València, 23 may (EFE).- La nueva fase de explotación del caso Azud, que investiga una trama de sobornos con trasfondo urbanístico, ha añadido medio centenar de investigados al ya nutrido listado de asuntos que maneja la Fiscalía Anticorrupción que, por su extensión temporal y por vincular a tres Administraciones distintas, han puesto bajo la lupa 20 años de hacer política en la Comunitat Valenciana.

La singularidad de esta causa, que ha llevado a prisión al que fuese «número dos» de Rita Barberá, Alfonso Grau, y a su principal adversario socialista, Rafael Rubio, reside precisamente en la transversalidad de la actividad corrupta, en cómo aparentemente la tentación del dinero sucio unió los destinos de enconados adversarios políticos.

En los últimos años los juzgados valencianos y también la Audiencia Nacional han esclarecido delitos de estafas, prevaricación, malversación, blanqueo, falsedad y otros tipos asociados a la corrupción en asuntos tan mediáticos como la construcción del parque Terra Mítica, la trama de la depuradora de Pinedo (Emarsa), la del caso Cooperación o Gürtel en varias de sus piezas, como las de Fitur o la financiación ilegal del PP.

Pero lejos de despejar agendas, la lista de causas de las que se ha hecho cargo la Fiscalía Anticorrupción ha seguido aumentando con asuntos como el del «pitufeo» que afectó a prácticamente la totalidad del equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía de València, con más de medio centenar de procesados, o todas las derivadas del caso Imelsa, con ramificaciones tanto en ese Ayuntamiento, como en la Diputación, la Generalitat (CIEGSA) o el PP, de nuevo por su posible financiación irregular.

Los vínculos entre los procesados y las conexiones de sus intereses empresariales y económicos han convertido causas inicialmente muy acotadas en incendios casi descontrolados, cuyos focos amenazan en los últimos meses con desbordar a los especialistas de la UCO y de Anticorrupción.

Y esto que ha sucedido recientemente al tirar del hilo del caso Azud -cuyo origen inicialmente estuvo en una denuncia anónima sobre la actividad supuestamente corrupta del cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín- ya pasó con el caso Imelsa, del que se ha desgajado al menos una decena de piezas separadas, y en cuyas pesquisas se encontraron papeles que han derivado en otra macrocausa: la que versa sobre la privatización de las ITV y afecta al expresident y exministro Eduardo Zaplana bajo el nombre de Erial.

También está siendo extensa y mediática, principalmente por la espectacularidad del operativo policial, la causa que supuso el fin del socialista Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia por la contratación supuestamente irregular de altos cargos; al igual que la que investiga a Francis Puig, hermano del president Ximo Puig, por el supuesto falseamiento de los documentos con los que justificó varias subvenciones públicas.

Como en la mayor parte de los asuntos, a ambos lados del tablero de la corrupción se sentaron políticos -o conseguidores afines a los partidos- y empresarios dispuestos a tomar ciertos atajos en sus negocios, y años después, corresponde a jueces y fiscales descifrar aquellas partidas.

Y entre comisiones rogatorias, viajes al extranjero, informes de los unidades policiales especializadas en delitos económicos y financieros, declaraciones de los acusados y recursos, el papel crece y envejece en los despachos y obligará previsiblemente a la Fiscalía Anticorrupción a reordenar el trabajo en los referidos procesos y a asignar algunas de estas causas a la fiscal recientemente incorporada a la sección.

Todo ello sin dejar de lado la tramitación de otras procesos de evidente carácter político, como el aval de la Generalitat a la empresa promotora de la Fórmula 1 (Valmor), la supuesta actividad corrupta de Consuelo Císcar al frente del IVAM, el presunto amaño de los concursos de servicios de extinción de incendios (caso Avialsa) o la investigación por cohecho a dos ediles de Compromís de Palma de Gandia.

Por Jordi Ferrer