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Gemma Camacho Santos CerdanJuanfran Pérez Llorca

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Benavent asegura ser «conocedor» de las prácticas admitidas por Costa sobre la presunta financiación irregular del PP

Publicado

hace 8 años

en

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) – El exgerente de la empresa Imelsa Marcos Benavent, autodenominado como el ‘yonki del dinero’, ha admitido este lunes que era «conocedor» de las prácticas que en sede judicial reconoció el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa sobre la presunta financiación irregular del partido. «Éramos conocedores muchos», ha señalado.

Benavent se ha pronunciado en estos términos en los pasillo de Les Corts, antes de comparecer en la comisión que investiga los sobrescostes de más de 1.000 millones en la empresa de construcción de colegios Ciegsa, al ser preguntado por si conocía las prácticas que Costa admitió en el juicio por la presunta la caja ‘b’ del PP valenciano.

En su declaración, Costa señaló que su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps fue quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con «dinero negro».

Al respecto, Benavent ha indicado que «muchos» eran «conocedores» de esas «situaciones», pero ha negado haberse reunido con Costa, aunque sí ha admitido que lo conocía y también a uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez.

No obstante, ha remarcado que desde la Diputación de Valencia no trabajaron con Orange Market. «No sé si en el provincial se hizo alguna cosita, pero en la Diputación que yo sepa no. Estaba más el partido regional con ellos que con el provincial», ha puntualizado.

Insistido por la declaración de Costa y de Álvaro Pérez en las que reconocen las prácticas que él mismo ya admitió, el exgerente de Imelsa ha indicado: «Ellos han tardado un poco más. Si han reconocido eso, ello sabrán porque lo han reconocido. Es lo que hay».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

Publicado

hace 4 horas

en

19 noviembre, 2025

De

Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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