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Begoña Gómez se autoincrimina por error: admite ante el juez que la directora de Moncloa trabajaba para ella

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Begoña Gómez
Sánchez ocultó que Begoña Gómez estaba imputada-CAPTURA DE PANTALLA

La defensa de Begoña Gómez entrega correos que implican a Cristina Álvarez como su asistente personal

Los correos de Cristina Álvarez destapan su rol en gestiones privadas

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado al juez Juan Carlos Peinado correos electrónicos que evidencian que Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, actuaba como asistente personal de Gómez en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este hecho refuerza las acusaciones de uso indebido de un cargo público para actividades privadas.

Delitos imputados a Begoña Gómez

Begoña Gómez enfrenta acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos últimos delitos están relacionados con el registro a su nombre de la marca TSC Transformación Social Competitiva, que ofrecía una plataforma idéntica a una desarrollada para la Complutense. La plataforma de la UCM fue financiada con recursos públicos y empresas privadas, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades.


Cristina Álvarez como pieza clave en las gestiones de Begoña Gómez

Las tareas asignadas a Cristina Álvarez

Entre los correos presentados como prueba, se incluye uno enviado por la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM en mayo de 2023 a Gómez y Álvarez, adjuntando los pliegos técnicos para la contratación de un servicio vinculado a la plataforma.

Los documentos confirman que Álvarez gestionaba aspectos operativos relacionados con la cátedra de Gómez, como la incorporación de empresas al convenio y la organización de eventos. Incluso, utilizaba su correo privado para comunicarse con empresas como Reale Seguros, pidiéndoles continuar como patrocinadores de la cátedra.


Relación entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez

Vínculo profesional desde los años 90

Gómez y Álvarez mantienen una relación profesional que se remonta a los años 90, cuando ambas trabajaron en la consultora de marketing Inmark. Gómez ocupaba un cargo estratégico en España y Portugal, mientras que Álvarez era gerente. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia, Álvarez fue incorporada a Moncloa. En los correos, Gómez se refiere a ella como “mi compañera”.


Estrategia de la defensa: Testigos clave para el caso

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez la declaración de cuatro altos cargos de la Complutense para reforzar su versión, incluyendo a:

  • María José Sánchez Rosales y Carmen Mitxelena Camiruaga (Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM).
  • María Elvira Gutiérrez-Vierna (interventora de la universidad).
  • Zulma Escalante (codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG).

Además, pide que se cite a María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI).


¿Qué implicaciones tiene este caso?

El caso plantea preguntas sobre el posible uso indebido de recursos públicos y la ética en la gestión gubernamental. Las pruebas presentadas no solo complican la defensa de Gómez, sino que también ponen el foco en el rol de altos funcionarios de Moncloa en actividades privadas.

Se espera que el juez Peinado tome decisiones clave en las próximas semanas, mientras la controversia política y mediática sigue creciendo.

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Juicio al ‘clan Pujol’: la Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita en la Audiencia Nacional

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La Audiencia Nacional inicia este lunes un juicio considerado histórico en España: el proceso penal contra el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos. La Fiscalía sostiene que la familia habría formado, durante décadas, una organización ilícita dedicada a obtener comisiones irregulares a cambio de adjudicaciones públicas y a ocultar posteriormente ese patrimonio en Andorra.

Antes de que comience la vista, el tribunal evaluará el estado de salud de Jordi Pujol, que recibió el alta hospitalaria el pasado viernes. Está previsto que el exmandatario declare por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona, mientras su defensa pide el archivo de la causa alegando que no se encuentra en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio.

El ‘Pujolismo’, ante los tribunales

Para muchos, el caso simboliza el fin de una etapa política conocida como el ‘Pujolismo’, marcada por más de dos décadas de liderazgo en Cataluña. Según la acusación pública, la familia Pujol Ferrusola habría amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares y al posterior blanqueo de capitales en entidades bancarias de Andorra.

La Fiscalía imputa al clan diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental, delitos fiscales y frustración en la ejecución. Las penas solicitadas superan los 100 años de cárcel. Para Jordi Pujol se piden 9 años de prisión, mientras que para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, su esposa Mercedes Gironés y su hermano Josep, las penas solicitadas alcanzan hasta 29 años.

El resto de hijos —Oleguer, Mireia, Oriol, Pere y Marta— se enfrentan a peticiones de hasta 8 años de cárcel.

Evaluación médica de Jordi Pujol

El tribunal ha convocado al expresident para una exploración médica por videoconferencia con el objetivo de determinar si procede el archivo de su causa por demencia sobrevenida, tal como solicita su defensa basándose en informes forenses emitidos por la Audiencia Nacional.

Tras esta evaluación, el juicio continuará con dos jornadas dedicadas a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán invalidar la causa alegando prescripción y supuestas irregularidades derivadas de la llamada Operación Cataluña.

Un macrojuicio con más de 250 testigos

El juicio se prolongará hasta mayo, con un total de 41 sesiones y la declaración de 254 testigos. Entre martes y jueves está previsto que declaren 11 personas, incluyendo una hija de Jordi Pujol Ferrusola y el asesor fiscal de la familia, Joan Anton Sánchez Carreté.

Además del clan Pujol, se sentarán en el banquillo otros 11 empresarios acusados de pagar comisiones o colaborar en operaciones de blanqueo para ocultar fondos en el extranjero.

La amnistía fiscal y los fondos en Andorra

Buena parte de los hermanos Pujol Ferrusola regularizaron su patrimonio gracias a la amnistía fiscal de 2012, lo que impidió que se les acusara por fraude fiscal debido a la prescripción. No ocurre lo mismo con Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a quienes se atribuyen defraudaciones que superarían los 7,7 millones de euros.

La investigación también reveló una cuenta en Andbank acompañada de un documento en el que Jordi Pujol habría reconocido la titularidad de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros) ingresados en el año 2000, una cantidad cuyo fraude presuntamente asociado fue cifrado en 885.651 euros, aunque prescrito.

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