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Junts vota ‘no’ a la ley de amnistía y retrasa su aprobación en el Congreso para seguir negociando

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En representación del grupo Junts per Catalunya, Míriam Nogueras-Foto: CONGRESO

Madrid (EFE).- La proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE no ha sido rechazada este martes por el pleno del Congreso al no contar con los votos de Junts, con lo que se retrasa su tramitación: el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.

Después de que el PSOE rechazara las enmiendas clave de Junts para amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el ‘procés’, la ley ha sido apoyada por 171 diputados, pero la formación liderada por Carles Puigdemont se ha unido al bloque del ‘no’, formado por el PP, Vox, CC y UPN y que ha sumado 179 votos.

Qué decían las enmiendas de Junts que han sido rechazadas

Las enmiendas clave de Junts buscaban amnistiar todos los delitos de terrorismo y también ampliar ese paraguas a la traición, los delitos contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional.

Junts, que planteaba también adelantar dos meses el periodo de la amnistía para que comience el 1 de noviembre de 2011, proponía asimismo, sin citarlo, luchar contra el “lawfare”.

Planteaba así ampliar la amnistía a las acciones “atribuidas en función de operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito”.

También han decaído todas las enmiendas de ERC, que, además de incluir el terrorismo, pedía excluir de la amnistía todos los delitos de tortura, independientemente de su gravedad, lo que podía perjudicar a numerosos policías investigados por las cargas del 1-O.

¿Y ahora qué pasa?

El rechazo de la proposición de Ley de Amnistía en la votación de conjunto del Pleno del Congreso de este martes devuelve la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia. Los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de un mes para introducir nuevas modificaciones en la proposición, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja.

La Comisión de Justicia aprobó la pasada semana un dictamen con la ley y las últimas enmiendas pactadas por el Gobierno con los independentistas de ERC, un texto y unas modificaciones que salieron adelante con el apoyo de Junts, que ha vuelto a votar sí en este sentido.

Junts quiere cambios para blindarse ante los jueces «prevaricadores»

Pero los de Carles Puigdemont consideran que ese texto no es suficiente y quieren introducir cambios para ‘blindarse’ ante lo que considera maniobras de jueces para extender sus investigaciones a aspectos no contemplados por la amnistía, como el terrorismo que aprecia el juez Manuel García Castellón en las protestas de los CDR y el ‘Tsunami Democràtic’ o el delito de «traición» que percibe el juez de Barcelona que investiga la «conexión rusa» con el procès.

La proposición de ley se ha sometido a dos votaciones generales en el Pleno del Congreso de este martes, una sobre el dictamen aprobado por la comisión y otra por su rango orgánico. El dictamen ha sido aprobado por el Pleno volvería a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, se debatieran los cambios pertinentes y se llevase al hemiciclo un nuevo texto para un segundo intento.

Se retrasa así 15 días la tramitación de la iniciativa del PSOE, pero al menos permite al PSOE y los independentistas introducir nuevos cambios en la redacción vía enmienda transaccional, sin necesidad de contar con el permiso unánime que se exige en el Pleno del Congreso.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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