctima y la transparencia en el proceso.

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