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Begoña Gómez se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

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Begoña Gómez
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

La defensa de Begoña Gómez entrega correos que implican a Cristina Álvarez como su asistente personal

Los correos de Cristina Álvarez destapan su rol en gestiones privadas

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, actuaba como asistente personal de Gómez en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este hecho refuerza las acusaciones de uso indebido de un cargo público para actividades privadas.

Delitos imputados a Begoña Gómez

Begoña Gómez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma idéntica a una desarrollada para la Complutense. La plataforma de la UCM fue financiada con recursos públicos y empresas privadas, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades.


Cristina Álvarez como pieza clave en las gestiones de Begoña Gómez

Las tareas asignadas a Cristina Álvarez

Entre los correos presentados como prueba, se incluye uno enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM en mayo de 2023 a Gómez y Álvarez, adjuntando los pliegos técnicos para la contratación de un servicio vinculado a la plataforma.

Los documentos confirman que Álvarez gestionaba aspectos operativos relacionados con la cátedra de Gómez, como la incorporación de empresas al convenio y la organización de eventos. Incluso, utilizaba su correo privado para comunicarse con empresas como Reale Seguros, pidiéndoles continuar como patrocinadores de la cátedra.


Relación entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez

Vínculo profesional desde los años 90

Gómez y Álvarez mantienen una relación profesional que se remonta a los años 90, cuando ambas trabajaron en la consultora de marketing Inmark. Gómez ocupaba un cargo estratégico en España y Portugal, mientras que Álvarez era gerente. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, Álvarez fue incorporada a Moncloa. En los correos, Gómez se refiere a ella como “mi compañera”.


Estrategia de la defensa: Testigos clave para el caso

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez la declaración de cuatro altos cargos de la Complutense para reforzar su versión, incluyendo a:

  • María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM).
  • María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad).
  • Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG).

Además, pide que se cite a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).


¿Qué implicaciones tiene este caso?

El caso plantea preguntas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la ética en la gestión gubernamental. Las pruebas presentadas no solo complican la defensa de Gómez, sino que también ponen el foco en el rol de altos funcionarios de Moncloa en actividades privadas.

Se espera que el juez Peinado tome decisiones clave en las próximas semanas, mientras la controversia política y mediática sigue creciendo.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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¿Qué red social es más nociva para la salud mental?

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo contra el uso digital infantil

Australia ha dado un paso decisivo en la regulación del entorno digital: el Gobierno federal ha anunciado una prohibición de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con la normativa más estricta en protección digital infantil. La medida, que busca frenar los efectos nocivos del uso intensivo de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, ha abierto un intenso debate internacional sobre privacidad, salud mental y derechos digitales.

Una decisión impulsada por la salud mental juvenil

El primer ministro australiano justificó la medida asegurando que “la evidencia es abrumadora: las redes sociales están dañando la salud mental de nuestros jóvenes”. Estudios del Ministerio de Sanidad del país alertaron de un aumento significativo en:

  • Trastornos de ansiedad y depresión en menores

  • Casos de ciberacoso

  • Adicción digital

  • Exposición a contenidos violentos o inapropiados

  • Problemas de autoestima derivados de la comparación constante

Para el Ejecutivo australiano, el acceso temprano a redes sociales constituye un riesgo que supera los beneficios.

**¿Cómo se implementará la prohibición?

Tecnología de verificación obligatoria**

A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las plataformas de redes sociales deberán utilizar sistemas de verificación de edad mediante tecnologías autorizadas por el Gobierno. Estas herramientas podrían incluir:

  • Comprobación de documentos oficiales

  • Sistemas biométricos anonimizados

  • Verificación mediante intermediarios certificados

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas se enfrentarán a multas millonarias y posibles restricciones operativas dentro del país.

Excepciones y responsabilidades parentales

La medida prohíbe la creación de cuentas y el acceso habitual a menores de 16 años, pero el Gobierno está estudiando mecanismos para permitir:

  • Supervisión parental estricta

  • Contenidos educativos y de comunicación escolar

  • Canales técnicos especialmente diseñados para menores

Aun así, la regla general es clara: ningún menor de 16 años podrá tener presencia activa en redes sociales tradicionales.

Australia se coloca a la vanguardia de la regulación digital

La iniciativa supone un salto cualitativo respecto a normativas vigentes en otros países:

  • En EE.UU. algunos estados han limitado el uso nocturno o exigen permiso parental.

  • En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a extremar la protección de los menores, pero no prohíbe su acceso.

  • Francia ha planteado la verificación obligatoria, pero sin prohibición total.

Australia, en cambio, adopta un modelo restrictivo, argumentando que la exposición a entornos digitales altamente adictivos no es compatible con el bienestar infantil.

Apoyo entre padres y especialistas, pero críticas por privacidad

Las asociaciones de padres y docentes han celebrado la medida como un “cambio necesario” ante la dificultad creciente de controlar el uso de dispositivos. También psicólogos y expertos en infancia respaldan la iniciativa como un freno a los riesgos psicológicos.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre:

  • El riesgo de vigilancia excesiva

  • El impacto en la privacidad de menores

  • La posibilidad de exclusión tecnológica

  • La eficiencia real de las verificaciones de edad

Para estos grupos, la clave debería ser la educación digital, no la prohibición.

Un experimento global que marcará tendencia

Australia se convierte así en un laboratorio internacional de políticas digitales. Si la medida demuestra reducir problemas de salud mental y ciberacoso, otros países podrían adoptarla en los próximos años.

Entre tanto, el debate sigue abierto:
¿proteger a los menores o limitar su libertad digital?
El tiempo dirá si la prohibición es el comienzo de una nueva era de regulación global o una medida transitoria en busca de un equilibrio más adecuado.

 

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