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Sanidad publica el protocolo para la apertura de las piscinas: estas serán las normas

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Piscinas municipales gratuitas durante la ola de calor

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar un protocolo cuyo objetivo es establecer las medidas básicas de seguridad para velar por la salud de los ciudadanos en las piscinas. Dicho documento, consensuado con las comunidades autónomas y el sector que gestiona este tipo de establecimientos, entrará en vigor única y exclusivamente cuando el Plan de transición hacia una nueva normalidad establezca que es posible la apertura.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la ventilación de los espacios cerrados, como vestuarios y baños, botiquín y salas técnicas. El hacinamiento y la ausencia de ventilación son factores que favorecen la transmisión del virus. Se recomienda así abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área. Y, en el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios mecánicos, estos deben conservarse en buen estado de mantenimiento, limpieza y grado de desinfección adecuado.

Además, es esencial que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección de todo el mobiliario (vaso, corcheras, escaleras de acero inoxidable, duchas, paredes, taquillas, etc.), y prestar especial atención a las superficies de contacto más frecuente como grifos, barandillas o pomos de puerta. El protocolo llama la atención sobre el hecho de que la desinfección carece de eficacia si la superficie no ha sido previamente desprovista de suciedad que puede servir de refugio a los microorganismos.

Asimismo, se insta que de forma complementaria a este documento se disponga de un protocolo específico que responda a las características específicas de cada instalación. De manera general no hay que olvidar aspectos como por ejemplo que se deberán utilizar paños y materiales de un solo uso o proceder a su limpieza y desinfección adecuada. Respecto a los desinfectantes se podrán usar diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

El agua de los vasos debe contar con un proceso de depuración física y química, la renovación mediante adición de agua de aporte y la realización de controles operativos o rutinarios. Para eliminar el virus hay que mantener correctamente el tratamiento y niveles de desinfección residual en el agua.

Los establecimientos de hostelería que se encuentren ubicados en la piscina, deberán seguir los protocolos correspondientes a este sector. Y, las instalaciones deportivas y parques de juegos no podrán usarse hasta que así se establezca en la oportuna fase de desescalada.

Aforo y control de accesos

Se propone como medida restrictiva de aforo al menos doblar la superficie por persona en los espacios al aire libre y triplicarla en los espacios cubiertos. Estas medidas son indicativas y dependiendo de la configuración de la piscina y de la zona pública podrán establecerse medidas más restrictivas para asegurarse el distanciamiento social.

Será el socorrista o el personal que designe el gestor de la instalación, el responsable de supervisar el número de bañistas en cada uno de los vasos y restringir los accesos a los mismos y de acuerdo con la legislación vigente en cada comunidad autónoma.

Para la entrada a la piscina se propone dibujar o colocar bandas en el suelo de recepción que marquen la distancia mínima entre personas de 2 metros para acceder el mostrador y a la entrada.

En el caso de que la barrera de acceso sean tornos es preferible tenerlos bajados o tocarlos con la ropa. Y, si la instalación lo permite, se recomienda utilizar una puerta de entrada y otra de salida para intentar evitar al máximo los cruces.

Otras medidas de seguridad

El protocolo señala que los establecimientos deberán contar con sistemas para la desinfección de manos a la entrada e incorporar un sistema de limpieza y desinfección de calzado a la entrada así como recomendar el uso de calzado exclusivo dentro de la instalación.

Además, se pondrá a disposición de los usuarios una bolsa de plástico para material desechable que se deberá depositar convenientemente cerrada en un cubo de basura (con tapa y pedal) a la salida y se favorecerá el pago con tarjeta de crédito o a través de aplicaciones móviles.

También se hace hincapié en la importancia de la difusión de mensajes de prevención mediante carteles y/o megafonía. Los carteles recordarán buenas prácticas de higiene pública como ducharse antes de entrar a la piscina o lavar los trajes y las toallas de baño, para eliminar todas las bacterias o virus.

Medidas en las zonas comunes

Las piscinas deben contar con una distribución espacial de al menos 2 metros entre los usuarios que estará señalizada en el suelo. Todos los objetos personales como toalla, botes de crema, calzado de uso exclusivo, mochilas, etc. deben permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido y evitar el contacto con el resto de usuarios.

