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Barceló promete su cargo como consellera de Sanidad y asegura que se va a «dejar la piel» por la «salud pública universal»

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VALÈNCIA, Jun. (EUROPA PRESS) – La socialista Ana Barceló ha prometido a primera hora de este viernes el cargo de consellera de Sanidad Universal y Salud Pública en el Palau de la Generalitat, tras el nombramiento de Carmen Montón como ministra de este ramo, y ha mostrado su alegría e ilusión ante este nuevo reto: «No puedo más que decir que me voy a dejar la piel, que estoy ilusionada, que me apasiona este reto tan importante como es ocuparse de la salud pública universal».

El acto ha comenzado a las 8.40 y han estado presentes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y todos los consellers –menos María José Salvador, que continúa de baja por maternidad–. Oltra ha sido la encargada de leer el decreto de nombramiento de Barceló, que se publicó en una edición extraordinaria del DOGV en la tarde del jueves.

Tras ello, Barceló ha prometido cumplir con las obligaciones del cargo y ha recibido las felicitaciones de todos los miembros del Consell, que se reunía después de este acto.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que está «orgullosa y contentísima de formar parte de este Consell porque es el proyecto que tiene la Comunitat Valenciana, el proyecto del Botànic».

«Los que me conocen saben que soy muy pragmática, lo que haremos es colocar, como hasta ahora, a las personas en el centro de la política, sobre todo de la política sanitaria, para mejorar la vida de los ciudadanos», ha dicho.

Preguntada sobre si espera la colaboración de la nueva ministra, su predecesora en el cargo, ha respondido: «Por supuesto que sí, no me cabe la menor duda porque la ministra conoce perfectamente la situación de la sanidad en la Comunitat Valenciana y, por tanto, la colaboración seguramente sea extraordinaria y eso ya es importante para nosotros».

Asimismo, ha señalado que «por supuesto» mantendrá las reivindicaciones y ha agregado en este sentido: «Lo primero que le voy a trasladar a la ministra es que se acuerde perfectamente, porque esas reivindicaciones eran justas y las necesitamos».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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