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Ayuntamiento de València dice que «garantizará» la actuación de Mongolia y anunciará «pronto» lugar y fecha

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VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de València asegura que «garantizará» que el espectáculo ‘Mongolia sobre hielo’ –que se tenía que representar este fin de semana en La Rambleta y que ha sido cancelado tras recibir amenazas por parte de grupos de extrema derecha– «se pueda llevar a cabo en la ciudad». El consistorio añade que «pronto» anunciará lugar y fecha.

Así figura en un mensaje de Twitter hecho público por el ayuntamiento valenciano en respuesta la comunicado emitido este viernes por Rambleta en el informaba de que se ha visto «obligada a cancelar, por motivos de seguridad, las dos funciones del espectáculo ‘Mongolia sobre hielo’, previstas para los días 1 y 2 de diciembre, tras los contactos mantenidos en los últimos días tanto con la Policía Local como con el Ayuntamiento de València».

«La crispación, los insultos, las amenazas y la incitación a la violencia que se han expuesto en las redes sociales, así como las amenazas directas que han recibido los trabajadores de este centro, impiden, bajo las actuales condiciones, la celebración de dicho espectáculo», han explicado.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de València también ofreció un espacio alternativo para representar ‘Nunca os olvidaremos’, en el que participa Dani Mateo, tras cancelar el Teatro Olympia las funciones a causa, también, de las amenazas recibidas. En este caso, la actuación se ha fijado para el próximo 9 de febrero en el Palau de la Música.

Por su parte, el director del Institut Valencià de Cultura (IVC)
–organismo dependiente de la Conselleria de Cultura–, Abel Guarinos, ha mostrado este viernes su «apoyo» a Revista Mongolia y ha asegurado: «Si Mongolia quiere una de nuestras salas, están a su disposición».

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa de presentación de los espacios adheridos a los beneficios del Abono Cultural Valenciano, al ser preguntado por la cancelación.

Guarinos ha mostrado «todo el apoyo» del IVC a poder «hablar con la policía autonómica para que haga viable la libertad de expresión en los espacios públicos», a pesar de las «presiones» de «grupos que no respetan la libertad de expresión».

El director del IVC ha subrayado que no hay que «tener miedo en ningún momento» porque «las instituciones y las fuerzas de seguridad están al lado de la Constitución y de la libertad de expresión», ha indicado.

«NO NOS DEBEMOS AMILANAR»
«De la misma manera que dijimos que si Dani Mateo quería utilizar una de nuestras salas, si Mongolia quiere utilizar una de nuestras salas están a su disposición, por tal de ver que no nos debemos amilanar ante presiones porque no están incurriendo en ningún delito quienes se suben al escenario», ha remarcado.

Preguntado por el hecho de que la Rambleta alegue «motivos de seguridad», Guarinos ha señalado que esta «nunca está garantizado», «pero hay casos más que evidentes de que las fuerzas de seguridad garantizan la entrada y salida y estancia en un espacio».

En este sentido, ha asegurado que los efectivos policiales, ante la organización de determinados eventos «están desde la misma mañana revisando butaca por butaca», «revisando la gente que entra» y acordonando con suficientes metros de distancia en la calle para que quien quiera manifestarse públicamente pueda, pero que no bloqueen ningún paso de entrada y salida»

Por todo ello, ha manifestado que le «extraña mucho que desde la Rambleta piensen que las propias fuerzas locales» no garantizan la seguridad. «No olvidemos que la Rambleta, aunque de gestión privada, es un espacio público» y «tantos espacios públicos como privados estoy convencido de que las fuerzas de seguridad lo van a poner fácil», ha insistido. A su juicio, no debe haber «excusa para cerrar una sala por el contenido más irónico o crítico que pueda tener un espectáculo».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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