Se deberá realizar limpieza y desinfección de las zonas de estancia y de tránsito de los bañistas, al menos dos veces al día, haciendo especial hincapié en las zonas más frecuentadas como vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos.

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Juan Carlos I renuncia a recuperar los 65 millones de euros que entregó a Corinna Larsen

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Corinna Larsen
El rey emérito Juan Carlos I junto a Corinna Larsen, a quien entregó 65 millones de euros en 2012 que finalmente no reclamará judicialmente.-CAPTURA DE PANTALLA

El rey emérito descarta finalmente emprender acciones judiciales contra su expareja y el abogado suizo Dante Canónica, a quienes pretendía reclamar más de 73 millones de euros por una operación económica vinculada a fondos procedentes de Arabia Saudí.

Juan Carlos I ha decidido no continuar con su intención de recuperar los 65 millones de euros que transfirió a Corinna Larsen en 2012, una cantidad que procedía de los fondos que el entonces monarca había recibido años antes de Arabia Saudí. El rey emérito renuncia así a presentar la demanda que había anunciado en abril de 2025 contra su antigua pareja sentimental y contra el abogado suizo Dante Canónica.

La decisión supone un nuevo giro en uno de los episodios económicos más controvertidos de la vida del padre de Felipe VI. Según ha publicado El País, citando fuentes próximas al entorno del exjefe del Estado, la reclamación judicial finalmente no se ha formalizado, pese a que inicialmente se había planteado exigir 70 millones de euros a Corinna Larsen y otros 3,5 millones al letrado suizo.

Con este cambio de postura, Juan Carlos I evita abrir otro procedimiento judicial relacionado con sus finanzas personales y con la fortuna que acabó en manos de quien fue su compañera sentimental durante años.

Juan Carlos I renuncia a demandar a Corinna Larsen por los 65 millones de euros

La intención del rey emérito de acudir a los tribunales se conoció en abril de 2025, cuando trascendió que estudiaba emprender acciones legales contra Corinna Larsen y Dante Canónica.

La reclamación no se limitaba a solicitar la devolución del dinero. También contemplaba posibles acciones por presunto fraude y vulneración del derecho al honor, en relación con las circunstancias de la transferencia y las declaraciones públicas realizadas por la empresaria.

Juan Carlos I consideraba que había sido engañado y pretendía obtener una compensación económica que superaba el importe originalmente entregado.

Sin embargo, más de un año después de anunciar sus intenciones, el antiguo monarca ha optado por no presentar la demanda.

Esta decisión evita reactivar un enfrentamiento judicial que podría haber vuelto a situar bajo el foco público las operaciones financieras del emérito y su relación con Corinna Larsen.

¿De dónde procedían los 65 millones de euros que Juan Carlos I entregó a Corinna?

El origen de esta fortuna se remonta a 2008, cuando Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, durante el reinado de Abdalá bin Abdulaziz.

Los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria vinculada a la fundación panameña Lucum, una estructura financiera relacionada con el patrimonio del entonces jefe del Estado español.

La operación adquirió especial relevancia pública años después, cuando comenzaron a conocerse detalles sobre las cuentas del rey emérito en el extranjero.

En 2012, el banco suizo Mirabaud & Cie exigió el cierre de la cuenta asociada a la fundación Lucum. Fue entonces cuando Juan Carlos I transfirió aproximadamente 65 millones de euros a Corinna Larsen.

La empresaria trasladó posteriormente ese patrimonio a una cuenta perteneciente a una de sus sociedades en Bahamas.

Una donación que se realizó después del escándalo de Botsuana

La transferencia tuvo lugar en 2012, el mismo año en el que salió a la luz el polémico viaje de Juan Carlos I a Botsuana para participar en una cacería de elefantes.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la imagen pública del entonces monarca, especialmente después de que sufriera un accidente durante su estancia en el país africano.

Corinna Larsen formaba parte de aquel viaje, cuya repercusión mediática puso bajo escrutinio la vida privada del rey y su relación con la empresaria.

Meses después de aquel escándalo, Juan Carlos I formalizó la entrega de los 65 millones de euros que ahora ha decidido no reclamar judicialmente.

La clave de la fortuna de Corinna Larsen: una donación irrevocable

Uno de los aspectos fundamentales de este caso es la naturaleza jurídica de la transferencia realizada por Juan Carlos I.

