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Balance del 9 d’Octubre: Un detenido, 148 identificados, desorden público y delitos de odio en las redes

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VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado este miércoles que hay «diligencias abiertas» por delitos de lesiones, desórdenes públicos y al menos un delito de odio en las redes sociales por el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La jornada se saldó este martes con 148 identificaciones y un detenido que estaba en busca y captura por hechos previos. No obstante son «cifras abiertas», ya que «los servicios de policía judicial y de información van a seguir trabajando con las identificaciones de ayer y con las grabaciones que se efectuaron por orden de este delegado para detectar aquellas actitudes que fueran contrarias a derecho. Esto dará lugar, junto con otras diligencias que ya están abiertas, a una investigación policial que, en su caso, se trasladará a la autoridad judicial».

Así lo ha asegurado Fulgencio en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Según su balance del 9 d’Octubre: «Hicimos lo que había que hacer, y en eso vamos a estar, en garantizar los derechos de los ciudadanos y recuperar la fiesta para todos los valencianos», ha aseverado.

La mayoría de las identificaciones, ha precisado, se llevaron a cabo en los medios de transporte, en los sistemas de llegada, aunque también hubo algunas durante el desarrollo de los distintos actos festivos.

«Dispusimos todo un servicio de interceptación e identificación de las distintas personas que venían a manifestarse tratando de identificar aquellos que a priori podrían tener una actitud no recomendable para el uso de la vía pública», ha subrayado.

En cuanto a los momentos de tensión protagonizados por grupos de ultraderecha en los que presuntamente se lanzó una sustancia irritante, el delegado ha señalado que «en un principio» que aún está «por determinar» es que «fue el lanzamiento de una bengala que produjo daños irritantes en los ojos». «Si finalmente se demostrara que esto fue acompañado de la utilización de un gas, el reproche jurídico sería mayor», ha avisado.

En todo caso, el lanzamiento de esa bengala ya es una «infracción administrativa grave» y «en función de las consecuencias que haya tenido para las personas puede ser delito». Se está investigando y «la persona que lanzó la bengala está perfectamente identificada», ha aseverado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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