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Bernardo Montoya confiesa que mató a Laura Luelmo

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El vecino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ha confesado que mató a la joven de 26 años. Fuentes de la investigación han confirmado que Montoya ha confesado el crimen a primera hora de este miércoles.

Varios medios publican que en su confesión también reconoce que intentó violarla.

EL martes, a autopsia desvelaba que Laura Luelmo falleció tras un golpe en la cabeza. Según fuentes policiales y de la investigación aseguran que la autopsia ha determinado que su muerte fue tras una contusión en la cabeza.

Uno de los sospechosos, Bernardo Montoya, ha sido detenido por la muerte de Laura Luelmo. El hombre era vecino de la víctima y ella ya había expresado su temor en varias ocasiones sobre este hombre.

Bernardo Montoya llevaba dos meses en libertad tras haber estado 17 años en la cárcel por asesinato.

El primer reconocimiento ha dejdo evidencias de violencia y la apariencia con la que se ha encontrado a Laura Luelmo, semidesnuda, coloca en primer lugar a que ha sido víctima de un trágico suceso. Habrá que esperar a la autopsia para determinar con exactitud las causas de su muerte.

Tras cinco días de intensa búsqueda, este lunes, un paseante halló el cuerpo sin vida de una mujer en un paraje en la zona donde se perdió el rastro de la profesora de El Campillo en Huelva, Laura Luelmo. Así lo ha confirmado el Delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez Celis. La Guardia Civil acaba de confirmar que se trata del cadáver de la joven profesora, a falta de que la autopsia determine si la muerte ha sido accidental o bien provocada.

A las labores de búsqueda se había unido el equipo que se encargó de la búsqueda de Diana Quer, según ha confirmado el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

La joven Laura Luelmo, natural de Zamora, se había trasladado a vivir El Campillo desde hacía poco más de una semana tras incorporarse como profesora de plástica al IES Vázquez Díaz de Nerva.

El pasado miércoles por la tarde Laura salía de su casa vistiendo ropa deportiva. Desde ese momento se perdía la pista de la joven, cuyo móvil se sitúa por última vez a las 20:00 horas de ese mismo día a unos nueve kilómetros del El Campillo.

La familia de la profesora interpuso la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Zamora el pasado jueves, momento en el que la Guardia Civil iniciaba el dispositivo de búsqueda. El titular de Interior, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha explicado que en las labores de búsqueda participan efectivos del puesto de la Guardia Civil de la Comandancia de Huelva a los que se ha unido «el mismo equipo que buscó a Diana Quer» de la Unidad Central Operativa (UCO). «Todos los equipos necesarios y precisos para tratar de localizar a la desaparecida están disponibles», ha explicado Marlaska.

Desde el jueves, efectivos policiales, familiares, amigos y vecinos han rastreado los alrededores, cuevas, pozos y grutas de la localidad para hallar a la joven de 26 años.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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