El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado una advertencia directa en una entrevista reciente: si alguien es capaz de manipular unas elecciones internas dentro de su partido, también podría tener la tentación de hacerlo en unas elecciones generales. Esta afirmación se produce justo antes del congreso del Partido Popular, y en un contexto donde la tensión política ha crecido por la sombra del caso Koldo y los escándalos de corrupción.
1. ¿Del pucherazo interno al fraude electoral general?
Aznar ha afirmado que, cuando se ha demostrado que un partido puede “adulterar” unas primarias internas —en alusión al proceso del PSOE en 2014—, es legítimo preguntarse si esa misma lógica no podría extenderse a unas elecciones generales. Su frase exacta fue:
“Cuando uno es capaz de falsificar unas internas, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”
La acusación, aunque indirecta, apunta al PSOE y al actual presidente Pedro Sánchez, bajo la sombra de las irregularidades que salpicaron a colaboradores suyos en procesos anteriores.
2. Una estrategia de crisis constitucional
El expresidente no solo lanzó la sospecha sobre el voto, sino que fue más allá: advirtió que algunos sectores del actual Gobierno estarían dispuestos a provocar una crisis constitucional para mantenerse en el poder. Según Aznar, esta estrategia incluiría prolongar la legislatura hasta 2027 o incluso convocar elecciones con carácter casi constituyente.
Además, alertó sobre las posibles exigencias futuras de los socios independentistas, como un concierto económico catalán o una consulta política que suponga una ruptura con el actual marco constitucional.
3. El apoyo de Feijóo y el debate sobre el voto por correo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se sumó al mensaje de Aznar. Afirmó que hay que reforzar la vigilancia del voto por correo, argumentando que “si alguien es capaz de robar una joyería, también puede robar un banco”, en alusión a posibles fraudes electorales.
Feijóo aseguró que las palabras de Aznar eran “un ejemplo bastante sensato” y pidió que la Junta Electoral Central analice si es necesario reformar el sistema para garantizar la custodia del voto en procesos futuros.
VÍDEO| Aznar manda estos mensajes directos a Pedro Sánchez
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Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.
Ajustes en Telefónica Global Solutions
La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.
Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.
Segunda ronda de negociaciones
La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.
En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.
Reacciones sindicales
Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.
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