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El Ayuntamiento de València acudirá como acusación particular al juicio por los incidentes del 9 d’octubre

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El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha comunicado al Ayuntamiento la aceptación de su personación como acusación particular en el marco de las diligencias previas que lleva a cabo el magistrado-juez. Este juzgado investiga los hechos del pasado 9 d’Octubre, en los que se produjeron varias agresiones por elementos ultras que impidieron el desarrollo de una manifestación por el centro de la ciudad.

El pasado 15 de diciembre, y a instancia del alcalde de València, Joan Ribó, la Junta de Gobierno Local aprobó proponer la personación del Ayuntamiento por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos, según detalla la propia Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía. Además, en la interlocutoria de citado juzgado (del pasado 31 de octubre) se hacía ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprendiera las acciones pertinentes por los posibles daños sufridos.

Fue en este marco que el alcalde propuso a la Junta de Gobierno Local el “ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender a este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal”.

Tal como ha subrayado el alcalde, Joan Ribó, “es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria en vista a preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, como hicieron los grupos ultras el pasado 9 d’Octubre. Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal, trabajar para erradicar los delitos de odio”.

Durante la manifestación convocada el pasado 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por parte de las organizaciones integrantes en la denominada “Comisión 9 d’Octubre” se constataron situaciones de enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de ultraderecha ajeno a la marcha, que mostró, tal como ha subrayado el alcalde, “actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones”.

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El PSOE aporta al juez del caso Koldo un pendrive con registros de pagos en efectivo entre 2017 y 2024

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CORRUPCIÓN EN EL PSOE
Santos Cerdán Y Pedro Sánchez

 


El PSOE remite documentación económica al juez del caso Koldo

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha hecho llegar al magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Koldo un dispositivo de almacenamiento que contiene información sobre pagos en efectivo realizados por la formación durante un periodo de siete años.

Según fuentes conocedoras del procedimiento, el material entregado incluiría tanto un listado detallado de los abonos efectuados entre 2017 y 2024 como la documentación justificativa correspondiente. Estos pagos habrían tenido como destinatarios a cargos internos, trabajadores vinculados al partido y personas relacionadas con la organización.

Colaboración con la investigación judicial

La entrega de esta información se enmarca dentro del proceso de colaboración del partido con la investigación judicial abierta para esclarecer posibles irregularidades económicas relacionadas con el entorno del exasesor ministerial Koldo García.

El juez instructor analiza ahora el contenido del dispositivo para determinar su relevancia en la causa y comprobar si los pagos reflejados se ajustan a la legalidad vigente y a los mecanismos de control financiero exigidos a los partidos políticos.

El caso Koldo sigue avanzando en la Audiencia Nacional

El caso Koldo continúa siendo una de las investigaciones judiciales con mayor impacto político, al afectar a contratos públicos y a la gestión de fondos durante etapas clave de la pasada legislatura. La documentación aportada podría resultar determinante para delimitar responsabilidades y aclarar el alcance de los hechos investigados.

 

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