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Alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la Comunitat

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MADRID/VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – Un total de 34 provincias tendrá este miércoles activos avisos por riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por fenómenos meteorológicos adversos tales como precipitaciones, nevadas, viento, fenómenos costeros o aludes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Comunitat Valenciana, activarán el aviso amarillo por rachas de viento fuerte tanto el interior de la provincia de Valencia como el de Castellón, mientras que el resto de la región estará en nivel verde (sin riesgo).

A nivel nacional, los vientos soplarán fuertes y tendrán con riesgo importante a Melilla y Mallorca, donde pueden alcanzarse rachas de hasta 100 kilómetros por hora y tendrán aviso amarillo también las islas baleares de Menorca, Ibiza, Formentera, junto con Navarra, Teruel, Barcelona, Gerona, Tarragona, Albacete, Murcia y Almería.

Los fenómenos costeros y el fuerte oleaje afectarán a buena parte del litoral. En concreto, tendrán aviso amarillo las provincias costeras galletas, Asturias, Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, Barcelona, Gerona, las islas de Baleares, Alicante, Ceuta, Melilla, Almería, Granada, Málaga y Cádiz.

Por su parte, las abundantes precipitaciones han motivado la activación del aviso amarillo en las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Gerona y Tarragona.

En cuanto a las nevadas, este jueves tendrán riesgo importante las provincias de Navarra, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona y Gerona y aviso amarillo tendrán en Burgos, Segovia, Soria, La Rioja, Zaragoza, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Granada y Jaén.

Y el riesgo por aludes de nieve afectará a las provincias pirenaicas de modo que tendrán activo el aviso amarillo Navarra, Huesca, Gerona, Barcelona y Lérida.

En general, este miércoles se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el País Vasco, la cuenca del Ebro, Baleares y las sierras orientales andaluzas y nevadas en zonas altas de la mitad este peninsular. También se prevén intervalos de viento fuerte en el País Vasco, noroeste de Navarra y área mediterránea.

Imagen: AEMET

LLUVIAS DÉBILES Y DISPERSAS
El cielo estará en la mayor parte de la Península y de Baleares muy nuboso con precipitaciones y serán más débiles y dispersas en zonas del oeste peninsular y en el extremo sudeste. Las más intensas se producirán en el nordeste, Baleares e interior del este de Andalucía.

Las precipitaciones llegarán en forma de nieve en las zonas altas de la mitad este peninsular y destacarán las nevadas en Pirineos. En Canarias, por su parte se producirán probables lluvias débiles en el norte y predominarán los cielos poco nubosos en el resto.

La cota de nieve se situará en el cuadrante noroeste y zona centro entre 700 a 900 metros y subirá a 1.100-1.300 metros. En el resto nevará a partir de 900 a 1.200 metros y subirá a 1.100 a 1.500 metros en la mitad sur.

En cuanto a las temperaturas diurnas, la Agencia de Meteorología espera que suban en el centro y oeste peninsular y en el oeste de Canarias y descenderán en el nordeste, Baleares y Melilla. En la meseta norte habrá heladas débiles.

Finalmente, el viento soplará de componente norte en Canarias, de componente sur en el litoral oriental peninsular y Baleares, y de componente oeste en el resto, con intervalos de intensidad fuerte en el País Vasco, noroeste de Navarra, sierras orientales y litoral mediterráneo peninsular y en Baleares.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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