El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado una advertencia directa en una entrevista reciente: si alguien es capaz de manipular unas elecciones internas dentro de su partido, también podría tener la tentación de hacerlo en unas elecciones generales. Esta afirmación se produce justo antes del congreso del Partido Popular, y en un contexto donde la tensión política ha crecido por la sombra del caso Koldo y los escándalos de corrupción.
1. ¿Del pucherazo interno al fraude electoral general?
Aznar ha afirmado que, cuando se ha demostrado que un partido puede “adulterar” unas primarias internas —en alusión al proceso del PSOE en 2014—, es legítimo preguntarse si esa misma lógica no podría extenderse a unas elecciones generales. Su frase exacta fue:
“Cuando uno es capaz de falsificar unas internas, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”
La acusación, aunque indirecta, apunta al PSOE y al actual presidente Pedro Sánchez, bajo la sombra de las irregularidades que salpicaron a colaboradores suyos en procesos anteriores.
2. Una estrategia de crisis constitucional
El expresidente no solo lanzó la sospecha sobre el voto, sino que fue más allá: advirtió que algunos sectores del actual Gobierno estarían dispuestos a provocar una crisis constitucional para mantenerse en el poder. Según Aznar, esta estrategia incluiría prolongar la legislatura hasta 2027 o incluso convocar elecciones con carácter casi constituyente.
Además, alertó sobre las posibles exigencias futuras de los socios independentistas, como un concierto económico catalán o una consulta política que suponga una ruptura con el actual marco constitucional.
3. El apoyo de Feijóo y el debate sobre el voto por correo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumó al mensaje de Aznar. Afirmó que hay que reforzar la vigilancia del voto por correo, argumentando que “si alguien es capaz de robar una joyería, también puede robar un banco”, en alusión a posibles fraudes electorales.
Feijóo aseguró que las palabras de Aznar eran “un ejemplo bastante sensato” y pidió que la Junta Electoral Central analice si es necesario reformar el sistema para garantizar la custodia del voto en procesos futuros.
VÍDEO| Aznar manda estos mensajes directos a Pedro Sánchez
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El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.
Una obligación legal sin compensación suficiente
El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.
La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.
El fallo del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:
Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio
Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses
Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible
Por qué es clave esta decisión
La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.
En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.
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