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Alberto Fabra admite sobrecostes de Ciegsa, pero «justificados y dentro de la ley»

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VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – El expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido «la necesidad y utilidad» de la empresa Ciegsa para «agilizar» la construcción de centros educativos en la Comunitat Valenciana y ha admitido que hubo sobrecostes en la obras «como existen ahora» con el actual Consell, pero «siempre justificados y dentro de la ley».

«No sé si en los centros que se han adjudicado en la actualidad ha habido también complementarios añadidos, pero posiblemente sí. Siempre deben ser dentro de la ley y justificados por los técnicos porque cuando se habla de un modificado no es el político de turno al que se le ocurre, sino que es porque hay una razón técnica que la justifique», ha remarcado para señalar que al final quien autoriza la propuesta son los técnicos.

Ha explicado que esta entidad de construcción de colegios se creó «por la necesidad» que había de construcción de centros educativos ya que la realidad era que muchos estaban «obsoletos» y, para ello, se buscó «una fórmula» para hacer colegios de la forma «más rápido posible».

Por tanto, a su juicio, fue «útil el hecho de que existiera Ciegsa en general». «Si luego hubiera habido alguna incidencia serán los tribunales los que tendrán que determinar, pero Ciegsa no solo fue absolutamente necesaria, sino útil, satisfactoria y logró atender las demandas de los ayuntamientos».

Así lo ha indicado Fabra en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga los sobrecostes de 1.000 millones de euros en la empresa de Construcciones e Infraestructuras Educativas S.A (Ciegsa) en donde ha subrayado que en la empresa había un control por parte de la Intervención, Sindicatura, Tribunal de Cuentas y autorías privadas que «no han encontrado ninguna salvedad ni incumplimiento grave». «Con esto queda más que demostrado que lo que se hizo era necesario y no había ninguna incoherencia ni incumplimiento grave», ha subrayado.

«Creo que podemos estar seguros de que se hacía una buena gestión, que era útil y fue absolutamente necesaria para dar respuesta a demandas municipales y de las AMPA», ha justificado para poner en valor que a través de esta empresa se construyeron unos 600 centros educativos. Además, ha señalado no conocer ningún consistorio que después de la construcción del centro «haya dicho que no se tenía que haber construido».

De hecho, en este punto ha apostillado que posiblemente «se tendría que haber creado una comisión de investigación si no se hubiera creado Ciegsa». «Entonces sí que sería útil esta comisión porque se hubieran construido la mitad de los colegios y eso sí que hubiera sido un problema», ha argumentado.

«FONT DE MORA FUE UN GRAN CONSELLER»
En su intervención, el actual senador del PP ha destacado la labor que llevó a cabo Alejandro Font de Mora al frente de la Conselleria de Educación. «Fue un gran conseller que se desvivió para que los municipios pudiéramos tener atendidas las demandas y necesidades educativas. De las mayores satisfacciones que he tenido como alcalde era poner la primera piedra y que luego se construyera y en el caso del conseller, después de la primera piedra venía la segunda y se construían los colegios incluso en el tiempo previsto», ha enfatizado.

Asimismo, ha negado que hubiera disputas dentro del PPCV para utilizar Ciegsa. «No creo que nadie pueda utilizar ninguna empresa pública para decantar más poder o influencia de un bando a otro. Estoy convencido de que no», ha remarcado.

Alberto Fabra ha recordado que cuando llegó a la presidencia de la Generalitat la situación era «muy complicada» porque los ingresos habían caído «de forma exorbitante», lo que suponía que no se podía garantizar los servicios básicos. Por ello, ha explicado que su intención fue «reducir el gasto todo lo posible e intentar que hubiera más ingresos».

Así, se decidió hacer una reestructuración y racionalización del Sector Público Instrumental de la administración valenciana para «poner orden en las cuentas», lo que conllevó la reducción en 71 entes público que generó «un ahorro de más de 3.200 millones de euros en cuatro años».

En este escenario, ha defendido que su intención fue extinguir Ciegsa porque no tenía actividad. «Quería cerrarla porque no había dinero para hacer colegios y por nuestra apuesta de reducir el sector público», ha indicado.

En este punto, ha preguntado a los diputados de la comisión que forman parte de los partidos que conforman el Gobierno valenciano que «si tan mala era» esta empresa «por qué la han prorrogado». «Deberá preguntar a su partido o al conseller por qué una sociedad tan cuestionada y para servicios, según dicen que no eran necesarios atender, en estos momentos sigue vigente», ha señalado.

Pese a todo, ha insistido en que su preocupación fue con lo «poco» que tenían y podían hacer, «quitar las aulas prefabricadas». «La prioridad de lo poco podía haber era eliminación aulas prefabricadas y esa fue la única directriz que tuvo maría José Catalá. En nuestra gestión habrá cosas mejor y peor, pero defiendo Ciegsa como beneficiario de un ayuntamiento al que se atendió las necesidades y entiendo fue una sociedad pública útil», ha zanjado.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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