Según la documentación de la operación, la entrega de los 65 millones de euros se formalizó como una donación irrevocable, una condición que resulta especialmente relevante a la hora de valorar cualquier posible reclamación posterior.

El documento establecía que Corinna Larsen no estaba obligada a devolver el dinero, ni siquiera en caso de fallecimiento del rey emérito.

Esta cláusula dificultaba una eventual reclamación basada únicamente en la voluntad de recuperar los fondos.

Aunque Juan Carlos I estudió la posibilidad de impugnar la operación, finalmente ha decidido no iniciar ese procedimiento.

La decisión no supone una nueva resolución judicial sobre la titularidad del dinero, sino que implica que el emérito no ha formalizado las acciones legales que había anunciado.

¿Quién es Dante Canónica y qué relación tiene con el dinero de Juan Carlos I?

El abogado suizo Dante Canónica también figuraba entre las personas contra las que Juan Carlos I pretendía emprender acciones judiciales.

Su nombre está vinculado a la estructura de la fundación Lucum, a través de la cual se canalizaron los fondos recibidos de Arabia Saudí.

La reclamación que se planteaba contra él ascendía a 3,5 millones de euros, mientras que la dirigida contra Corinna Larsen alcanzaba los 70 millones.

El rey emérito pretendía cuestionar las circunstancias de las operaciones económicas y exigir responsabilidades por los perjuicios que consideraba haber sufrido.

No obstante, la decisión de no presentar la demanda afecta a ambos y deja sin materializar aquella iniciativa judicial.

La relación entre Juan Carlos I y Corinna Larsen, marcada por las polémicas

La relación personal entre Juan Carlos I y Corinna Larsen ha protagonizado numerosos titulares durante las últimas décadas.

La empresaria alemana, conocida también como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mantuvo una estrecha vinculación con el entonces monarca y su nombre apareció posteriormente asociado a diferentes controversias relacionadas con las finanzas del rey emérito.

El viaje a Botsuana de 2012 contribuyó a que aquella relación adquiriera una gran dimensión mediática.

Con el paso de los años, las diferencias entre ambos trascendieron el ámbito privado y llegaron a los tribunales.

Las declaraciones públicas de Larsen sobre su relación con Juan Carlos I y las operaciones económicas relacionadas con el antiguo jefe del Estado también contribuyeron a mantener el caso en la actualidad informativa.

La intención anunciada en 2025 de reclamar judicialmente los millones transferidos parecía abrir un nuevo capítulo en ese enfrentamiento.

Sin embargo, la renuncia a presentar la demanda supone, por ahora, que no se iniciará ese nuevo procedimiento por parte del emérito.

Juan Carlos I evita una nueva batalla judicial por su fortuna

La decisión de Juan Carlos I llega después de varios años en los que sus actividades financieras han sido objeto de investigaciones y procedimientos judiciales tanto en España como en el extranjero.

Desde 2018, diferentes asuntos relacionados con el patrimonio y las operaciones económicas del rey emérito han generado una importante controversia pública.

Los procedimientos a los que se refiere la información publicada han terminado archivados, aunque la repercusión de estas investigaciones ha continuado afectando a su imagen.

En este contexto, la posibilidad de presentar una nueva demanda contra Corinna Larsen y Dante Canónica suponía volver a abrir un frente judicial de gran repercusión mediática.

La renuncia a reclamar los 65 millones de euros evita, al menos por esta vía, que las circunstancias de aquella donación vuelvan a examinarse en un nuevo procedimiento promovido por Juan Carlos I.

¿Qué ocurrirá ahora con los 65 millones de euros de Corinna Larsen?

La consecuencia inmediata de esta decisión es que Juan Carlos I no ha presentado la reclamación judicial que había anunciado para intentar recuperar el dinero.

La transferencia realizada en 2012 se formalizó mediante un documento que establecía expresamente su carácter irrevocable.

Por tanto, y de acuerdo con la información conocida, no existe una nueva resolución judicial que obligue a Corinna Larsen a devolver aquella cantidad.

El emérito tampoco ha formalizado la reclamación económica prevista contra Dante Canónica.

De este modo, Juan Carlos I deja atrás, por ahora, la posibilidad de recuperar mediante la demanda anunciada los 65 millones de euros entregados a su expareja, una fortuna cuyo origen y posterior transferencia han marcado algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria tras abandonar la jefatura del Estado.

 

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