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Begoña Gómez se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

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Begoña Gómez
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

La defensa de Begoña Gómez entrega correos que implican a Cristina Álvarez como su asistente personal

Los correos de Cristina Álvarez destapan su rol en gestiones privadas

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, actuaba como asistente personal de Gómez en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este hecho refuerza las acusaciones de uso indebido de un cargo público para actividades privadas.

Delitos imputados a Begoña Gómez

Begoña Gómez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma idéntica a una desarrollada para la Complutense. La plataforma de la UCM fue financiada con recursos públicos y empresas privadas, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades.


Cristina Álvarez como pieza clave en las gestiones de Begoña Gómez

Las tareas asignadas a Cristina Álvarez

Entre los correos presentados como prueba, se incluye uno enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM en mayo de 2023 a Gómez y Álvarez, adjuntando los pliegos técnicos para la contratación de un servicio vinculado a la plataforma.

Los documentos confirman que Álvarez gestionaba aspectos operativos relacionados con la cátedra de Gómez, como la incorporación de empresas al convenio y la organización de eventos. Incluso, utilizaba su correo privado para comunicarse con empresas como Reale Seguros, pidiéndoles continuar como patrocinadores de la cátedra.


Relación entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez

Vínculo profesional desde los años 90

Gómez y Álvarez mantienen una relación profesional que se remonta a los años 90, cuando ambas trabajaron en la consultora de marketing Inmark. Gómez ocupaba un cargo estratégico en España y Portugal, mientras que Álvarez era gerente. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, Álvarez fue incorporada a Moncloa. En los correos, Gómez se refiere a ella como “mi compañera”.


Estrategia de la defensa: Testigos clave para el caso

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez la declaración de cuatro altos cargos de la Complutense para reforzar su versión, incluyendo a:

  • María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM).
  • María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad).
  • Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG).

Además, pide que se cite a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).


¿Qué implicaciones tiene este caso?

El caso plantea preguntas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la ética en la gestión gubernamental. Las pruebas presentadas no solo complican la defensa de Gómez, sino que también ponen el foco en el rol de altos funcionarios de Moncloa en actividades privadas.

Se espera que el juez Peinado tome decisiones clave en las próximas semanas, mientras la controversia política y mediática sigue creciendo.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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