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Begoña Gómez se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

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Begoña Gómez
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

La defensa de Begoña Gómez entrega correos que implican a Cristina Álvarez como su asistente personal

Los correos de Cristina Álvarez destapan su rol en gestiones privadas

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, actuaba como asistente personal de Gómez en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este hecho refuerza las acusaciones de uso indebido de un cargo público para actividades privadas.

Delitos imputados a Begoña Gómez

Begoña Gómez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma idéntica a una desarrollada para la Complutense. La plataforma de la UCM fue financiada con recursos públicos y empresas privadas, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades.


Cristina Álvarez como pieza clave en las gestiones de Begoña Gómez

Las tareas asignadas a Cristina Álvarez

Entre los correos presentados como prueba, se incluye uno enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM en mayo de 2023 a Gómez y Álvarez, adjuntando los pliegos técnicos para la contratación de un servicio vinculado a la plataforma.

Los documentos confirman que Álvarez gestionaba aspectos operativos relacionados con la cátedra de Gómez, como la incorporación de empresas al convenio y la organización de eventos. Incluso, utilizaba su correo privado para comunicarse con empresas como Reale Seguros, pidiéndoles continuar como patrocinadores de la cátedra.


Relación entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez

Vínculo profesional desde los años 90

Gómez y Álvarez mantienen una relación profesional que se remonta a los años 90, cuando ambas trabajaron en la consultora de marketing Inmark. Gómez ocupaba un cargo estratégico en España y Portugal, mientras que Álvarez era gerente. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, Álvarez fue incorporada a Moncloa. En los correos, Gómez se refiere a ella como “mi compañera”.


Estrategia de la defensa: Testigos clave para el caso

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez la declaración de cuatro altos cargos de la Complutense para reforzar su versión, incluyendo a:

  • María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM).
  • María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad).
  • Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG).

Además, pide que se cite a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).


¿Qué implicaciones tiene este caso?

El caso plantea preguntas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la ética en la gestión gubernamental. Las pruebas presentadas no solo complican la defensa de Gómez, sino que también ponen el foco en el rol de altos funcionarios de Moncloa en actividades privadas.

Se espera que el juez Peinado tome decisiones clave en las próximas semanas, mientras la controversia política y mediática sigue creciendo.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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indemnización familiares fallecidos trenes

Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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