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Balance del 9 d’Octubre: Un detenido, 148 identificados, desorden público y delitos de odio en las redes

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VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) – El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha confirmado este miércoles que hay «diligencias abiertas» por delitos de lesiones, desórdenes públicos y al menos un delito de odio en las redes sociales por el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

La jornada se saldó este martes con 148 identificaciones y un detenido que estaba en busca y captura por hechos previos. No obstante son «cifras abiertas», ya que «los servicios de policía judicial y de información van a seguir trabajando con las identificaciones de ayer y con las grabaciones que se efectuaron por orden de este delegado para detectar aquellas actitudes que fueran contrarias a derecho. Esto dará lugar, junto con otras diligencias que ya están abiertas, a una investigación policial que, en su caso, se trasladará a la autoridad judicial».

Así lo ha asegurado Fulgencio en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Según su balance del 9 d’Octubre: «Hicimos lo que había que hacer, y en eso vamos a estar, en garantizar los derechos de los ciudadanos y recuperar la fiesta para todos los valencianos», ha aseverado.

La mayoría de las identificaciones, ha precisado, se llevaron a cabo en los medios de transporte, en los sistemas de llegada, aunque también hubo algunas durante el desarrollo de los distintos actos festivos.

«Dispusimos todo un servicio de interceptación e identificación de las distintas personas que venían a manifestarse tratando de identificar aquellos que a priori podrían tener una actitud no recomendable para el uso de la vía pública», ha subrayado.

En cuanto a los momentos de tensión protagonizados por grupos de ultraderecha en los que presuntamente se lanzó una sustancia irritante, el delegado ha señalado que «en un principio» que aún está «por determinar» es que «fue el lanzamiento de una bengala que produjo daños irritantes en los ojos». «Si finalmente se demostrara que esto fue acompañado de la utilización de un gas, el reproche jurídico sería mayor», ha avisado.

En todo caso, el lanzamiento de esa bengala ya es una «infracción administrativa grave» y «en función de las consecuencias que haya tenido para las personas puede ser delito». Se está investigando y «la persona que lanzó la bengala está perfectamente identificada», ha aseverado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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